Señalado días antes de elija al nuevo jefe del Ministerio Público (MP), Jimmy Morales atraviesa una coyuntura complicada. Quienes lo apoyan aseguran que se trata de una jugada poco ortodoxa de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), en tanto los partidarios del binomio Velásquez-Aldana, aplauden la posibilidad de que Morales sea despojado del derecho al antejuicio.
Por: Roxana Orantes Córdova
Si en algo coinciden quienes reaccionaron ante los señalamientos de financiamiento electoral ilícito contra el mandatario, es que vivimos tiempos difíciles y estamos a las puertas de que la situación se torne más complicada.
El destape se produce luego de que ciertos diputados evidenciaran su prisa para modificar el artículo 407 literal M, que tipifica el delito, a fin de suavizar la sanción y tornarla más indulgente, menciona el analista del Instituto de Problemas Nacionales de la USAC (IPNUSAC), Christians Castillo.
El abogado Raúl Falla, directivo de la Fundación contra el Terrorismo, señala que la coyuntura previa a la designación del nuevo Fiscal General pone en evidencia que todo el caso es una presión o chantaje contra el mandatario. “Es parte del estilo de marero guatemalteco que adopta el non grato”, comenta.
Falla agrega: “Estos son tiempos dolorosos y una lección para la institucionalidad. Si el Presidente no designa al fiscal elegido por el MP-CICIG, y no hay duda que ese elegido es Miguel Ángel Gálvez, podrían pedir que se le retire el antejuicio. Exigimos que el mandatario pueda ejercer su derecho a escoger un fiscal según su propio criterio, de manera tranquila, sin presiones. El Presidente debe saber que sus votantes lo apoyamos”.
Un día después de que los empresarios aparecieran disculpándose por el financiamiento electoral ilícito, el Presidente pronunció un discurso que es percibido como de confrontación y reto.
La diputada Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala, comenta: “La reacción del Presidente a las declaraciones de los empresarios que fueron sus financistas es muy fuerte. Se esperan días aciagos y amargos para Guatemala. Esperamos que prive la institucionalidad”.
Para Montenegro, es positivo que los empresarios hayan sido quienes, voluntariamente, se presentaron a las autoridades para reconocer y presentar las pruebas de que dieron fondos de manera irregular a la campaña de Morales.
“La responsabilidad recae en el secretario general del FCN, aunque él esté lanzando el mensaje de que está recibiendo presiones para obligarlo a hacer cosas que no quiere”, señala la diputada.
Entre las posiciones expresadas, también hay optimismo. El presidente de la Fundación para el Desarrollo (Fundesa), Juan Carlos Paiz, comenta: “Veo el fortalecimiento del Estado de derecho y la aceptación de los actores privados en la democracia de Guatemala que todos queremos vivir. Me da mucha esperanza y esto fortalece las instituciones de justicia”.
Y el doctor Nicholas Virzi Arroyave, analista independiente, afirma: “Me parece correcto que se les dé a los empresarios la oportunidad de explicar y enmendar la situación. Desde que se modificó la ley electoral, relativamente recientemente, el financiamiento secreto es ilícito. Tampoco cometieron un pecado mortal”.
Una historia de opacidad y compadrazgos
Según Raúl Falla, “es un nuevo show que se monta para establecer que el presidente electo cometió un delito, a fin de defenestrarlo y romper el orden constitucional. Lo que intentan es un golpe técnico y esto resulta evidente cuando se recuerda que la propia CICIG señaló el vínculo entre el narcotraficante Chamalé y Gloria Torres, alta dirigente de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE)”.
Ciertamente, el FCN no reportó el financiamiento anónimo al Tribunal Supremo Electoral (TSE). “Pero no es posible señalar a Morales, quien en ese entonces era el candidato presidencial y difícilmente se hubiera ocupado de esos temas administrativos. Los partidos tienen un departamento contable, que es sobre el que pesa la responsabilidad de no haber reportado esas donaciones”, añade Falla.
El tema del financiamiento electoral es uno de los males endémicos en la política nacional y también es uno de los vicios de los que no se habla, aunque sea un secreto a voces que durante décadas, los financistas obtienen sitios de privilegio en los listados nacionales para lanzar candidaturas a diputaciones de sus familiares o allegados, así como obtener contratos muy rentables con el Estado.
El diputado Ovidio Monzón, de Todos, afirma: “Desde mi personal punto de vista no debería haber financiamiento privado. El Estado debe asumir ese compromiso y los afiliados y dirigentes asumir su responsabilidad de mantener a sus partidos. Es ridículo y es una muestra de que no hay trato igual, se sigue demostrando que hay guatemaltecos de primera y segunda categoría”.
Para Virzi, “financiar campañas políticas es perfectamente válido. Lo importante es que se actúe con transparencia de aquí a futuro. Es válido que se sepa quiénes están financiando campañas electorales. Para el buen funcionamiento de un sistema electoral, el financiamiento privado es fundamental. Si se vuelve público, se vuelve político. Y se incentiva el peor tipo de corrupción en el aparato estatal, de parte de quienes se quieren perpetuar en el poder”.
Y agrega: “Yo iría más lejos que solamente el financiamiento electoral. También es válido que se sepa quién está financiando las organizaciones sociales y las manifestaciones en el país, y la agenda detrás de eso. Y es válido conocer quiénes financian los medios y la relación de reporteros y comentaristas mediáticos con diferentes organizaciones políticamente activas y/o relevantes”.
Samuel Pérez, secretario general del movimiento Semilla, considera que el caso refleja el contexto político y la cultura democrática sustentada en la opacidad y la corrupción. “Es importante mencionar que, si bien es cierto, la ciudadanía elige a los gobernantes por medio del voto, son los financistas quienes eligen qué partidos llegan a la papeleta y, la norma en Guatemala, es que los financistas han sido ilícitos. Este contexto tiene que ser un llamado urgente a que los financistas transparentes asuman su rol y den un paso al frente para financiar proyectos políticos que busquen la renovación de la oferta política y el fortalecimiento de las instituciones públicas”.
El ex ministro de Gobernación durante el gobierno de Álvaro Colom, Carlos Menocal, dice: “Lo que está ocurriendo es resultado, en primera instancia, de la articulación del financiamiento electoral por estructuras económicas sólidas que han operado de esa forma durante décadas. Aunque todo el mundo se rasgue las vestiduras, no solo es el caso de Jimmy Morales. Durante el gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), realizamos críticas para que hubiera transparencia en ese tema, que es resultado de la estructuración del sistema político, del cual también es producto la Fiscal General Thelma Aldana, quien llegó al puesto apadrinada por Otto Pérez Molina y luego de vínculos poco transparentes con sectores que siempre incidieron en las comisiones de postulación”.
Telón de fondo: nombramiento del Fiscal General
Entre las consecuencias del escándalo reciente, está el desgaste institucional para el mandatario, quien es visto como poco transparente, pero también para la CICIG-MP, puesto que, a las puertas de que Morales designe al nuevo Fiscal General, el hecho adquiere elementos que lo hacen ver como una maniobra.
Un dato relevante es que por lo menos dos de los empresarios señalados son accionistas en universidades privadas, cuyos decanos de Derecho integran la comisión postuladora, indicó una fuente que no desea ser citada.
Sin embargo, Samuel Pérez opina que no existe riesgo de que el mandatario escoja un Fiscal no idóneo puesto que: “El presidente recibe una lista muy depurada, por lo que, aparentemente, no tendrá opción de elegir a una persona que vaya a socavar los avances que ha logrado la actual fiscal y la colaboración de la CICIG”.
Entretanto, la diputada Sandra Morán, de Convergencia, señala: “El Presidente ya no tiene legitimidad, mucho menos con la noticia del financiamiento electoral de los empresarios y que no fue registrado, por tanto se cometió un delito. Lamentablemente, él tiene la obligación constitucional de designar a una de las personas del listado de seis candidatos. Tiene la oportunidad de redimir sus culpas, contribuyendo a que el país siga por el rumbo de la lucha contra la corrupción y la impunidad y dejar de actuar en función de sus intereses y el de sus amplias amistades, ahora muy conocidas”.
Finalmente, Christians Castillo indica que existe preocupación porque se garantice la elección de un fiscal independiente, que cumpla con el necesario principio de ingratitud. “Que sea ingrato con quienes lo promovieron”, afirma, aludiendo a que el nuevo funcionario deberá estar exento de compromisos o pagos de deudas a posibles promotores.
Una partida de ajedrez muy accidentada
El 25 de agosto de 2017, la CICIG dio a conocer que el FCN habría recibido fondos de forma ilícita, puesto que no se reportaron al TSE. El 27, Morales declaró non grato a Iván Velásquez y finalmente, luego de algunas manifestaciones de grupos afines a la CICIG, la Corte de Constitucionalidad falló a favor del colombiano, aunque según juristas, este fallo no era procedente, ni siquiera necesario.
La situación parece repetirse como una jugada de ajedrez que ya se realizara anteriormente. Grupos civiles ya comenzaron a convocar a marchas para pedir la renuncia de Morales, quien por su parte, además del encendido discurso para defenderse, solicitó a la Procuraduría General de la Nación (PGN), que se revise el mandato de la CICIG.
El sociólogo y criminólogo Edy Morales, considera que las pruebas presentadas por la CICIG-MP pueden sustentar que se pida la cancelación del partido gobernante. Según dice, constituye un delito que no se hayan reportado millones recibidos como donación. “Exigimos la cancelación del FCN-Nación, antejuicio para Morales. Cárcel para los corruptos y corruptores”, concluye.
Esta posición se comienza a ver en las redes sociales. El grupo Anonymous Guatemala, que realiza activismo político en redes, publica: “Ante los últimos acontecimientos se le exige a Jimmy Morales que por honor #RenuncieYa al cargo, dado que el financiamiento Ilícito Electoral existió de parte de la cúpula empresarial para el partido FCN Nación, no olvidamos y tampoco perdonamos, el pueblo se cansó #YoNoTengoPresidente”.
Al mismo tiempo, los “colectivos de la Plaza” convocaron a una manifestación pacífica el sábado a las 15 horas, para pedir la renuncia del presidente Jimmy Morales. La diputada Nineth Montenegro hizo un llamado a la población para que se mantenga la institucionalidad, mientras Castillo resaltó “la emotividad” que priva en el ambiente, en un momento que Menocal define como “el ocaso de la CICIG”, puesto que esa comisión concluye su mandato en 2019.
En cualquier caso, el país está atravesando un momento complicado, en el que podrían aflorar las emociones más radicales y hasta los enfrentamientos, tanto entre quienes exigen la salida de Morales, como entre sus votantes, que, según Falla, apoyan a su mandatario.
