El aborto y la ideología de género son dos temas que motivan debate en diferentes sectores. El desacuerdo se plantea entre organizaciones pro vida y grupos civiles agrupados en torno a la agenda de género, un conjunto de postulados que promueve, entre otros, el aborto y la “reasignación de género”. Sobre ambos temas comienzan a discutirse dos proyectos legislativos, ambos propuestos por las bancadas de izquierda.
Redacción
El 13 de agosto, la Asociación la Familia Importa (AFI), convocó a una conferencia en la cual expuso su preocupación porque el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, no ha atendido el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), sobre un manual de derechos sexuales y reproductivos elaborado durante la administración de su antecesor, Jorge de León Duque.
Según indica el comunicado de AFI: “Resulta de vital importancia resaltar que la CSJ ha sentenciado que el PDH tiene la obligación grave y solemne de defender la vida desde su concepción”. El referido manual “promueve el aborto como un derecho humano”. Esto, obviando que todas las leyes vigentes en Guatemala prohíben el aborto y protegen la vida desde la concepción.
AFI señala que todas las acciones del PDH deben “procurar la defensa de los derechos fundamentales garantizados en la Constitución, de no ser así, actuaría en exceso de sus facultades legalmente asignadas”. La CSJ ordenó al entonces PDH que emitiera otro material educativo, congruente con los derechos constitucionales. Sin embargo, Rodas no ha atendido esta obligación, señala el grupo de organizaciones pro vida.
Dos iniciativas que promueven la doctrina de género
Datos del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) informan que en 2015, cerca de ocho millones de guatemaltecos eran menores de 18 años y de estos, el 68.2 por ciento habitaba en hogares pobres.
La inversión directa del Estado en niñez y adolescencia era de Q5.5 diarios per cápita. Y según estimaciones del documento citado, el Estado debiera invertir por lo menos tres veces ese monto para garantizar la sobrevivencia de esa niñez vulnerable y excluida. La tasa de cobertura en educación preprimaria sigue siendo de las más bajas de Latinoamérica, al tiempo que la mortalidad materno infantil es de las más altas.
En este contexto surgen dos propuestas legislativas que han motivado el rechazo de los grupos pro vida que constituyen AFI. Una de estas busca aprobar una ley para la reparación digna y transformadora de niñas víctimas de violencia y explotación sexual. La otra, dispone aprobar una ley de identidad de género.
Según la vocera de AFI, Mónica Marín, “rechazamos toda forma de violencia, particularmente la violencia sexual en niñas y adolescentes. Nos preocupan las niñas y queremos lo mejor para ellas”. Sin embargo, añade que al proponer la despenalización del aborto como una forma de reparación “digna y transformadora”, no se consideran “las consecuencias devastadoras para la salud física y psicológica de la mujer al ser un procedimiento invasivo y peligroso, que suma más violencia y trauma para la víctima, poniendo su vida en peligro y, en muchos casos, permitiendo que el responsable perpetúe el abuso”.
Marín agrega que, lejos de solucionar el problema de la violencia sexual, la despenalización del aborto provocará otro problema de salud pública, que lejos de empoderar a la mujer, la debilita, poniéndola en mayor peligro de vulnerabilidad.
“Sobre la iniciativa 5395, es importante aclarar que nuestro principal interés es siempre el bienestar de la persona y la protección de la familia. Asimismo, es importante recordar que los derechos de todos los guatemaltecos, hombres y mujeres, están protegidos en la Constitución Política de la República”.
“No es necesario crear derechos específicos para minorías cuando la Carta Magna ya los defiende. La Constitución, al mencionar hombre y mujer, se refiere a todos los habitantes del país. Además esta iniciativa de ley supone muchas consecuencias legales que a simple vista no se ven. Si un hombre se auto determina como mujer, y tiene la facultad que la ley lo reconozca como tal, se podría estar legislando indirectamente la unión civil entre personas del mismo sexo o el acceso de hombres que se autodeterminan como mujeres a vestidores y baños públicos exclusivos para mujeres o niñas, entre otros”, señala.
Una “construcción” llamada género
Según la ideología o doctrina de género, el sexo es biológico y el género es una “construcción social”. Partiendo de este postulado, cualquier persona que se considere incómoda con el género que se le ha “asignado” al nacer, debería adoptar la identidad que le resulte más cómoda.
El desarrollo de esta posición ha llevado a que en países como España, niños de hasta cuatro años pidan y obtengan la “reasignación” de género, que incluye además del cambio de nombre, la aplicación de terapia hormonal y otros procedimientos a cargo del Estado.
Consultada sobre la capacidad de un niño para decidir su género, la psicóloga Beatriz Berganza afirma: “obviamente no. Un niño pequeño todavía no ha desarrollado una idea respecto a su cuerpo o su sexualidad. Aunque los niños tienen sexualidad, esta es muy diferente. A los cuatro o cinco años, un infante no puede asumir identificarse como niño o niña. Yo diría que el problema de la disforia de género es un problema de los padres, no de los pequeños”.
En tanto, Marín señala: “los niños tienen mucha creatividad y están en un proceso constante de formación. La responsabilidad de los padres es guiarlos a que se puedan desarrollar y que alcancen su máximo potencial. Sin embargo, los hechos, no la ideología, determinan la realidad. Existen diferencias biológicas que no pueden ignorarse, dejar que un niño defina qué es a tan temprana edad puede tener consecuencias psicológicas graves. Por otra parte, nunca ha sido científicamente más claro que los niños y adolescentes son incapaces de tomar decisiones informadas con respecto a las intervenciones médicas permanentes, irreversibles que alteran la vida”
