¿Trabajo de lobby en Washington financiado por el Estado guatemalteco? ¿Un consultor del Ministerio Público (MP) exiliado en EE.UU.? Estos son solo dos de los hallazgos que desde hace unos días plantea Rolando Alvarado, abogado de la familia Bitkov. El contrato y los informes de labores de José Carlos Marroquín ilustran sobre la realidad de esta asesoría que le brindara a Aldana Marroquín, hijo del empresario Oscar Clemente Marroquín, quien pretende ser vicepresidenciable de la ex fiscal.
Roxana Orantes Córdova
Un nuevo caso que motiva dudas se cierne sobre la administración de la ex Fiscal General Thelma Aldana. José Carlos Marroquín, quien en 2007 fue Jefe de Estrategias de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), y desde ese año radica en Estados Unidos, fue contratado dos veces por el Ministerio Público (MP), para una consultoría financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y recibió dos adjudicaciones de Guatecompras .
Lo anterior no tendría nada de particular, si no fuera por algunas características que rodean al hecho y que serán descritas en este artículo. En primer lugar, ya se mencionó que Oscar Clemente Marroquín, empresario de un importante medio de comunicación, se ha perfilado como posible vicepresidenciable de Aldana.
Sumado a lo anterior, el abogado penalista Rolando Alvarado afirma que según la ley estadounidense, un exiliado no puede recibir dinero del Estado donde su vida fue amenazada.
Y este sería el caso de Marroquín, quien abandonó Guatemala en 2007 porque según denunció, recibía innumerables mensajes telefónicos con amenazas, además de un atentado contra su vehículo. En un artículo de Contrainjerencia, el ex editor de Prensa Libre, Conrado Monroy, afirmó que no hubo tal atentado, pero el hecho es que Marroquín radica en EE.UU. en calidad de exiliado y pese a ello, desde 2016 asesora al MP.
La noticia se conoció a través de las redes sociales y la reacción inmediata, calificó el hecho como una “plaza fantasma”. En una conferencia de prensa en la que ex funcionarios del MP cuestionaron los hallazgos recientes de la Fiscal General Consuelo Porras, el ex secretario de política criminal del MP, Rootman Pérez, aseguró que Marroquín no tuvo una plaza fantasma, sino “una consultoría a través del BID para sistematizar las buenas prácticas institucionales”.
Perspectiva intentó comunicarse con personas que participan en instancias anti corrupción, pero fue imposible. Dos de ellos (ambos abogados), afirmaron que no podían declarar por no conocer las particularidades del caso.
Rolando Alvarado dijo que por lo menos existen tres aspectos importantes de esa contratación que ameritan una profunda investigación:
- La extraterritorialidad de las funciones del MP. Según la ley, este debe realizar sus funciones en el territorio nacional, ya que para asuntos en el extranjero se aplica la cooperación o asistencia jurídica entre los Estados;
- El objeto contractual es contrario a la ley, debido a que el lobby en EE.UU. no constituye una función legal del MP y peor aún, para promover o proteger la imagen de personas individuales;
- El tipo contractual se refiere a servicios “profesionales”, lo que obligaba a hacer constar y justificar la calidad profesional del señor Marroquín.
Los contratos y sus características
El primero de los contratos revisado por Perspectiva tiene como fecha octubre de 2016 y se inscribe en el renglón Préstamo BID 1905/OC-GU. El plazo es de dos meses (octubre a diciembre) y el monto, US$18,000 (Q.138, 635).
Idéntico encabezado tiene el segundo contrato, que inicia el 3 de enero de 2017 y culmina el 30 de noviembre de ese año: “Contrato No. 4-2017, préstamo BID 1905/OC-GU de prestación de servicios profesionales, bajo renglón presupuestario ciento ochenta y nueve con cargo al programa de apoyo al sector justicia penal, financiado con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo-BID-). El monto de esta contratación es de US$ 66,000 (Q 508,33).
Además de estos dos contratos financiados por el BID, el 20 de noviembre de ese año la Secretaría de Asuntos Internacionales y de Cooperación del MP contrató a Marroquín como “Consultor Local para Gestionar Agenda en Temas del Ministerio Público de Guatemala, con Organismos Internacionales y Organismos No Gubernamentales”, por Q135, 277.02.
La misma secretaría contrató al consultor el 23 de enero de 2018, en la contratación denominada: “Consultoría Desarrollo de Compendio de Buenas Prácticas y Lecciones Aprendidas en el Fortalecimiento de las Capacidades de Investigación y Persecución Penal Estratégica”, por Q 250,610.23, sumando estas dos erogaciones del MP Q385, 887.25, como se puede ver en la página de Guatecompras.
Los informes de labores de Marroquín muestran la actividad que desarrolló. Tal como afirman Igor Bitkov y su abogado, la palabra “lobby” surge al revisar uno de los informes divulgado por Bitkov en sus redes sociales.
Por ejemplo, una de las actividades del consultor fue reunirse con los miembros de la comunidad migrante, a quienes les expuso las ventajas que para esa comunidad tendría la aprobación de las reformas constitucionales del sector justicia. En sus conclusiones, afirma: “La comunidad migrante guatemalteca en Estados Unidos ha fortalecido su interés de apoyar con el Ministerio Público y, en especial, con la Fiscal Thelma Aldana” (sic).
Asimismo, asistió a reuniones con empresarios guatemaltecos y de otros países así como funcionarios estadounidenses. Uno de los elementos preocupantes presentes en esos informes y que debiera ser investigado por la Fiscal General Consuelo Porras es la evidente intención de mejorar la imagen de Thelma Aldana, Francisco Rivas e Iván Velásquez ante sectores estadounidenses, luego de que la muerte de Pavel Centeno en circunstancias no esclarecidas, proyectara una sombra sobre las autoridades guatemaltecas, concluye Alvarado.
