Según Ángel Pineda, vocero de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la Corte al darle trámite lo remite al Congreso para que conozca la petición del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) en contra del mandatario por una investigación por financiamiento electoral ilícito.
Pineda explica que al llegar el expediente al Congreso de la República, ellos conformarán una comisión pesquisidora, de conformidad con la ley orgánica, para desarrollar las pesquisas y elaborar un informe, con eso el pleno del Congreso debe decidir si declaran con lugar o no el antejuicio.
La investigación en contra del mandatario, inicia con una denuncia contra el Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), que el Tribunal Supremo Electoral presentó el 30 de noviembre del 2016 ante el MP, donde se determinó que la agrupación recibió al menos Q6.7 millones de financiamiento que no fueron reportados.
Morales tiene la responsabilidad legal ya que él era el secretario general de FCN – Nación en ese momento. Tres antejuicios contra el mandatario fueron rechazados In límine por la Corte Suprema.
En un comunicado del Gobierno el presidente indica «Siempre he defendido el Estado de Derecho, ordenamiento jurídico y la independencia de poderes». Y aclara que nunca ha interferido en procesos que lo vinculen directa o indirectamente, y solicita madurez, objetividad y compromiso de los guatemaltecos.
