Jacinto Brito Raymundo, quien al momento de su detención era miembro del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), resultó culpable ante un tribunal y fue condenado a 62 años de cárcel por el asesinato de Juana Raymundo Rivera, de la misma organización.
Redacción Perspectiva
Hace dos años, la muerte de una joven auxiliar de enfermería que trabajaba en la Aldea Cotzol de Santa María Nebaj, conmovió a la opinión pública. Inmediatamente, CODECA y otras organizaciones civiles condenaron el hecho, que inicialmente se consideró derivado de la participación política de Raymundo.
En una publicación de una ONG internacional se mencionó que el crimen fue parte de una oleada de ataques contra activistas:
“Devela el fortalecimiento de reacciones violentas contra las expresiones sociales locales que exigen un cambio en la estructura económica del país. Actos criminales que son alentados y que también alimentan ese discurso hegemónico que justifica la muerte como opción para resolver conflictos y diferencias con argumentos tan poco humanos como el que afirma que los matan porque en algo andaban metidos. No puede pensarse en delincuencia común como la primera opción en este caso, porque a Juana la mataron en uno de los departamentos con menos violencia en el país”, señalaba aquella publicación.
Sin embargo, poco después fue capturado otro miembro de dicha organización, Jacinto Brito Raymundo, quien finalmente hoy resultó culpable y según indica el Ministerio Público:
“La fiscalía sustentó la acusación con declaraciones testimoniales, grabaciones de cámaras de seguridad, peritajes científicos, necropsia médico legal, prueba documental y registro de antenas telefónicas”.
