Horst Spitzke, Director General Ejecutivo de la Asociación Para la Defensa de la Propiedad Privada (ACDEPRO), comenta dos sucesos recientes que muestran cómo los grupos del crimen organizado que promueven invasiones, evitan que el Estado actúe con eficacia y efectividad para terminar con el flagelo de las usurpaciones de propiedad, que atenta contra la Constitución y convenios internacionales.
Roxana Orantes Córdova
El domingo 26 de septiembre, un grupo cercano a 70 hombres armados intentó invadir una propiedad de 125 manzanas en Cobán, Alta Verapaz. El predicador evangélico y yerno del propietario, Oscar Vic Macz, fue uno de los que defendió la finca de los delincuentes que pretendían desalojar a los dueños, y murió a consecuencia de los balazos.
Los defensores de la propiedad lograron capturar a dos maleantes, quienes fueron entregados a agentes de la policía que llegaron al lugar. Según narra el director de ACDEPRO:
«Este es el segundo evento en la zona. Hace poco, autoridades se presentaron en una propiedad aledaña, invadida con fines de usurpación, hace año y medio. Las fuerzas de seguridad llevaban las órdenes pertinentes para el desalojo pero fueron sacados a balazos del lugar».
Asimismo, en mayo recién pasado se produjo un enfrentamiento entre invasores y pobladores de una comunidad conocida como La Hulera en la finca Cubilguitz, con el saldo de seis heridos. En esa fecha, los vecinos de La Hulera pidieron apoyo a la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y a las autoridades.
Un problema de seguridad nacional
Spitzke comenta que los grupos de usurpadores se han convertido en un problema de seguridad nacional y están avalados por una poderosa red delictiva que abarca desde abogados y pasa por Organizaciones No Gubernamentales (ONG´s) como el Comité de Unidad Campesina (CUC, que inició a finales de los 70 como organización del grupo guerrillero EGP); CODECA, con el partido MLP que los representa en el Congreso, y el CCDA, al que pertenece el ex diputado de Convergencia Leocadio Juracán.
Además de estas organizaciones que operan como ONG´s, hay grupos paramilitares como los «batallones» del ex guerrillero César Montes, preso por la muerte de tres soldados en la aldea Semuy II y por un caso de usurpación, señala Spitzke.
«Hemos levantado más que alerta. A nivel nacional hay más de cuatro mil casos de usurpación, que ya es un problema de seguridad nacional, porque involucra narcotráfico, tala de bosques, destrucción de fauna y falsificación de documentos legales. Es incomprensible que el Estado no tenga poder para actuar en este tipo de situaciones que ponen a las autoridades en jaque. Por ejemplo, en San Marcos hay un área protegida invadida, que es propiedad del CONAP y pese a ser del Estado, es imposible desalojar. Urge una reacción».
El entrevistado señala que existen centenares de órdenes de captura no ejecutadas, y resulta incomprensible que las autoridades no actúen. En ocasiones, estos grupos logran ampararse apelando al discurso de que se trata de propiedades ancestrales, pero es un hecho que muchos las venden casi inmediatamente después de tener los títulos de propiedad (casi siempre derivados de las falsificaciones que han realizado las mafias de abogados, quienes a sus vez son protegidos por bufetes poderosos).
Actualmente, el problema se ha agravado por el uso de armas y la situación podría derivar hacia una conflictividad que puede tener consecuencias muy dramáticas, además de la ya evidente percepción sobre la falta de certeza jurídica que existe en inversionistas y ciudadanos en general.
«En el valle del Polochic hay por lo menos cuatro invasiones en propiedades que conocemos como fincas, pero son empresas agroindustriales. También se sabe que muchos de los invasores actúan amparados por ONG´s, que con fondos provenientes de donantes, que supuestamente debieran servir para el desarrollo de las comunidades, realizan esos actos delictivos», señala.
Por ello, ACDEPRO apuesta a que se implementen normativas como la ley que permitiría fiscalizar a las ONG´s, actualmente detenida por un amparo que interpuso el PDH Jordán Rodas. Además, señala, es urgente que se retome la ley Anti invasiones, archivada con el número 5522 e interpuesta por el ex diputado Fernando Linares Beltranena.
El Estado debe solventar esta situación, que podría llegar a niveles más graves de los ya alcanzados (muertos y heridos, entre otros saldos), indica Spitzke. Esto, en cumplimiento de normativas nacionales e internacionales, como la Constitución Política de la República, el Artículo 17 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y convenciones internacionales.
Finalmente, Spitzke recuerda que la usurpación es un delito tipificado en el Código Penal de Guatemala, y llama a las autoridades a tomar cartas en el asunto porque: «me preocupa que esto se ponga peor. Hay uso de armas por los invasores, quienes seguramente no cuentan con permiso de portación. La situación puede agravarse».
El Artículo 256 del Código Penal señala:
