El juez Miguel Ángel Gálvez y otros tres titulares de juzgados de Alto Impacto acudieron esta mañana al Ministerio Público (MP), para pedir que se desestimen más de 30 denuncias en su contra. Dos de los abogados que han denunciado a los juristas responden a esta acción.
Roxana Orantes Córdova
Calificados de héroes por las oenegés que enarbolan la “lucha contra la corrupción” como bandera ante sus financistas, mientras sus críticos los señalan de prevaricato, abuso de autoridad y otros delitos, los jueces de Alto Impacto siempre dan de qué hablar.
Más de una vez han denunciado atentados en su contra, aunque ninguno de dichos atentados ha sido esclarecido y generalmente, se trata de denuncias de seguimientos que incluyen vigilancia con drones, tal como denunciara en su momento la ex fiscal Thelma Aldana.
Los cuatro juristas han sido favorecidos con medidas cautelares de la CIDH, lo que les garantiza la protección de agentes estatales durante las 24 horas, incluyendo vehículos blindados y guardaespaldas.
Sobre las supuestas amenazas contra los jueces, el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, expresa en su cuenta de Twitter:
“Mi solidaridad con l@s jueces Xitumul, Aifán, Barrios y Gálvez. Es inaceptable que el Estado use a las fuerzas de seguridad para vigilarlos en lugar de protegerlos. Recomiendo al @mingobguate investigue de inmediato y al @MPguatemala poner atención a las denuncias de l@s jueces.”
Además de sentirse amenazados constantemente, hoy Erika Aifán, Yassmín Barrios, Pablo Xitumul y Miguel Ángel Gálvez se presentaron al MP para pedir que más de 30 denuncias contra ellos no sean investigadas.
Según indicó Aifán a los medios, se han interpuesto muchas denuncias infundadas y espurias contra ellos.
“Algunas fueron presentadas hace mucho tiempo, desde 2012. Según la ley, el MP tiene 20 días para investigar”.
Debido a este plazo, Aifán señala que los plazos de investigación expiraron, por lo que “pedimos a los fiscales desestimar esas denuncias”.
“Ni el Departamento de Estado ni Kamala Harris van a salvarlos de la investigación”, afirma Raúl Falla
El abogado de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), Raúl Falla, quien ha interpuesto más de una denuncia contra cada uno de estos jueces, expresa:
“Realmente hoy nos vimos sorprendidos al conocer que funcionarios de esa talla, que cuentan con maestrías y doctorados no tomen en cuenta que todo funcionario está sujeto al escrutinio y la crítica social. El artículo 155 de la Constitución Política de la República señala que el tiempo de responsabilidad para los funcionarios es bastante largo”.
Además, indica Falla que el artículo 264 del Código Procesal Penal indica que cuando se ha presentado una denuncia penal y esta no ha sido procesada, no hay plazo. “Cuando el señalado fue sometido a prisión preventiva, el MP tiene tres meses para investigar. Si hay medidas sustitutivas, son seis meses. Pero si la denuncia no se ha investigado, no hay un tiempo determinado para que esta no se investigue”.
“Me parece que la acción de hoy evidencia miedo, derivado de que las cosas están cambiando. Se les recordó constantemente que el poder es efímero y la responsabilidad de los funcionarios es larga, pero se plegaron completamente a Iván Velásquez y Thelma Aldana. Hoy que se trata de restablecer esa ruptura de la legalidad, se quejan de una simple investigación, pero sus acciones tienen a mucha gente encarcelada sin juicio ni pruebas desde hace cinco años”.
“Pedimos a la Fiscal General Consuelo Porras que no caiga en el juego de estos jueces. Ella debe ser clara y recordar que hasta el momento, ellos no están vinculados a ningún proceso, por lo que sería apresurado desestimar las investigaciones antes de iniciarlas. Lo que procede, es investigar para determinar si se les retira el antejuicio, como ya sucedió con Aifán, cuyo caso deberá ser analizado. No me extrañaría ver cómo estos jueces prevaricadores, que inventaron la “multicausa” y la “prisión provisional”, terminen exiliados. Ni el Departamento de Estado ni Kamala Harris van a salvarlos de la investigación”.
“Es una presión ilegal a los fiscales”, señala Alvarado
José Rolando Alvarado ha presentado denuncias contra tres de los jueces de Alto Impacto: Aifán, Barrios y Xitumul. Al conocer la acción de hoy, comenta:
“Pedir una desestimación de las investigaciones, denota desconocimiento del debido proceso. Ellos como expertos, debieran conocer que desestimar no es un mecanismo, sino la Corte Suprema de Justicia (CSJ), debe decidir si procede retirarles o no el antejuicio”.
“Considero que solicitar que no se investigue una denuncia, es una presión ilegal a los agentes fiscales, especialmente si la solicitud parte de funcionarios judiciales. Denota temor de ser juzgados. Pareciera que se consideran con impunidad para no ser sindicados”, expone.
Según Alvarado: “debieran permitir que las denuncias sigan su curso legal y confiar en la justicia, que tiene establecidos mecanismos de defensa. La actitud de estos jueces denota desconfianza total del sistema judicial, del cual forman parte”.
Finalmente, el abogado recuerda que las medidas cautelares de la CIDH “no pueden usarse para brindar impunidad. Lo único es garantizar la función jurisdiccional de los jueces protegidos. La investigación de las denuncias no es más que parte de un procedimiento legal, que inicia con la denuncia. En este caso se trata de cuatro sujetos con antejuicio”, concluye.
