Por: Redacción
Hoy terminaron las entrevistas a los profesionales que aspiran a dirigir el Ministerio Público (MP). Para el jueves 12, la Asamblea Ciudadana contra la Corrupción y la Impunidad convocó a una concentración en la Plaza de la Constitución.
Esto, a fin de exigir que el mandatario designe a un fiscal que llene las expectativas de quienes integran la asamblea, entre estos el Comité de Unidad Campesina (CUC); la Batucada del Pueblo; Justicia Ya y algunos estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) y la Universidad Rafael Landívar (URL).
Aldana se despide con todo el respaldo de una sociedad civil que la fustigó cuando resultó electa, debido a que se le consideraba una operadora al servicio de Otto Pérez Molina y Roberto López Villatoro, el “rey del tenis”. Ambos resultaron presos durante la gestión de la fiscal, quien casi inmediatamente después de asumir el cargo, resultó la aliada más efectiva para la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Tanto, que quienes la detractaban cuando fue designada por Otto Pérez Molina, consideran que su sucesor debe ser electo de una terna cuyos integrantes sean de la misma línea que Aldana. Esta sería la única forma de garantizar que el presidente Jimmy Morales nombre a un fiscal idóneo, afirman.
MP: un balance positivo
Gustavo García, analista jurídico de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), que ha dado seguimiento a la gestión del MP, considera que uno de los principales avances de Aldana es la profesionalización de los investigadores, establecida en las reformas a la Ley Orgánica del MP.
“Evidentemente, esto incide en la investigación criminal”, señala el jurista, quien añade que hay un evidente desempeño positivo del MP en la investigación y persecución del delito.
Según comenta, se ha implementado una red de fiscalías liquidadoras en el país, a fin de reducir la mora fiscal, “para que los casos no se queden esperando”. Asimismo, se ha impulsado una política criminal que contrasta con etapas anteriores, cuando prácticamente no existía la investigación.
Carmen Aída Ibarra, del Movimiento pro Justicia, afirma: “Tenemos buena evidencia del trabajo de la Fiscal General. Claro que no todo es miel sobre hojuelas, pero es necesario reconocer los avances en la lucha contra la impunidad. Sin embargo, falta trabajar más los delitos de alto impacto social, el crimen que afecta día a día a los ciudadanos”, afirmó.
Asimismo, Ibarra enfatizó en que existen avances en temas como violencia contra las mujeres y la niñez. “Este relevo no puede llegar en momento más crucial en la lucha contra la impunidad. O se continúa o se emprende un camino de retroceso. La comisión postuladora debe elegir a los más calificados, para que el Presidente pueda elegir entre los mejores”, concluyó.
“No todo es miel sobre hojuelas”
Una de las voces más críticas contra la gestión de Aldana es la periodista y politóloga Roxana Ávila, quien en diferentes pronunciamientos publicados en las redes, evidencia los errores del MP.
Según afirma, este es “una entidad ineficiente para gestionar la investigación de miles de casos, porque el personal carece de criterios, infraestructura y capacitación”.
Ávila expresa que la burocracia y el mal desempeño son evidentes y que los fiscales no se dan abasto para atender los casos. Con Aldana, la mora judicial ha crecido, porque se da prioridad a delitos en detrimento de otros y muchas investigaciones tardan años. “El método para impartir justicia en Guatemala es obsoleto, lento y de ajuste, politizado”, afirma.
Esto contrasta con la aparente eficiencia de las investigaciones que son acompañadas por la CICIG, indica Ávila, quien asegura en su publicación que “se dan violaciones a la presunción de inocencia, capturas con dedicatoria y show mediáticos para amedrentar, coaccionar, e inducir las investigaciones para favorecer intereses particulares”.
Es imprescindible que el sustituto de Aldana sea “una persona que conozca la institución, respete las leyes y sea capaz de depurar un manejo de investigación y gestión de casos más eficiente”, afirma.
Atentados, señalamientos y un pasado incómodo
El estigma de su alianza con Otto Pérez Molina acompañó las primeras semanas de Aldana, quien pronto conquistó el favor de los medios y la sociedad civil. Una de las primeras publicaciones que la mencionaron, recuerda que cuando fue electa magistrada, el entonces comisionado de la CICIG, Carlos Castresana, “pidió al Congreso que diera marcha atrás en la elección de los magistrados y los diputados dejaron fuera a cuatro de los seis de López Villatoro”.
“De los seis candidatos de López Villatoro, solo se salvaron Thelma Aldana (la actual Fiscal General) y el magistrado Mynor Franco. Ambos, según fuentes judiciales, pasaron a orbitar tiempo después alrededor de Gustavo Herrera, el operador político del gobierno de Otto Pérez Molina, y abandonaron la esfera de López Villatoro”, señala la publicación mencionada.
Otro artículo de la época, titulado Thelma Esperanza Aldana Hernández, ¿Quién es la nueva Fiscal General?, dice textualmente: “Con redes de militares se le encuentra solamente la relación con el FRG durante la gestión de Portillo a través de Roberto López Villatoro, y las documentadas relaciones que ha tenido con el actual gobierno a través de Gustavo Herrera”.
El estigma de su pasado incómodo fue rápidamente borrado cuando Aldana comenzó a perseguir sin tregua a sus presuntos antiguos aliados. El primero en caer fue Pérez Molina (que la había nombrado). A Pérez siguieron Roxana Baldetti, Blanca Stalling y López Villatoro, de quien la fiscal dijo a los medios que fue el “operador de una estrategia para influir en la elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en 2014”.
Sin embargo, nadie había mencionado nexos de Aldana con Juan Carlos Monzón, ex Secretario Privado de Baldetti convertido en “colaborador eficaz”. Fue la ex vicemandataria la primera en declarar que ella habría ordenado a Monzón entrevistarse con Aldana, para protegerlo en un caso de corrupción relacionado con la “Bolsa Segura”.
Luego de las declaraciones de Baldetti, y las posteriores de Monzón, la fiscal denunció que un grupo vinculado al caso “La Línea” pretendía atentar en su contra y la atención mediática se enfocó en las amenazas de muerte a la funcionaria, quien dijo a los medios: “la corrupción me está pasando factura”.
En 2017, Aldana volvió a ser amenazada por “fuerzas oscuras” y si bien no se ha develado la trama de las estructuras criminales que han estado al acecho de la funcionaria, los dos casos tuvieron amplia divulgación.
Recientemente, Monzón volvió a señalar a la fiscal ante el tribunal. Al respecto, Gustavo García dice: “Claro que todo lo que exprese tiene que ser corroborado con otros medios de prueba. No es suficiente la declaración, no es verdad absoluta. Lo que Monzón dijo de la fiscal ya lo había expresado anteriormente, una cosa similar podría esperarse, ella debe demostrar que desconocía la situación de Monzón”.
Otra relación que puede resultar incómoda para la funcionaria que concluye su mandato, es Dionisio Gutiérrez, quien organizó un Encuentro Ciudadano contra la Corrupción, durante el que resultó evidente su química con la fiscal. Poco después, el empresario resultó señalado por Monzón, junto con su familiar Felipe Bosch, de financiamiento electoral ilícito al Partido Patriota (PP).
Las declaraciones del ex funcionario ponen “el dedo en la llaga” del sistema. Tal como dijo uno de sus defensores en 2016: “O Monzón miente, o Aldana cometió delito”.
En cualquiera de los dos casos, esto sería una mancha muy desagradable para la gestión de quien se constituyó en la líder de la lucha contra la corrupción. Ello, aunque los admiradores de la fiscal ya mencionan que existe una estrategia de la defensa de Monzón para desprestigiarla a ella y al comisionado Iván Velásquez.
