Convocados por el MCN, juristas y analistas participaron en un conversatorio llamado El futuro de la justicia en Guatemala, donde se habló de la crisis que afecta a todo el sistema de justicia en una coyuntura donde en lugar de certeza jurídica, se observa una total incertidumbre.
Roxana Orantes Córdova
Durante la mañana de ayer se reunieron para intercambiar sus interpretaciones sobre la crítica situación de la justicia en Guatemala, representantes del Centro para la Defensa de la Constitución (CEDECON), Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), Guatemala Visible, Fundación 2020, Alianza en Defensa de la República (ADER), el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Industriales, Comerciales y Financieras (CACIF) y el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Luis Fernández Molina.
Este foro puede ser “un primer paso hacia la búsqueda de soluciones para la situación del Organismo Judicial (OJ) de Guatemala”, dijo José Echeverría, del MCN, al concluir la actividad. Además, llamó a que se mantenga el trabajo de acompañamiento y monitoreo, para contribuir con un sistema de justicia que funcione bien.
Los juristas y académicos que expusieron sus ideas en el evento son: César Sigüenza, de Fundación 2010; Marielos Fuentes, Guatemala Visible; Stuardo Ralón, CEDECON; CACIF, Diego Marroquín; María Fernanda Galán, ASIES e Ignacio Andrade, de ADER.
Como moderador, Echeverría planteó las preguntas que cada uno de los participantes respondió. Entre las conclusiones, se mencionó la responsabilidad de la Corte de Constitucionalidad (CC), cuyo amparo provisional ha motivado incertidumbre en cuanto al cumplimiento de los plazos establecidos en la Constitución Política de la República sobre la temporalidad de los puestos para los magistrados, pero además amenaza con sentar como precedente la flexibilización en el cumplimiento de plazos que, según la propia Carta Magna, fueron establecidos en “artículos pétreos”.
El proceso de comisiones postuladoras atropellado
Stuardo Ralón comentó que “no hay certeza jurídica”, puesto que el amparo provisional de la CC que rompió el proceso de postulación, alteró el orden establecido en la ley y motivó el riesgo de que esta falta de certeza jurídica pueda prolongarse y siga afectando los procesos de alto y mediano impacto.
Para Andrade, el atraso en los procesos y la permisividad en la violación de los plazos, puede tener un efecto grave a largo plazo. Por ejemplo, podría extenderse el período presidencial, pese a que la disposición vigente “no prorroga plazos, es pétrea”.
Según dijo, la crisis acarrea problemas que van desde lo estructural, hasta el proceso para la selección y nombramiento de los futuros magistrados.
Para Diego Marroquín, “existe una inestabilidad bastante clara. Hay entre 300 y 400 jueces y magistrados ¿cómo hará el Consejo de la Carrera Judicial para cumplir los plazos?”.
La incertidumbre sobre cómo o cuándo se aprobará el reglamento del Consejo de la Carrera Judicial es uno de los elementos graves que pueden prolongar el proceso y motivar conflicto de poder entre las evaluaciones del Consejo y las comisiones. Pero sobre todo, es preocupante que el retraso incidirá en qué legislatura elija a los próximos magistrados.
Sigüenza consideró que “ante una crisis tan relevante, para el bien del país es necesario encontrar un modelo serio”. También dijo: “los miembros del Consejo y los comisionados tendrán que rendir cuentas de esta crisis que puede extenderse”.
“El problema lo generó la CC obedeciendo a grupos de interés. No puede existir fortaleza institucional si no se respeta el orden constitucional”, dijo Ralón y agregó: “la CC nos metió en un laberinto”.
La expectativa para remediar el caos, será el cambio de magistrados de la CC. “O que esta no vuelva a admitir más amparos”, indicaron.
