La excedencia otorgada al Juez Mynor Moto por el Consejo de la Carrera Judicial vence el 13 de abril, fecha en la que el juez retomará sus actividades al frente del juzgado a su cargo. Raúl Falla, abogado de la Fundación Contra el Terrorismo, explica por qué fueron violentados los derechos del juez.
Roxana Orantes Córdova
Entrevistado por Perspectiva, el abogado Raúl Falla comenta: «hoy se dio a conocer que el juez Maynor Moto fue notificado de que el plazo de su excedencia vence el 13 de abril, por lo que deberá presentarse el 14 al Juzgado Tercero de Instancia Penal a su cargo».
Según comenta Falla, no es de sorprender la revocación de la excedencia, luego de concluido el plazo que Moto había solicitado como ganador de la elección en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) y posteriormente, la juramentación como magistrado en el Congreso.
Era un hecho que Moto sería magistrados durante los tres meses para finalizar el plazo correspondiente a Bonerge Mejía, fallecido. Sin embargo, una orden de captura emitida por la juez de Mayor Riesgo Erika Aifán, solicitada por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), motivó que Moto se escondiera y fuera declarado prófugo.
Además, narra Falla, hubo varios allanamientos en su contra, sus bienes podrían ser sometidos a extinción de dominio y se realizó persecución contra su familia. Todas estas acciones quedan desvirtuadas con la acción del Consejo de la Carrera Judicial, máxima autoridad en temas laborales del Organismo Judicial.
«Hoy estamos contentos, porque la decisión del Consejo significa que Moto nunca perdió su calidad judicial y en todo momento gozó del derecho al antejuicio. Es decir, las investigaciones y acciones penales en su contra fueron ilegales», señala.
El punto álgido de esta situación es cómo quedan el fiscal Juan Francisco Sandoval y la juez Erika Aifán. «Como personas conscientes de la ley, sabían que Moto tiene derecho de antejuicio. No solo él, sino cualquier otro funcionario judicial».
La actuación de Aifán y Sandoval implica un delito llamado infracción de privilegios, lo que motivará a la FCT a presentar una nueva denuncia contra ambos funcionarios judiciales mañana 8 de abril.
«EE.UU. desconoce la realidad o avala a los enemigos del país»
«Por más fotos que se tomen con funcionarios estadounidenses o del G13, cometieron varias violaciones contra los derechos del juez Mynor Moto, cuyo único delito si es que lo hubo, fue reunirse con otros abogados. En la reciente foto de la embajada estadounidense, vemos a varios abogados y funcionarios judiciales reunidos con funcionarios estadounidenses. La acción que se reprocha a Moto fue estar en una reunión entre abogados», señala Falla y agrega:
«Nosotros no nos vamos a plegar a las exigencias de EE.UU. o del G13, tal como ya dijeron los presidentes de México y El Salvador».
Según narra el abogado, la FCT ha presentado más de 25 demandas contra Juan Francisco Sandoval, y les parece extraño que en cada reunión, el jefe de la Fiscalía de Asuntos Internos, Marlon Pacheco, les hable de avances, pero sin que se de una sola medida real.
Para Falla, hay muchos factores que pueden originar esta aparente desidia o falta de acción. «Por ejemplo el caso Oderbrecht tiene suficientes pruebas, dictámenes de la Contraloría General de Cuentas, de la Procuraduría General de la Nación y otros documentos, pero no avanza. Por un tiempo se nombró una fiscal especial, pero no duró mucho y consideramos necesario que se nombre un fiscal que no tenga impedimentos de ningún tipo para hacer avanzar estos casos», concluyó.
