El 13 de marzo se anunció el primer caso de coronavirus en Guatemala. Hoy, el ministro Hugo Monroy anunció que llegamos a los 3760 casos, de los cuales 3,425 son activos y 59 fallecidos. Entretanto, las medidas gubernamentales son igualmente aplaudidas y criticadas en redes sociales.
Roxana Orantes Córdova
Hoy se conoció que por lo menos tres médicos entre los que está el director del Hospital Temporal de Villa Nueva resultaron positivos. Se han realizado varias denuncias sobre los retrasos en los pagos a estos especialistas, que según una versión que circula en redes, son sueldos extremadamente bajos.
Especialmente, cuando se contrastan con los poco más de Q16 mil que devengan en promedio los miembros de un numeroso equipo de comunicación social, que según informaron los diarios, representa una erogación mensual de Q330 millones, con sueldos mensuales que van de Q30 mil el más alto, a Q8 mil los más bajos.
Según el diario Prensa Libre (21/04/2020), el costo del tratamiento para un paciente no grave es de unos Q2, 800, mientras un caso complicado que requiera de ventilación, puede ser superior a los Q50 mil.
Al mismo tiempo, se creó una comisión gubernamental para la atención de la emergencia que costará Q10 millones. Hoy, un comunicado firmado por “Salvemos Guate”, exhortaba al mandatario a utilizar esta suma en la atención primaria de la epidemia y no en la onerosa comisión.
Las carencias del MSPAS más que de fondos, parecen producto de prioridades o sencillamente de una engorrosa burocracia, tomando en cuenta que el Legislativo aprobó el decreto 12-2020, que amplía el presupuesto en más de Q700 millones para combatir la pandemia, aunque la diputada Evelyn Morataya declaró a los medios que están fiscalizando esos fondos, especialmente por la lenta ejecución del MSPAS.
Uno de los temas que más deterioran la imagen del MSPAS, pese a sus esfuerzos, es la burocracia que impide los pagos de salarios puntuales a los médicos. Hace dos días, 26 terapistas respiratorios renunciaron del Hospital Temporal Parque de la Industria y la escasez de camas, así como de insumos, ha sido ampliamente documentada por los medios de comunicación y redes sociales.
El gobierno intenta mantener “a raya” la expansión de la pandemia con algunas medidas restrictivas que amenazan la economía, y el debate por el tema ocupa la atención en las redes sociales, donde grupos ciudadanos comienzan a anunciar protestas contra la reclusión.
Entretanto, el Procurador de los Derechos Humanos (PDH), fue favorecido por la Corte de Constitucionalidad con un recurso de amparo para garantizar el acceso a medicamentos, insumos y sobre todo, pruebas, que no habían sido liberadas (una de las principales demandas de quienes se oponen a la reclusión)
Un largo proceso hacia la sanación
Se han divulgado por lo menos tres videos sobre las condiciones precarias de pacientes y salubristas en el Parque de la Industria. La PDH ha realizado varias visitas a este y otros centros de reclusión por COVID-19, verificando estas denuncias.
Uno de los cuestionamientos más graves señala la lentitud y poca comunicación con quienes han sido sometidos a las pruebas. Entre los videos citados, un deportado habla sobre su condición asintomática de hace varias semanas. Pese a esto, afirma, permanece recluido obligatoriamente mientras no sabe el resultado de las pruebas.
Otros internados en ese hospital también se quejaron de que se les han realizado varias pruebas y ellos no se sienten enfermos pero están obligados a permanecer en el sitio.
Ana Lucía Gudiel, vocera del MSPAS, explicó la situación a Perspectiva:
“Respecto al Parque de la Industria, los pacientes ingresados en este nosocomio deben estar confirmados como pacientes positivos, posterior al primer hisopado positivo si es paciente asintomático se realiza un control a los 14 días de ser este resultado negativo se realiza otro más a las 24 horas , si ambos resultados son negativos es posible su egreso.
Dado el comportamiento de la enfermedad se ha corroborado que muchos salen positivos aun después de 14 días y es necesario repetirlo con varios días de diferencia, hasta que los pacientes tengan 2 resultados negativos pueden egresar, la estancia hospitalaria se ha reportado entre 30 y 45 días, por seguridad de la población en general es necesario el egreso hasta tener 2 resultados negativos consecutivos, según protocolos nacionales”.
Sumándose a la incertidumbre de la tardanza impuesta por el protocolo, en el tratamiento a los enfermos o incluso a las personas que han estado en contacto con personas contagiadas se comienza a generalizar un lenguaje policíaco y estigmatizador.
Por ejemplo, quienes se niegan a la reclusión preventiva, son considerados “fugados” y se les captura cual criminales. Las palabras “sospechoso”, “fugado”, “huyó del hospital” y otras similares sumen a la sociedad en un clima propio de las novelas sobre diferentes distopías, donde los ciudadanos son totalmente privados de cualquier derecho.
Evidentemente, en el país falta educación y existe poca conciencia para respetar una cuarentena. Ciertamente, estamos en un Estado de Emergencia que limita los derechos civiles. Sin embargo, el abordaje policial de la pandemia se suma a las restricciones de movilidad y actividad económica, que comienzan a motivar un movimiento de oposición al gobierno, lo que podría sumar ingobernabilidad a la ya crítica situación.
Como contraparte, cada semana se publican videos sobre los recuperados en los hospitales, quienes salen entre los aplausos de médicos y personal de salud, llamados con justa razón, los héroes de esta pandemia.
Cuestionan abordaje gubernamental
Hace unos días se reportaron protestas de cacerolazos en diferentes puntos de la ciudad, especialmente la zona 14. Hoy, más de tres convocatorias invitan a los inconformes con la reclusión a protestar el jueves 28 a las 11:30.
La idea de esta protesta es partir en caravana de carros y motos hasta la Plaza de la Constitución, protestando con bocinas y pancartas por la paralización que está desmantelando la economía del país.
Las medidas no son la solución, señalan quienes sustentan esta postura. Un ejemplo es la extensa carta pública que el abogado Juan Carlos Castillo envió al mandatario, donde cuestiona la actitud autoritaria de Alejandro Giammattei, su falta de tacto con los periodistas y el uso de facultades que exceden las que la Constitución le otorga al mandatario, indica Castillo.
“Sus medidas, además de ilegales, son infundadas, contraproducentes, desproporcionadas y muestran una profunda confusión de roles y de prioridades. Son infundadas porque carecen de base científica, histórica o empírica. Contrario a lo que creen muchos, medidas como las que usted ha decretado ilegalmente no se habían probado antes, se trata de un costosísimo experimento social cuyos resultados positivos son más que dudosos, mientras que los daños ocasionados son evidentes”.
Castillo enfatiza en que el confinamiento ralentiza el contagio, pero no lo evita. En cuanto a las cifras, señala que otras enfermedades causan más de cien mil muertes al año y no motivan medidas drásticas de las autoridades.
Por ejemplo, señala, entre 2012 y 2019 murieron 1,743, 413 personas por rinofaringitis aguda (resfriado común), y 1, 018,413 de amigdalitis aguda. Es decir, durante cada uno de esos 7 años, murieron en promedio más de 394,000 personas por enfermedades muy similares al COVID-19, y a esas podríamos sumar muchas más relacionadas también con el tracto respiratorio.
“Le invito a consultar la información del Ministerio de Salud sobre las causas de muerte en Guatemala”, indica y agrega:
“El COVID-19 no es la única enfermedad que existe, ni la única causa de muerte en el mundo. De hecho, ni siquiera es una de las principales causas de muerte. Sin embargo, es la única por la cual nos han encerrado en nuestras casas, nos han prohibido trabajar, relacionarnos con el prójimo, o por la que nos han obligado a usar mascarillas, entre otras muchas cosas”.
