Como “escandalosa e innecesaria” calificó la captura de Sandra Torres el diputado Fernando Linares Beltranena. Con esta posición coinciden abogados y analistas que no son allegados ni simpatizantes de la ex candidata, quien fue encarcelada “provisionalmente” en Mariscal Zavala, por el delito de presunto financiamiento electoral no reportado.
Roxana Orantes Córdova
Show es la palabra más mencionada en relación con la captura de la ex candidata presidencial Sandra Torres. Sus detractores más firmes aseguran que se trata de un “show” porque saldrá libre bajo fianza casi inmediatamente, tal como sucedió con los ex funcionarios de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE): Álvaro Colom, Jerónimo Lancerio y Alberto Fuentes Knigth, involucrados en el caso Transurbano y quienes a diferencia de la mayor parte de señalados por la FECI-CICIG gozaron de medidas sustitutivas prontamente, como debiera ser con todos los acusados en este tipo de casos, explican diferentes penalistas.
Entre las muchas especulaciones se comenta que Torres habría negociado para convertirse en “colaboradora eficaz” y señalar a sus correligionarios. También están las expresiones de beneplácito por la captura, que para algunos es muy merecida, independientemente de los formalismos legales, considerando que Torres habría sido una pieza clave en los intentos de la izquierda por capturar al Estado, a través de sus vínculos con la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral y el Ministerio Público.
Finalmente, en el terreno de las conjeturas, en las redes sociales se mencionan dos posiciones:
- Consuelo Porras no la capturó antes porque era necesaria para obtener el antivoto a favor de Alejandro Giammattei y luego de la segunda vuelta, “ya no les sirve”.
- La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), colocó sus expectativas de reformas constitucionales en la UNE, que no logró aprobarlas. Por ende, les dejó de servir y la desecharon “como una chenca de cigarro”.
¿Montaje político? Algunos antecedentes de la captura
Totalmente cubierta con gorra, lentes oscuros y un pañuelo, Torres expresó una sola declaración antes de ingresar al tribunal: “es un tema político, pregúntenle al doctor Giammattei por qué dijo que no descansaría hasta verme en la cárcel” (radio Sonora).
Como respuesta, Giammattei dijo a otra radio (Emisoras Unidas): “no puedo sentirme contento, pero sí puedo sentirme complacido de que el MP cumpla con su deber con este o cualquiera de los casos relacionados con el combate contra la corrupción”.
En su comunicado de prensa, la UNE calificó la captura como una “repugnante maniobra” que implicaría a los fiscales Juan Francisco Sandoval y Andréi González, quien renunció de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), horas antes de firmar una carta solicitando al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la cancelación de la UNE.
Un término utilizado por la bancada verde que llama la atención es “judicialización de la política”, que no aplicaron anteriormente a casos donde fue evidente que se estaba judicializando la política.
Un antecedente de las acciones legales contra Torres es la reforma del artículo de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), que creó el delito de financiamiento electoral no registrado y que impulsara la UNE en octubre de 2018, atendiendo a la exhortativa de la Corte de Constitucionalidad (CC), dijo en su momento el diputado Oliverio García Rodas.
La herencia de Iván Velásquez
“Este caso venía desde hace cinco años. En su momento, Thelma Aldana aseguró que no tenía ningún hallazgo que señalara a Sandra Torres”, afirma el dignatario de la Nación Alfredo García.
A la inexplicable demora en este caso, se suma la renuncia de González, y la prolongada licencia de Oscar Schaad, fiscal de Delitos Electorales quien goza de una prolongada licencia justificada en que tenía suficientes elementos como para considerar que él y su familia se encontraban en riesgo justamente al iniciar la campaña electoral.
Aunque grupos civiles pro CICIG enfatizaron en que la captura demuestra que los críticos de esa comisión solamente buscan “procurarse impunidad”, el hecho es que la captura y actual “prisión preventiva” de Torres, tienen todas las características de los montajes mediáticos implantados por la CICIG, específicamente durante la administración de Iván Velásquez.
Es significativo que el caso se haya producido un día antes de que la CICIG concluya oficialmente su mandato y se retire del país. Con todas las características de los llamados “circos mediáticos”, la captura fue anunciada por los informativos mientras se realizaba el allanamiento domiciliar de Torres.
Ello, pese a que la capturada se había puesto a disposición de la justicia y entregado su pasaporte a las autoridades, a través de sus abogados. Penalistas como Rolando Alvarado, quien junto a Victoria Sandoval fue pieza clave en el desmoronamiento de la CICIG, cuando citaron a Iván Velásquez ante la comisión Helsinki, sin embargo señalaron públicamente que la medida ha sido desproporcionada.
Según Alvarado, era necesario citarla y la captura trasciende los procedimientos para ese tipo de delito. En cuanto a Sandoval, expresó en sus redes que Torres no era funcionaria pública, por lo que no requería de finiquito y agrega: “lo cual no le quita lo corrupta”.
Como ya se mencionó, Linares Beltranena, quien también jugó un papel decisivo en la cancelación del contrato de la CICIG, expresó su rechazo ante la medida, que califica como innecesaria y desproporcionada. El legislador visitó a Torres apenas esta ingresó a la carceleta de tribunales.
Independientemente de los muchos hechos que impliquen a la ex candidata, el que se le achaca no ameritaba captura, y menos prisión preventiva, que según el Código Procesal Penal:
ARTÍCULO 259.- Prisión preventiva. “Se podrá ordenar la prisión preventiva, después de oír al sindicado, cuando medie información sobre la existencia de un hecho punible y motivos racionales suficientes para creer que el sindicado lo ha cometido o participado en él.
La libertad no debe restringirse sino en los límites absolutamente indispensables para asegurar la presencia del imputado en el proceso”.
En cualquier caso, y aunque Orlando Blanco haya negado categóricamente que el hecho pueda incidir en la cancelación de la UNE, la probabilidad existe y de esta manera, el Congreso tendría una bancada independiente de 52 diputados que no podrían integrarse a otros bloques legislativos ni ser parte de la Junta Directiva o presidir comisiones.
