Amanda Santizo, la abogada que interpuso una denuncia por la vía diplomática contra los embajadores del G13, explica que entre injerencia y cooperación existe una línea muy difusa y peligrosa. Esto, luego de que una declaración del Canciller Pedro Brolo motivara reacciones encontradas por expresiones de preocupación y “recomendaciones” de los países donantes sobre la elección de magistrados en la Corte de Constitucionalidad (CC), percibida por algunos como legítima preocupación de “países amigos” y por otros, una injerencia que viola abiertamente el artículo 41 de la Convención de Viena para Asuntos Diplomáticos.
Roxana Orantes Córdova
La elección de magistrados a la Corte de Constitucionalidad (CC), sigue desatando pasiones. Esta semana, las opiniones se dividieron entre quienes demandan respeto a la soberanía nacional por parte de los “países donantes” y los que son obsecuentes aliados de este grupo, en nombre de la lucha contra la corrupción.
Para mencionar este debate es obligatorio citar la Convención de Viena para Asuntos Diplomáticos, en su Artículo 41:
“1. Sin perjuicio de sus privilegios e inmunidades, todas las personas que gocen de esos privilegios e inmunidades deberán respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor. También están obligados a no inmiscuirse en los asuntos internos de ese Estado.
2. Todos los asuntos oficiales de que la misión esté encargada por el Estado acreditante han de ser tratados con el Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado receptor por conducto de él, o con el Ministerio que se haya convenido.
3. Los locales de la misión no deben ser utilizados de manera incompatible con las funciones de la misión tal como están enunciadas en la presente Convención, en otras normas del derecho internacional general o en los acuerdos particulares que estén en vigor entre el Estado acreditante y el Estado receptor”.
El documento de dicha convención puede ser consultado en el siguiente enlace: https://bit.ly/2OWdi3R.
En cuanto a los actores, cabe mencionar al G13, cuya página oficial señala que: “El Grupo de Donantes G13 es una instancia de coordinación entre países, agencias bilaterales y multilaterales, conformada por los nueve países que destinan más recursos de cooperación a Guatemala: Canadá, Alemania, Italia, Japón, Países Bajos, Noruega, España, Suecia, Estados Unidos, y por los siguientes organismos multilaterales: Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial (BM), Fondo Monetario Internacional (FMI), Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Unión Europea (UE) y la Organización de Estados Americanos (OEA)”.
Creado a partir de seis países que decidieron apoyar luego del huracán Mitch, en estas dos décadas creció significativamente. Según la página citada
“La meta del G13, desde el inicio ha sido apoyar a Guatemala en su desarrollo por alcanzar una sociedad equitativa, un crecimiento económico sostenible y un Estado de Derecho”. Los sectores que aborda este grupo de instancias y países son: seguridad y justicia; salud, educación, ambiente y agua y seguridad alimentaria.
No es primera vez que el G13 ha sido señalado de transgredir los principios diplomáticos y atentar contra la soberanía de Guatemala. Sus aliados más notables en el país son varias ONG´s que siguen fielmente la agenda globalista y no ocultan su filiación de izquierda, en ocasiones históricas, como el caso de UNAMG, que surgió a partir de la URNG.
Además, un sector de la prensa corporativa tiene afinidad con este grupo, que destina varios millones de euros al año para las ONG´s que trabajan bajo la supervisión, estándares y guía de sus donantes, que fueron los principales socios financieros de la CICIG.
Recientemente se conoció que el Ministro de Relaciones Exteriores, Pedro Brolo, pidió a los embajadores del G13 que gestionaran las reuniones con funcionarios y diputados guatemaltecos a través de la Cancillería, lo que ha motivado reacciones airadas de los “amigos” de estos diplomáticos, pero según Santizo, responde a lo establecido en el país y evita malas interpretaciones. Especialmente, si se recuerda el papel de abierta injerencia mostrado por diplomáticos como los ex embajadores Todd Robinson y Anders Kompass.
“Cada quien decide lo que hace en su casa”
Según lo expresado por Santizo: “existen varios acuerdos en los que se basa el Minex, relativos a las delegaciones y agentes diplomáticos de países cooperantes en Guatemala. Según estas normativas, pueden tener contacto con funcionarios y otros ciudadanos. Sin embargo, la Constitución establece las funciones del Minex y supera jerárquicamente a cualquier acuerdo suscrito por el gobierno, y los diplomáticos deben regirse por la Convención de Viena”.
“No es aceptable que con el pretexto de contribuir con el desarrollo, se intente imponer la agenda globalista. La cooperación es aceptable, siempre y cuando sea respetuosa del orden público y las creencias del país. Por ejemplo, el aborto es un tema que no se percibe igual en EE.UU. que en Guatemala”.
“Entonces, al intervenir en temas como este, o leyes como la del Organismo Judicial, se está alterando el orden público. Hace años se debió poner límites a este tipo de intervenciones. Algunos diplomáticos como el ex embajador estadounidense han llegado al extremo de amenazar a diputados con el retiro de visas, si no accedían a reformas a la Ley del Organismo Judicial que él y el G13 avalaban”.
“Aunque algunos abogados justifican esta intervención abierta en asuntos internos del país argumentando derechos humanos difusos, es necesario mencionar que esta es una forma antojadiza de encubrir que no se está hablando de derechos humanos. No existe ningún derecho que permita a un agente extranjero intervenir en temas internos de otra nación”.
“Dicho en forma simple: cada quien decide lo que se hace en su casa, y no es válido argumentar la intromisión con un criterio erróneo, sacado de la manga cuando no encuentran un asidero”.
Finalmente, la abogada expone:
“Me llamó la atención la columna de Jose Rubén Zamora, criticando al ministro de Relaciones Exteriores por hacer su trabajo y pedir a los embajadores que no se entromentan en asuntos internos o serán declarados non gratos. Y sobre su insistencia en recurrir al “pacto de corruptos”, es necesario mencionar que distorsionar la ley es una forma de corrupción”.
