Ante la publicación de la Lista Engel emitida por el Departamento de Estado de EE. UU., el Gobierno de Guatemala expresó su rechazo “a la subjetividad de la publicación realizada” y afirman que esta lista no puede ser considerada como un instrumento vinculante bajo ninguna circunstancia en la legislación guatemalteca, por derivarse de “acusaciones mediáticas infundadas”.
Redacción Perspectiva
Según el comunicado emitido por el Gobierno encabezado por el Presidente Alejandro Giammattei, en dicha lista se incluye a personas de origen guatemalteco, quienes son señaladas a través de juicios de valor y sin garantía de legítima defensa a través de debido proceso judicial, situación que viola el principio universal de presunción de inocencia.
Para el Gobierno, estas acciones constituyen una clara violación a los derechos fundamentales de las personas señaladas y la califican como una herramienta política en contra de operadores de justicia que no responden a intereses de una agenda ideológica propia que se quiere imponer en el país.
En este sentido, el Gobierno exige respeto a la independencia de los poderes del Estado y, sobre todo, a la soberanía de la nación.
Añaden que, esta herramienta que, a criterio de expertos en derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas, “se está utilizando por los Estados Unidos para imponer su jurisdicción a personas en el extranjero, perjudicando los derechos humanos de los señalados y quebrantando su presunción de inocencia y derecho al debido proceso”.
“Reafirmamos nuestro compromiso de trabajar por la defensa de la soberanía de nuestro país, ante la injerencia externa en asuntos internos y la utilización de herramientas políticas abusivas en contra de los guatemaltecos”, finaliza el pronunciamiento.
LA PUBLICACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO
La Lista Engel publicada este miércoles, detalla a los ciudadanos señalados de presunta corrupción relacionada con contratos gubernamentales; soborno y extorsión; la facilitación o transferencia del producto de la corrupción, incluso a través del lavado de dinero; y actos de violencia, acoso o intimidación dirigidos a investigadores de corrupción gubernamentales y no gubernamentales.
