Entre las diversas reacciones ante las últimas disposiciones del presidente Jimmy Morales, están el uso de vocablos como desacato y golpe de Estado, que parecen rescatados de la Guerra Fría y que, según juristas consultados por Perspectiva, no corresponden a la situación actual. Entre tanto, los activistas pro derechos humanos utilizan ambas palabras para describir la carta de Jimmy Morales anunciando que no desea la prórroga de la CICIG y su disposición de no permitirle la entrada al país.
Roxana Orantes Córdova
Golpe de Estado y desacato son dos términos recurrentes en estos días. Inmediatamente después de que Iván Velásquez saliera del país, se conoció que el presidente Jimmy Morales había ordenado a la Dirección General de Migración no permitir el ingreso al país de Velásquez, quien salió inmediatamente después de saber que el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), termina en 2019.
Cuatro recursos de amparo fueron presentados ante la Corte de Constitucionalidad (CC): Acción Ciudadana (AC); el Procurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas; Alfonso Carrillo y Marco Vinicio Mejía. El 5 de septiembre, un grupo de ciudadanos, mayormente trabajadores o representantes de Organizaciones no Gubernamentales (ONG´s), se reunió frente a la CC para presionar a una rápida respuesta, como ha sido lo usual en casos similares.
Medios de comunicación informaron que las acciones recientes contra el mandatario no están incluidas en la agenda de hoy del pleno de la CC. Mejía Dávila afirma: “mi amparo tiene muchas probabilidades de ser resuelto favorablemente. La CC me dio 48 horas para responderme, esto será mañana”.
Según Mejía, la CC nombró “terceros interesados a la CICIG, el MP y la PDH”, lo que pareciera ser un indicio favorable a su causa. Según este abogado, el mandatario está acorralado ante las investigaciones en su contra, y la Comisión Pesquisidora del Congreso tiene hasta octubre para decidir si le retiran el antejuicio a Morales.
La base del recurso presentado por este jurista es el artículo 12 del acuerdo que dio vida a la CICIG, según el cual todos los diferendos o controversias deben resolverse entre Guatemala y la ONU a través de la negociación.
Al comentar este amparo, el doctor José Luis González Dubón, quien ha sido presidente de la Liga pro Patria, asegura que Mejía actúa por un desacuerdo personal con el mandatario. “Asesoró un tiempo a Morales y parece que no le pagaron. Por este motivo tiene una querella contra el Presidente”, afirma el constitucionalista.
El artículo 14 del citado convenio establece: “el presente acuerdo tendrá una vigencia de dos años y podrá prorrogarse por acuerdo escrito entre las partes”. Lo que hizo Morales fue notificar oficialmente a la ONU la no renovación del mandato y poco después, ordenó vedar la entrada al país a Velásquez, cuya visa de trabajo vencía justamente el 3 de septiembre, fecha en que salió de Guatemala.
Giovanni Fratti, abogado y miembro de Guatemala Inmortal, asegura que se trata de una decisión soberana de Guatemala. Con esta posición coincide González Dubón, quien considera que las acciones de Morales están apegadas a la Constitución Política de la República, cuyo artículo 183, literal O, lo faculta para denunciar tratados o convenciones internacionales.
En este caso, Morales se limitó a anunciar que no prorrogará el tratado que da vida a la CICIG, señala, y agrega: “En Guatemala no se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad de los Estados Unidos. Debe considerarse que una parte del Departamento de Estado sigue siendo afín a Barack Obama”.
Sobre las reacciones airadas de quienes protestan y pretenden la renuncia del mandatario, González Dubón señala: “es la izquierda que sigue la agenda de Soros, su financista. Sin la CICIG, este grupo perderá privilegios y se limitarán las acciones arbitrarias de magistrados como Gloria Porras, quien representa a esta tendencia”.
Un medio de comunicación escrito narra recientemente cómo la Open Society, una de tantas dependencias de Soros, solicitó a la ONU que haga todo lo posible para “proteger el mandato de la CICIG”.
Entretanto, el Secretario General de la ONU, Antonio Guterrez, expresó que Velásquez seguirá siendo comisionado de la CICIG mientras se dilucide su situación. Al respecto, González Dubón menciona que en el propio acuerdo de creación se establece que la CICIG no es parte de la ONU.
“Sin embargo, Guterrez, quien salió de presidir la Internacional Socialista a dirigir la ONU, decide que el colombiano dirija la CICIG a control remoto. Es absurdo”.
¿Desacato? ¿Golpe de Estado?
El 5 de septiembre, grupos civiles convocaron a una conferencia de prensa llamada: “Desacato de Jimmy Morales al no permitir el trabajo del comisionado Ivan Velásquez en Guatemala”. El título de la conferencia resultaba interesante, puesto que para empezar, el desacato es un delito inexistente, señala el abogado penalista Omar Barrios.
En torno a este delito inexistente, el columnista Mario Fuentes Destarac recordó hace algún tiempo en una de sus columnas, que el delito de desacato estaba contenido en los artículos 411, 412 y 413 del Código Penal. Tal delito consistía en injurias o calumnias contra los presidentes de los organismos estatales, funcionarios y autoridades públicas.
El delito mencionado se eliminó porque era contrario a la Constitución y la Ley de Emisión del Pensamiento.
La conferencia de prensa fue suspendida sorpresivamente y sin ninguna explicación a los medios que acudieron a la convocatoria. Los representantes de los colectivos que convocaron, entre estos “La Plaza” y “La Comuna”, se trasladaron a la CC para sumarse a la protesta de quienes exigían una pronta respuesta al amparo del PDH, quien pretende basarse en la resolución de 2017, cuando Morales declaró non grato a Velásquez.
En este tema los dos juristas consultados coinciden en que no es procedente que se le otorgue el amparo, puesto que el año pasado y este son dos situaciones muy diferentes. Morales, recientemente, se limitó a anunciar que no pedirá la renovación del mandato de la CICIG.
En cuanto a la figura de “golpe de Estado” , o lo que ya comienza a ser llamado “moralazo” (en alusión al “serranazo”), el consenso entre quienes condenan las extralimitaciones de la CICIG es que el Presidente no ha atentado contra ninguno de los tres poderes del Estado ni contra el orden constitucional.
En todo caso, se menciona en broma, quienes hablan del “moralazo” probablemente consideran que Velásquez es el presidente electo o que la CC es uno de los tres poderes del Estado. Una confusión lamentable, como sucedió con el abuso del término “desacato”.
Miguel Morth, un consultor que contribuye con el Bufete de Derechos Humanos, es uno de los que observaban la reunión de activistas frente a la CC. “Lo que se está dando es un golpe técnico”, señala. Y agrega que la CC debe decidir a favor de la continuidad de Velásquez. “Si no lo hace, se estará atentando contra el orden constitucional y las consecuencias pueden ser dramáticas”, concluye.
Con esta posición coinciden Daniel Pascual, dirigente del Comité de Unidad Campesina (CUC), otro de los presentes en la concentración, y otros de los activistas presentes, quienes agrupados en torno al PDH demandaron una resolución de la CC, que como ya se mencionó, no tenía el tema en su agenda de hoy.
