Hoy se conoció que la Corte de Constitucionalidad (CC), otorgó un amparo al Ministerio Público (MP), que de esa manera logró detener nuevamente la elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Salas de Apelaciones. Desde el 13 de octubre 2019, uno de los tres poderes del Estado es ejercido de facto, han afirmado varias veces diferentes abogados constitucionalistas. Las reacciones ante este fallo de la CC van de la condena al desconcierto, pero no sorprenden a los críticos de la CC.
Roxana Orantes Córdova
El amparo definitivo de la CC al MP fue comunicado de forma escueta por el ente investigador: “El MP debe enviar informe circunstanciado a la Junta Directiva del Congreso de la República para que este organismo proceda a la selección de profesionales honorables, capaces e idóneos para el cargo de Magistrados de Corte Suprema de Justicia y de Salas de la Corte de Apelaciones”.
El único voto disidente fue de la magistrada Dina Ochoa, quien en su voto razonado expone:
“No comparto, en lo absoluto, la afirmación que remarqué en el párrafo anterior puesto que, a mi juicio, la Corte de Constitucionalidad no puede ordenarle a la Fiscal General y Jefe del Ministerio Público que entregue información que es propia de una investigación y que, incluso, puede estar bajo las reservas de la ley correspondiente. A mi juicio, la orden proferida por la Corte, en los términos precisados, pone en peligro la investigación que, según aduce la postulante del amparo, se encuentra en marcha”.
Ochoa agrega en su argumento que no resulta viable que la CC exija información particularizada de hechos que son investigados, porque vulnera el principio de presunción de inocencia y la autonomía del MP, ambos consagrados en la Constitución. “Lo anterior, por razón de que al Congreso de la república no le corresponde determinar si esas personas “manipularon” o “influenciaron” el proceso de mérito”. Aunado a lo anterior, no puede pasar desapercibido que varios de los profesionales que integran las nóminas remitidas al Legislativo, gozan del derecho de antejuicio, dice Ochoa.
La CC no puede “pasar instrucciones al Congreso de la República”, añade la magistrada. Sin embargo, como antecedente, existen muchos y variados fallos de esa instancia que se han extralimitado, ordenando al Congreso legislar según sus dictámenes, inmiscuyéndose en la política exterior, competencia exclusiva del Presidente, y con fallos contradictorios: decidió que se realizara una consulta popular, manteniendo activa a la hidroeléctrica que la motivó, mientras paralizó las labores de la minera San Rafael durante más de un año. Antes de que se realizara la consulta, la minera fue vendida y miles perdieron el empleo.
Otro fallo irregular de la actual CC es la defenestración de la juez Silvia Valdés, quien en 2017 había sido nombrada presidente del Organismo Judicial, con un amparo que logró desbaratar el proceso de nombramiento. Paradójicamente, en octubre de 2019 Valdés volvió a presidir el OJ, gracias a otro fallo de la CC que logró estancar el proceso de elección de magistrados a solicitud de varias organizaciones no gubernamentales que han demostrado su nivel de incidencia ante la CC, convertida en un ente extremadamente poderoso, muy lejano al tribunal colegiado de consultas constitucionales original.
El proceso para elegir magistrados no es el idóneo, han dicho repetidamente varios abogados. Sin embargo, resulta mucho peor detenerlo a través de varios amparos hasta que cuadre exactamente con los objetivos de un grupo muy poderoso conformado por organizaciones no gubernamentales, “jueces colaboradores” (de la CICIG) e investigadores del MP (especialmente, de la FECI).
En agosto de 2019, las ONG´s y sus aliados ya habían dado el “visto bueno” al proceso, que se desenvolvía con aparente normalidad. Sin embargo, resultaron excluidos los dos “juzgadores estrella” de la CICiG-MP: Miguel Ángel Gálvez y Erica Aifán. Como un detalle “de color”, es necesario recordar que Aifán llegó a ser juez a través de un amparo, interpuesto por ella en 2001, cuando su evaluación resultó insatisfactoria.
Falta ver de qué forma se desenvuelve el Congreso ante esta presión de la CC cuyo amparo, entre otros despropósitos, pretende presionar para que se realice una reforma constitucional anhelada por el grupo mencionado. Reforma que también intentaron imponer con apoyo del ex embajador Todd Robinson y el ex comisionado Iván Velásquez, la cual pese a todo, fracasó en 2017.
“La Historia demuestra que no bromeamos”, dice Méndez Ruiz
Las reacciones opuestas al reciente fallo provienen principalmente de la derecha ideológica. Sin embargo, llama la atención un comunicado firmado por los obispos Álvaro Cardenal Ramazzini y Gonzalo de Villa, ambos considerados afines a las ideas progresistas.
El documento de los prelados católicos menciona un aspecto que pocas de las críticas toman en cuenta, y es la descalificación del trabajo de las comisiones postuladoras. Textualmente indican:
“Llevaron a cabo un trabajo duro y acertado, a pesar de las dificultades presentadas por el retraso en los plazos”.
Debido a que la forma de elegir magistrados está establecida por la Constitución, de repetirse el proceso será algo muy similar, pero “sin la participación de algunos buenos postulantes e integrantes de las comisiones”. Por esto, repetir el proceso no garantizará mejores resultados.
Los sacerdotes también expresan que si bien algunos postulantes presentaron amparos por no estar de acuerdo con su exclusión, no hubo ningún cuestionamiento a la labor de las comisiones, que presentaron al Congreso una nómina de varios postulantes que cumplieron con los requisitos legales. De haber personas en conflicto con la ley, debieran ser penalizadas, pero no por ello terminar con una ardua labor, es el mensaje de los dos obispos.
Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), dijo a Perspectiva: “La FCT lo ha expresado antes, y lo repite ahora: vamos a actuar con todos los instrumentos que nos proporciona la ley, para que la magistrada Gloria Porras y sus adláteres en la CC enfrenten a la justicia por sus abusos. La Historia demuestra que no bromeamos”.
Según afirmó:
“Gloria Porras (quien desde hace tiempo controla la CC) dejaría en manos del jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ya que él le proporcionaría al Congreso, según la resolución emitida hoy por la Corte de Constitucionalidad, una lista de candidatos por los que los diputados no podrían votar».
Vale la pena recordar que el trabajo de zapa contra la labor de las comisiones de postulación inició el año pasado, cuando Helen Mack planteó un amparo contra el proceso de elección, debido a que sus candidatos (principalmente Miguel Ángel Gálvez y Ericka Aifàn) no lograron alcanzar el punteo requerido para integrar el listado que la comisión trasladaría al Congreso para que éste eligiera a los nuevos integrantes de la nueva Corte Suprema. La resolución de la CC constituye una orden ilegal, que el Congreso no debe acatar”, concluyó.
