A partir de la captura de Arístides Crespo se desencadenaron nuevas acciones del Ministerio Público (MP), que alcanzaron a empresas exportadoras y al diputado Felipe Alejos. La polarización resultante de estas acciones tiene su campo de batalla en las redes sociales, especialmente en Twitter, donde la ciudadanía reproduce los argumentos de las cúpulas que expresan posiciones encontradas.
Equipo editorial Perspectiva
Las acciones del MP fueron el preludio del incremento en la polarización de las opiniones ciudadanas en las redes. Los señalamientos llegan al insulto y la amenaza entre dos grupos que se señalan como #Pacto de corruptos vrs. #Pacto de terroristas.
Las reacciones de quienes opinan muestran que un sector de la ciudadanía (por pequeño que sea), se mantiene en una postura de confrontación latente que abunda en improperios ante opiniones divergentes de las suyas.
Esta confrontación a través de las redes se manifiesta al mismo tiempo que las comisiones de postulación para elegir al Fiscal General iniciaran sus reuniones y poco antes de que la Corte de Constitucionalidad (CC), decida sobre el amparo solicitado por el MP para retirar el antejuicio al presidente Jimmy Morales.
A esto se suman las acciones del MP-Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) contra empresas exportadoras a las que se sindica en el caso llamado Traficantes de Influencias, que implica al primer vicepresidente de la Junta Directiva del Congreso, Felipe Alejos.
Reacciones ante el accionar del MP
Sobre la captura de Arístides Crespo, la diputada Sandra Morán, de Convergencia, comenta: “Ya se lo esperaba él y nosotros también, desde el momento en que le fue retirado el antejuicio y estaba en investigación. Crespo había indicado que no se iba. Su captura era cuestión de tiempo”.
Según afirma Morán, “se están clarificando formas de operar que instalaron los partidos desde el año 85. El clientelismo, buscar el triunfo electoral como única finalidad del ejercicio político que convirtió al Estado en un botín”. En relación con el caso Traficantes de Influencias, menciona: “También se devela cómo los empresarios han usado mecanismos que vinculan a partidos políticos y corrupción estatal para obtener contratos millonarios”.
Para el secretario general del partido Semilla, Samuel Pérez, “La captura de Arístides Crespo es un golpe más a los actores y partidos tradicionales por parte de los esfuerzos de CICIG, y MP. Es particularmente icónico porque Crespo es un auténtico cacique en Escuintla, muestra que no hay multipartidismo en Guatemala sino una sola bancada de impunidad que no distingue marcas partidarias pero tiene clara su agenda: la corrupción y la impunidad”
Morán concluye que la captura de Crespo es una pieza que se quita. “Quitando piezas se debilita el mecanismo. Falta mucho para construir un Estado transparente, porque durante tantos años la corrupción se normalizó”.
“Se degrada la institucionalidad”
El Dr. Nicholas Virzi, analista independiente, afirma que la ley permite solicitar la devolución del crédito fiscal. “La SAT tiene la obligación de devolver el dinero a los empresarios en un plazo de 60 días, pero desde hace años no lo hace en ese intervalo de tiempo. En el caso de los exportadores, a la fecha la SAT mantiene más de Q3 mil millones sin devolver a toda la industria exportadora. Es este hecho que se debe de considerar como la verdadera infamia”, señala.
Para Virzi, la raíz del escándalo son “los mismos incentivos perversos y mala conducta de parte de las autoridades de gobierno desde hace años, no es algo reciente. Por licencias, por dejar salir un producto de aduanas o por devolverle a una empresa honesta su propio dinero, el chantaje viene desde el gobierno.
Los ingenios no estaban fabricando crédito fiscal, cómo lo hacen algunos corruptos. El dinero devuelto les correspondía y era el gobierno que no se los daba en el tiempo que la ley manda”.
A su vez, el ingenio Magdalena emitió un comunicado en el cual señala que desde 2012, la SAT mantiene la represa de crédito fiscal por Q3 mil millones. Esto los obligó a contratar una empresa para agilizar el trámite de la devolución, indica el comunicado.
La excesiva discrecionalidad y los incentivos perversos son parte de este problema, comenta Virzi, quien añade que el caso es similar “a la infamia que pasó con algunos empresarios constructores honestos que fueron víctimas de la corrupción estatal, que amenazaba con quebrarlos si no pagaban a funcionarios públicos para que no les bloquearan la devolución o pago de su propio dinero”.
Asimismo, comenta que existe un abuso extremo de discrecionalidad cuando no se dan medidas sustitutivas en estos casos. “No había necesidad de capturar a un empresario honorable cuando se le podía haber simplemente citado para que llegue a tribunales cuando corresponde, sobre todo cuando el raíz del problema es la corrupción e ineficiencia en el Estado. Con esta conducta, el sistema de justicia no construye institucionalidad ni legitimidad, la degrada, en detrimento de la sociedad proba, honesta y transparente que se quiere construir”, concluye.
La guerrita tuitera. Intercambio de insultos anacrónicos
La expectativa para que se termine la inmunidad (y el mandato) de Morales se mantiene entre quienes promueven un levantamiento pacífico de la ciudadanía bajo la bandera de la lucha anticorrupción, similar al del 2015.
Una de las “tuiteras” más activas, Brenda Hernández, quien en 2015 realizó una huelga de hambre para exigir la renuncia de Otto Pérez, publicó en su cuenta el siguiente mensaje: “¿Y si nos autoconvocamos el sábado 3 a las 3, para empezar a sacar a esta rata de una vez?”
Otro de los mensajes de la red que cabe mencionar, es el del doctor Edgar Balsells Conde, encargado del área económica del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (IPNUSAC). Balsells escribió: “El azucarero más grande y el palmero más grande. Te fuiste a home, Thelma Valiente. La historia te recordará”.
Esto, por el lado de quienes avalan al MP-CICIG y plantean la necesidad de reformular el Estado. En cuanto a quienes se oponen a las acciones de esta instancia, un “tuitero” identificado como Insumiso Insurrecto recibió el siguiente mensaje, de parte de @salazar: “Usted tranquilo porque la mano blanca lo puede alcanzar”.
“Vendepatrias, guerrilleros, vividores y periodistas faferos” son algunos de los insultos de este grupo, que responde a las acusaciones de “netcenteros, fascistas, retrógrados y defensores de la corrupción” que emiten los admiradores del MP-CICIG.
Todo este intercambio de insultos floridos podría ser un detalle folclórico que aporte color a la coyuntura, si no fuera porque las confrontaciones más serias suelen iniciar con palabras.
Las nubes que empañan al MP
En medio del mar de desahogos emocionales que externan los “tuiteros” que critican al MP-CICIG, se encuentran argumentos y datos que las autoridades debieran investigar. Entre estos, están los señalamientos al MP por la compra de un edificio de Q35 millones que podría ser irregular y estar sobrevaluado, así como por lo menos dos hechos que señalan a la Secretaria del MP, Mayra Véliz, de varias acciones irregulares, incluyendo coaccionar a una de sus subalternas para que emprendiera persecución legal contra juristas.
El caso de Véliz no ha prosperado y aunque Aldana aseguró que se investigarían las denuncias en su contra, los medios de comunicación no han vuelto a mencionar el tema.
Las reiteradas amenazas contra la integridad de la Fiscal General tampoco han sido resueltas. En 2016 se conoció por primera vez que Aldana estaba amenazada y ella declaró que drones sobrevolaban su vivienda. El tema se diluyó pronto entre otras noticias de la coyuntura. Igualmente sucedió en 2017, cuando los medios informaron que seis sicarios habrían sido contratados para asesinarla.
Finalmente, a mediados de enero de este año, se restringió el ingreso al MP para evitar acciones contra los operadores de esa entidad, dijo la Fiscal a los medios. Ninguna de esas amenazas ha sido esclarecida ni los responsables capturados.
Las amenazas han coincidido con la develación de diferentes casos investigados. Todos ellos, con nombres sugestivos: Negociantes de la Salud, Cooptación del Estado, Agua Mágica, Cooperacha, Lavado y Política y Traficantes de Influencias, entre otros.
Los nombres de estos casos y la captura de varios de los implicados, así como sus largos períodos de prisión preventiva (la mayoría permanecen en la cárcel sin condena), han dado lugar al fuerte descontento de un sector de la sociedad que cada vez se opone con más fuerza a las acciones del MP-CICIG.
Finalmente, la falta de presunción de inocencia explícita en el lenguaje de la funcionaria y de muchos medios informativos es otro elemento que motiva el descontento de los críticos al MP-CICIG. El uso de términos como “redes, mafias, organizaciones criminales y otros similares, viola la presunción de inocencia a la que tiene derecho todo acusado”, afirman estas voces.
Finalmente, están el sesgo y el uso de la expresión “justicia selectiva”, que las expresiones de la propia Aldana parecieran avalar. Por ejemplo, cuando declaró a la prensa: “Darle una explicación a los netcenters sobre las compras del MP me parece inadecuado, pero la población sí merece explicaciones”, dijo sobre el tema del edificio, cuando aseguró que el proceso estaba en Guatecompras desde 2016.
Al usar el término netcenters, la funcionaria pareciera alinearse a los que, a su vez, la avalan y acusan de “netcenter” a todo aquel que ose cuestionar al MP, sin que se haya probado la existencia de los net center. Y finalmente, sobre el señalamiento de “justicia selectiva”, la siguiente afirmación de la fiscal es bastante evidente, cuando habló sobre los señalamientos contra Mayra Véliz: “Hay denuncias que presentó la Fundación contra el Terrorismo y a esas denuncias no les he dado seguimiento, tengo casos más importantes que atender”.
