Roberto Molina Barreto, ex presidente de la Corte de Constitucionalidad (CC) y Alfredo García, constituyente, coinciden en que el anuncio presidencial de iniciar un debate sobre reforma constitucional se realiza en un momento desafortunado. Perspectiva presenta los argumentos de estos dos expertos en el tema.
Roxana Orantes Córdova
El viernes 6 de junio, el mandatario Alejandro Giammattei convocó a sectores de la “sociedad civil” para una reunión en la cual entre otros temas, se abordaría la propuesta de reforma constitucional del presidente, quien en marzo había anunciado su intención de implementar la reforma al sistema de justicia con base en la que elaboraron dos universidades y la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES).
El 23 de mayo, Giammattei realizó una primera reunión a la que convocó a representantes de diversos sectores: iglesias católica y evangélica, CACIF, rectores de universidades, ASIES y miembros de Organizaciones No Gubernamentales: Hélmer Velásquez, ex candidato a diputado por Semilla, Carmen Rosa de León, de IEPADES, la ex presidente del Congreso Catalina Soberanis, el ambientalista Marco Cerezo Blandón. Como Procurador de los Derechos Humanos asistió Jordán Rodas.
Apenas quince días después, Giammattei convocó a una segunda reunión, que se efectuó el viernes recién pasado. Este evento motivó algún escozor, puesto que Jordán Rodas, quien asumió que debería asistir para continuar en el proceso, no pudo entrar cuando el agente de la seguridad presidencial le dijo que su nombre no aparecía en el listado.
Por otra parte, grupos civiles de derecha, como Defensa de la Propiedad Privada y Guatemala Inmortal, no fueron invitados y aunque días antes solicitaron participar, no obtuvieron respuesta.
“Un momento totalmente inoportuno”: Molina Barreto
El ex presidente de la CC, Roberto Molina Barreto, señala que para cambiar el proceso de elección de magistrados no es necesaria una reforma constitucional. “Se podría plantear una reforma a leyes ordinarias para solventar este tema”, expone.
Además, enfatiza en que se trata de un momento totalmente inoportuno, debido a que estamos en medio de una pandemia.
“Una reforma constitucional debiera ser producto de un previo debate y un análisis serio de interés nacional. Convocar ahora pareciera como un intento de sacar ventaja de un momento en que existen restricciones para eventos sociales”, dice.
Molina Barreto recuerda que en 2017 se intentó una reforma, liderada por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que terminó en una confrontación bastante fuerte y tendiente a debilitar al entonces mandatario, Jimmy Morales.
Si fuera necesario reformar la Carta Magna, se requiere un diálogo, pero esto puede idearse para luego de la crisis. La reforma, afirma, es un tema que debiera evitarse si se puede. “En 2016-17, la propuesta fue inaceptable. Incluía temas no relacionados con el sistema de justicia. Se intentó incluir el tema de la llamada justicia ancestral, que chocaba con el sistema vigente. En esa propuesta hubo muchos temas que ponían en riesgo la certeza jurídica”.
“Antes de entrar a una reforma sería deseable que el mandatario lograra un acuerdo político. No debemos permitir que grupos que no lograron gobernar a través de elecciones lo logren capturando el sistema de justicia”, concluye.
“El proyecto del Presidente molesta a tirios y troyanos”, dice García
El constituyente Alfredo García comenta que el presidente Alejandro Giammattei presentó un proyecto que modifica algunos aspectos de la propuesta elaborada en 2016. “No es una propuesta. Se limitaron a sacar infogramas y modificar algunos aspectos de la propuesta presentada por ASIES y las universidades”, explica.
Sin embargo, esto motivó críticas fuertes de izquierdas y derechas, que con diferentes argumentos, comienzan a cuestionar el proyecto desde ambas perspectivas. Sumado a esto, “el momento es el menos propicio para lanzar un proceso de reforma constitucional”, señala García, aludiendo a la pandemia.
Al comentar la propuesta de 2016, García considera que: “Avalados por fondos de USAID, hicieron lo que les dio la gana. Llegaron al extremo de proponer que representantes de ONGs participaran en el Consejo de la Carrera Judicial”.
El mandatario tiene todo el derecho y facultad de presentar una propuesta de esta naturaleza. Su cargo le concede iniciativa de ley. Igualmente, cualquier grupo ciudadano, avalado por cinco mil firmas, puede presentar una propuesta de reformar la Constitución.
Esta propuesta podría llegar al Congreso y al pasar a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, sufrir cualquier cambio antes de llegar al Pleno. “Es políticamente recomendable un diálogo nacional para discutir la propuesta”, indica.
Y si el cambio propuesto lo que busca es modificar la elección de magistrados, García propone otra ruta para ello:
“Si fueran serios, retomarían el sistema original de elección de magistrados que fue modificado en la reforma constitucional de 1993. A través de ese sistema fueron electos juristas reconocidos y honorables, como Edmundo Vásquez Martínez, Epaminondas González Dubón y otros”, finaliza.
