La iniciativa de ley presentada ayer al Congreso, exime de toda responsabilidad a las farmacéuticas y al mismo tiempo, ofrece compensar con Q.6,000 a quienes pudieran resultar seriamente afectados por inocularse el fármaco experimental.
Redacción Perspectiva
La iniciativa del Ejecutivo complace la demanda de las farmacéuticas, que para vender el fármaco exigen que se les exima de toda responsabilidad “por el uso de vacunas contra la COVID-19”, informa la nota de la agencia noticiosa del gobierno.
Según el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), en Guatemala “a la fecha, ninguna persona vacunada ha sufrido efectos secundarios graves o fuera de lo normal”.
Pese a ello, el proyecto de ley contempla la indemnización a quienes pudieran resultar afectados, aunque también se establecerá un comité especializado para investigar cada caso individualmente y determinar si alguno de los inoculados cometió fraude y fingió reacciones adversas, para embolsarse los Q6,000.
De esta manera, y aunque no existen registros oficiales sobre decesos o reacciones posteriores a la aplicación del fármaco, quienes eventualmente pudieran resultar afectados con reacciones adversas que sí se han reportado en otros países, y van desde trombos hasta fallecimientos fulminantes, lograrían una victoria pírrica, puesto que “la medicina les resultará más cara que la enfermedad” y a la hora de pretender la “codiciada” indemnización, serían sometidos a un proceso de investigación que, considerando los antecedentes en el manejo oficial de la pandemia, podría ser largo y agotador.