María del Carmen Aceña es ingeniera en sistemas y coordinadora del área de seguridad del Centro de Investigaciones Económicas y Sociales (CIEN). En 2003 y 2018, presidió juntas electorales y desde esa experiencia, considera que para el Tribunal Supremo Electoral (TSE), es de vital importancia realizar la auditoría del software y ofrecer a los ciudadanos una segunda vuelta impecable, puesto que existe demasiado descontento y cualquier error en la elección puede tener consecuencias imprevisibles.
Roxana Orantes Córdova
¿Cuál es el origen de la confusión actual?
La Ley Electoral y de Partidos Políticos inicialmente era una ley muy bien hecha. De hecho, fue la primera ley después de que se aprobó la Constitución de la República. Sin embargo, ha sufrido grandes cambios. Tal vez el mayor fue en la época de la Democracia Cristiana.
En 2015, la Plaza pedía una reforma a la ley electoral, especialmente porque la gente quería nuevos políticos. Se hicieron varios procesos de discusión, pero a nuestro criterio terminó siendo una normativa que no satisface las demandas de los ciudadanos y al final no se hicieron los estudios, ni los escenarios, ni se fortalecieron las unidades nuevas dentro del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Adicionalmente, fue una elección complicada porque hay mucho crimen organizado, mucha cleptocracia. Era necesario un buen análisis de los candidatos.
La ley debió ser analizada de acuerdo con la Constitución Política de la República. Además, la redacción de esta ley es muy mala. A veces no es compatible con el reglamento. Esto incidió, por ejemplo, en el tema del voto nulo, que se interpretó de diferentes formas porque no hay claridad. Es muy importante que esto se analice muy bien en el futuro. Esa ley que se hizo hace más de 30 años era muy buena. No se prestaba a interpretaciones.
Como centro de investigación, hemos observado que muchas leyes se aprueban con base en emociones. No se hacen análisis, evaluaciones, escenarios.
¿Cómo caracteriza este proceso electoral?
Se judicializaron muchos procesos, pero también se politizaron muchos jueces. Al final, lo que tuvimos fue un gran enredo. Anteriormente, los tiempos electorales eran muy claros y era evidente la diferencia entre la etapa de propaganda y la etapa puramente electoral. Ahora no se respetaron esos períodos, vimos antejuicios con el proceso iniciado, no hubo claridad de quiénes eran los candidatos, había mucha incertidumbre.
Por ejemplo, tuvimos que repetir la papeleta del Parlamento Centroamericano, que nos costó más de un millón de quetzales.
Fue un proceso en el que no hubo campaña y no tuvimos nuevas expresiones políticas, como se pretendía con los cambios a la ley. Aunque los medios estuvieron abiertos y dieron suficientes espacios a los candidatos, los ciudadanos no estaban dispuestos a escuchar a 19 presidenciables o 26 candidatos a diputados. Era demasiado.
Ni siquiera se cumplió con lo que pretendían las reformas. La Plaza quería igualdad de oportunidades para las personas sin recursos, pero no puede privarse a la ciudadanía de tener partidos políticos de su preferencia.
La ley resultó tan mala que hasta intenta que los partidos no tengan ideología. Es un atentado contra la libertad de organización. Si todos los partidos van a ser homogéneos, no tenemos organizaciones políticas, sino maquinarias electorales
La normativa tuvo muchas variables: el voto nulo, que se le explicó a la ciudadanía un día antes de la elección, el voto en el extranjero, que fue un fracaso, centralizar la comunicación y finalmente, terminamos con la elección de una serie de candidatos electos que tienen dudosa reputación.
Ellos decidieron que la gente se inscribiera. Interpretar de esa manera la normativa y haber avalado una ley que a nuestro criterio tiene muchas inconstitucionalidades, motivó que terminaran ganando los que ya tenían mucho tiempo de participar en política. Obviamente, el símbolo pesa.
¿Qué comenta sobre el desempeño del tribunal?
Cuando empezamos a participar en la discusión de las reformas, advertimos que esto no sería exitoso porque no se tomaba en cuenta la parte organizativa del tribunal, al que se le dieron un montón de competencias pero no tiene cómo cumplirlas.
Otro tema fue la asignación de publicidad. Ellos dijeron: que se acrediten los medios. Con el agravio de reducir drásticamente el precio de las pautas, lo cual a mi criterio fue inconstitucional.
Se dio mucha importancia a las nuevas unidades: fiscalización, distribución de pauta y otras. Pero no tuvieron la capacidad de realizar todos esos cambios. Están muy bien pagados, es una institución que tuvo mucho prestigio.
Lamentablemente tienen un sindicato muy fuerte, un horario de siete de la mañana a dos de la tarde. Hay gente maravillosa que trabaja ahí, pero la propia dinámica no les permitió adaptar su organización a la nueva ley. Fue lamentable que el broche de oro fuera ese fallido conteo de votos. El programa no fue suficientemente probado, el mayor fallo fue el conteo.
Pero si vemos atrás, antes del conteo, también hubo decisiones fatales. La primera fue el reglamento que sacaron para hacer los foros públicos, adicionalmente a toda la incertidumbre que ya había. Y seguidamente, anunciaron que no se podrían usar celulares. En ambos casos debieron reconsiderar.
Después de varios años de participar en las juntas, me he percatado de que el tribunal no ha evolucionado en su organización. No está adaptado al siglo XXI ni a la tecnología.
¿Cree que los desaciertos pudieron evitarse?
Un equipo de ciudadanos, compuesto por alrededor de siete organizaciones, entre estas el CIEN, hizo una propuesta al tribunal para modernizar la parte tecnológica, porque vimos que con tantos candidatos a evaluar, podía hacerse un sistema donde se combinaban bases de datos y fácilmente se podía encontrar si algún candidato tenía algún problema. En ese sistema se hubieran podido ingresar diferentes leyes y cruzar la información.
Aunque había Q42 millones para esto, el TSE no accedió a implementarlo.
Estar acordes con la tecnología pudo dar más rapidez para contar los datos. Ya en 2003, nos dimos cuenta de que había avanzado la tecnología y se nos ocurrió contratar a GBM para que hiciera el sistema.
Las dos juntas teníamos el sistema de GBM que me atrevo a decir era infalible, porque se diseñó bien, se probó muchas veces y obviamente estaba el prestigio de la empresa.
¿Cuándo cambió esto?
El año pasado, antes de la consulta popular, el tribunal nos dijo que tenían todo centralizado. No tuvimos acceso al programa ni a los detalles de su funcionamiento y nunca nos pasaron por escrito ninguna información sobre cómo iba a ser el protocolo de la transmisión de datos.
El día del evento, en varios centros de votación no había computadoras. Montamos un centro operativo, escaneamos las actas y tratamos de hacer una APP para que nos mandaran fotos de las actas vía telefónica. Era una consulta de sí o no, era fácil de hacer. Una sola papeleta. Y aun así, el desafío fue grande. Sentimos que Informática necesitaba fortalecimiento.
Después dela consulta hicimos un análisis y le comentamos a los magistrados la importancia de hacer cambios en la parte tecnológica, pero no accedieron.
¿Cómo califica las deficiencias en el conteo?
Lo que sucedió con el conteo de datos fue fatal por una razón. Ya teníamos un montón de problemas y eso no debió haber fallado. De hecho, los expertos coinciden en que ni un bachiller en computación hubiera cometido un error de ese nivel. Lo que nos preocupa es que no se han deducido responsabilidades. El tribunal sigue pensando a qué empresa van a contratar para que le hagan auditoría, y estamos prácticamente a un mes de la segunda vuelta.
Hubo un craso error, especialmente en las papeletas que tenían más de 21 casillas. Se encontró el patrón 21, un software vulnerable. El programa solo tenía 20 casillas y cuando pasaba de ahí les copiaba el valor.
En las corporaciones municipales y diputaciones que tenían más de 20 candidatos fue donde falló el conteo. Es decir, que en los binomios el resultado es bastante exacto. Pero esto pesó para generar una serie de malestares, la gente comenzó a decir que había fraude, a regresar todo lo que habíamos vivido. La gente está muy descontenta con el proceso. Es un desafío.
¿El TSE puede remediar los errores?
Hay varias acciones de cortísimo plazo que deben realizarse: garantizar que el software esté bien, que los miembros de las juntas conozcan el protocolo de la transmisión de datos y que haya certeza de que el programa esté perfecto. Aquí no hay ninguna excusa para que el programa no sea perfecto. Ninguna.
¿Qué es lo rescatable de todo esto?
Algo muy importante para las juntas electorales es la transmisión y el conteo de datos. Y es positivo que no se tocara el sistema de juntas. Podríamos decir que es un poco arcaico, pero está blindado. En el momento en que usted pone a los ciudadanos a ser autoridad de manera voluntaria, van a cuidar su voto. y al tener ahí a los fiscales presentes, hay garantía de que el conteo será real.
Es positivo que la ley permite integrar una comisión de revisión. Esperamos que se pueda hacer lo antes posible.
¿Cómo debe ser la segunda vuelta para recuperar la confianza ciudadana?
Con un sistema informático cabal, abierto, transparente, con pruebas de estrés en el Parque de la Industria, para verificar que no se caiga el sistema. De hecho desde el principio se cayó el sistema.
Ahora será una sola papeleta y una cantidad mucho menor. Sería el colmo que fallaran. Con el Sí y No era muy marcado, ahora no sabemos porque va a estar bien reñido
Hay que darle la última oportunidad al tribunal. Que la próxima semana hagan la auditoría, que hagan las pruebas. Hay muchos descontentos y nuevos errores podrían ser fatales para el país.
El tribunal es un árbitro y podemos percibir que no estaba en forma, no conocía las reglas y sus guardametas no estaban preparados. En un juego de futbol el árbitro se prepara, el guardametas se prepara. En este caso, el guardametas es el registrador, el jefe de cómputo. No los prepararon. Un árbitro agotado, cansado, que al final no dio la talla.
