Por: Redacción
Por una parte, están grupos de activistas y Organizaciones no Gubernamentales integrados en la Asamblea Ciudadana Contra la Corrupción, apoyados por agencias internacionales de cooperación, entre estas la sueca Diakonia que en su Twitter informa: “Somos una organización sueca de cooperación internacional. Trabajamos junto con la sociedad civil guatemalteca para fortalecer la democracia”.
Como contraparte, Guatemala Inmortal, divulgó un video donde hace la misma petición. Es necesario aclarar que este grupo tiene expectativas totalmente opuestas a las de la mencionada asamblea, en cuanto a quién puede ser el fiscal idóneo para que las investigaciones criminales conduzcan a una justicia equilibrada y equitativa.
Ambos sectores ejercen su derecho a plantear sus demandas al Estado, según el artículo 28 de la Constitución Política de la República, afirma el analista Christians Castillo, del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (IPNUSAC).
La principal petición del 12 de abril fue la designación de un Fiscal General intachable o idóneo, en un momento en el cual las comisiones de postulación siguen debatiendo sobre quiénes serán los seis finalistas, de los que el Presidente designará al jefe del Ministerio Público.
Además, la Asamblea Ciudadana contra la Corrupción se pronunció contra varios proyectos legislativos que calificaron como “un paquete de leyes regresivas” y al mismo tiempo, pidieron al Congreso que apruebe otras que según afirman, son de beneficio nacional, entre estas la Ley de Aguas y las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos.
Una marcha anunciada
Los grupos de la asamblea ciudadana se reunieron aproximadamente a las ocho de la mañana en la Plaza de la Constitución, desde donde emprendieron la marcha hacia la Corte Suprema de Justicia, donde se reúne la Comisión de Postulación.
En el lugar se pudo ver a la activista Helen Mack, quien lidera el Movimiento pro Justicia, que ha fiscalizado los procesos de las comisiones postuladoras desde que estos iniciaron. Los manifestantes retornaron hacia el Congreso de la República, donde leyeron una proclama y pronunciaron varios discursos en torno a sus demandas.
Elmer Velásquez, de la Coordinación de ONG y Cooperativas (CONGCOOP), dijo a Perspectiva que buscan garantizar la elección de un fiscal que no tenga nexos con el crimen organizado, para garantizar que se mantenga la lucha contra la corrupción.
La mayor parte de los manifestantes proviene del interior. Grupos organizados como el Comité de Unidad Campesina (CUC), el Comité Campesino del Altiplano (CCDA) y las Comunidades de Población en Resistencia (CPR), así como alcaldes indígenas y miembros de Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), que hace pocas semanas también se trasladaron hasta la capital para mostrar su adhesión al procurador Jordán Rodas.
Estos grupos estuvieron acompañados por otras ONGs, como Gente Positiva, que acompaña a personas con Virus de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH), y el Sector de Mujeres de la Sociedad Civil, constituido durante las negociaciones de paz.
Entre los oradores, una representante del rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), excusó la inasistencia de los estudiantes de esa casa de estudios, puesto que según dijo, se encuentran en exámenes.
También fue visible la ausencia de los estudiantes landivarianos y otros grupos urbanos que participaron activamente en la constitución de esa asamblea y en las manifestaciones de 2015.
La marcha del 12 puede definirse como una expresión de oenegés y grupos campesinos, y la explicación para la diferencia en su composición con las de 2015, es que en aquel momento se trató de manifestaciones espontáneas de ciudadanos indignados, y en esta ocasión, fue una muestra organizada por oenegés, cooperativas e incluso el aval de bancadas izquierdistas cercanas a grupos como el CCDA y el CUC.
Fiscal a la medida
Mayra Véliz es una de las aspirantes a fiscal mejor calificada. Con 70 puntos, solo es superada por Ilse Álvarez de Espada, que recibió 71. Sin embargo, Véliz es calificada por los medios de comunicación como “la favorita para ser sucesora de Thelma Aldana”, en tanto Álvarez apenas recibe alguna mención de la prensa.
Cuestionada por la Fundación contra el Terrorismo, que interpuso tres tachas en su contra, Véliz asegura que no se preocupa en absoluto por esos señalamientos. Entre estos, está acusada de autorizar pasaportes ilegales cuando dirigía un departamento en migración. Asimismo, se le ha señalado de ejercer presiones contra una ex fiscal y una juez.
Pese a estos indicios, la fiscal Aldana se expresa muy favorablemente sobre Véliz, su cercana colaboradora en el MP. Considerando su cercanía con la fiscal actual, puede interpretarse que Véliz sea favorita para los grupos civiles que manifestaron. Sin embargo, uno de los oradores en la marcha, expresó frente al Congreso que rechazan esta posibilidad.
El otro jurista que podría llenar las expectativas de los grupos que manifestaron es el juez de Mayor Riesgo B Miguel Ángel Gálvez, quien estuvo a cargo de casos como La Línea y ha sido un aliado valioso para la Comisión contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), por el manejos de los casos que derivaron de las investigaciones de ese ente. El 12 publicó en su cuenta de Twitter: “Mi sincero agradecimiento a todos y todas por estar pendiente en estas jornadas. Seguimos los pasos camino a fiscal general y jefe del Ministerio Público. Un agradable día”
Finalmente, otro de los aspirantes que podrían ser avalados por las ONGs y grupos organizados que protestaron el 12, es Mynor Melgar, quien con 66 puntos ha sido poco mencionado por los medios, pero es cercano a la Fundación Myrna Mack, puesto que ejerció como fiscal en el caso por el asesinato de la antropóloga y también fue abogado de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), en la investigación por el asesinato de monseñor Juan Gerardi. Recientemente, el MP anunció que pretenden reactivar el caso.
De las candidaturas que los grupos civiles vetaron resalta Eric Álvarez Mancilla, a quien el Movimiento pro Justicia señala por gastos excesivos en viáticos del Organismo Judicial y Ranulfo Rojas, quien tiene tachas tanto de Pro Justicia como de la Fundación contra el Terrorismo.
Será muy difícil que la comisión postuladora pueda elegir a un fiscal que llene las expectativas de cualquiera de los grupos que fiscalizan el proceso, puesto que las posiciones de ambos sectores son totalmente divergentes. Y las dos figuras que pudieron ser favoritas para cada grupo: Claudia Escobar y Heidy Tamara de León, ya no son parte del proceso.
