La Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó un amparo provisional y suspendió el trámite de las reformas modificadas con respecto al delito de financiamiento electoral ilícito y amplían las condenas conmutables, ya que son consideradas una amenaza para el sistema judicial guatemalteco.
El fallo de la Corte dice «El pleno procede a otorgar el amparo provisional solicitado en el sentido de dejar en suspenso el acto de aprobación por parte del pleno del Congreso de la República de los decretos 14-2017 y 15-2017 que contienen modificaciones al Código Penal».
Los denunciantes, los terceros interesados y el Ministerio Público deben presentar sus argumentos en vista pública para que la CC emita su fallo en definitiva.
Los jefes de bloque del Congreso de la República anunciaron que darán marcha atrás a los decretos emitidos a favor de la corrupción debido al rechazo generalizado originado por la aprobación de reformas al Código Penal. Y los parlamentarios coincidieron en que las reformas no son de conveniencia nacional.
Se convocó a una sesión plenaria este viernes para llevar a cabo el procedimiento correspondiente y dejar sin efecto las normativas.
Con la modificación de los decretos se beneficiaba a los funcionarios señalados por el delitos de financiamiento electoral ilícito que quita la responsabilidad financiera a los secretarios generales de los partidos políticos y se las otorga al contador.
Dichas modificaciones se dan 20 días después de que el Ministerio Público (MP) y la Cicig solicitaron antejuicio contra:
- Orlando Blanco secretario general del partido UNE
- Roberto Villate secretario general del partido extinto Líder
Señalados de hacer gastos millonarios de campaña en 2015 que no reportaron al Tribunal Supremo Electoral (TSE).
- El presidente Jimmy Morales, secretario general del partido FCN-Nación
Por el supuesto financiamiento electoral ilícito de Q6.7 millones que el partido FCN-Nación no reportó al TSE.
La Procuraduría General de la Nación (PGN) recomendó al mandatario vetar las reformas al Código Penal «por contravenir claros principios constitucionales, menoscabar el Estado de Derecho e inobservar el compromiso asumido ante todos los guatemaltecos de luchar contra la impunidad y la corrupción”.
