Aunque la disolución de la Secretaría de la Paz (Sepaz), la Comisión Presidencial de los Derechos Humanos (Copredeh) y la Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA), no han tenido una gran resonancia mediática, la acción presidencial resulta interesante. Hoy presentamos tres opiniones sobre este hecho.
Roxana Orantes Córdova
Los recientes acuerdos gubernativos que derogan a tres instituciones estatales y dan lugar a una nueva institución que será temporal y se llamará Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (Copadeh), son considerados de formas muy diversas.
Por ejemplo, Mario Mérida, analista de medios y consultor en temas de seguridad, considera que la acción presidencial evidencia que “no hay Norte ni sentido” en la toma de decisiones.
Entretanto, Adrián Zapata, ex comisionado de Desarrollo Rural, señala que la disolución de la SAA es equivalente a “abdicar de que el Estado tenga una política agraria”.
Por su parte, el presidente de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), Ricardo Méndez Ruiz, ve como positiva la disolución de tres entidades que, según dice, representan “una página triste en el saqueo del erario público”.
“Una nefasta concentración de poder”: Mérida
Para Mérida, la disolución de las tres instituciones y el anuncio de la nueva comisión, plantea demasiadas dudas que resultan en confusión. Por ejemplo, señala, a partir de ahora no está claro si el programa de reactivación agraria (de la SAA), quedaría a cargo del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), o del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES).
Otro elemento confuso es la conducción de la Copadeh, cuya autoridad máxima será el mandatario y que, según dice Mérida, resultará en una “nefasta concentración de poder. Es un trabajo de carpintería, como para que lo haga el Presidente y muestra, una vez más, la importancia de un comité de crisis.
Según indica, mucha gente en el interior era atendida por estas instituciones. Su desaparición, dejará a estas personas sin relación con el gobierno, lo que podría incrementar focos de ingobernabilidad en el interior, aunque con la situación de crisis derivada del COVID-19, esto podría extenderse.
La gente está devastada y esperando una vacuna para el coronavirus que probablemente nunca llegue, señala y agrega que existe la posibilidad de que la crisis pueda motivar un descontento generalizado.
“SAA jugaba un rol importante en atender conflictos”, dice Zapata
Adrián Zapata considera que “la decisión del Presidente es un retroceso. “Más que la conflictividad, la SAA atendía las problemáticas que generan conflictos. La comisión recién creada no va a atender estas problemáticas, especialmente, porque durante años de experiencia, la SAA llegó a tener el nivel de especialidad necesario para atender esos temas”.
Por otro lado, Zapata recuerda que en 2014 Guatemala firmó un acuerdo mundial donde se decretó la necesidad de una política agraria. Y la SAA fue la institución designada como ente rector del tema en Guatemala.
“Abolir la SAA es renunciar al marco de desarrollo rural establecido anteriormente, pero más allá, implicará que el abordaje de la conflictividad agraria se realizará desde la perspectiva del derecho penal, es decir, desde la criminalización. Esto es lo más desafortunado, aunque es claro que en general no se da relevancia a las acciones estratégicas. Alejandro Giammattei debería escuchar más al vicepresidente”.
“Alimentaban el fuego de la confrontación”: Méndez Ruiz
Para Méndez Ruiz, la decisión presidencial es acertada, porque abolió tres espacios nocivos para el país. Según dice:
“Recibí con mucha satisfacción la noticia del cierre de las tres entidades, ya que por medio de ellas (principalmente la Sepaz y la Copredeh) se ha alimentado el fuego de la confrontación desde que fueron creadas.
Han servido como drenaje de una buena parte de los Q3 mil millones en concepto de resarcimientos que se han pagado contraviniendo el artículo 155 de la Constitución, que de forma expresa los prohíbe.
Espero que la cancelación de esas entidades no dé lugar a la creación de otra u otras por parte del Ejecutivo, y que de verdad la intención que subyace tras el cierre sea la de poner un punto final a esa página triste en la historia del saqueo del erario público”, concluye.
