La persecución penal debe ir acompañada por una serie de cambios estructurales, afirma la investigadora de Diálogos María del Carmen Peláez, investigadora en la asociación civil Diálogos, que recientemente presentó la Agenda Integral Anticorrupción.
Roxana Orantes Córdova
María del Carmen Peláez tiene estudios especializados en Derechos Humanos, transparencia e integridad. Ha investigado temas de reformas al Sistema de Justicia, transparencia y corrupción. Actualmente es investigadora de Transparencia y Lucha Anticorrupción en Diálogos.
Peláez detalla los objetivos e historia de Diálogos, surgida en julio de 2015. Para Peláez, la persecución penal por sí sola no logra el cambio necesario para eliminar la corrupción.
Y en un contexto preelectoral, la entrevistada recuerda que «es difícil pensar en una ruta que no pase por un cambio electoral de fuerzas políticas».
¿Qué es Diálogos y cómo funciona?
Es una asociación civil guatemalteca que se define como un centro de pensamiento de segunda generación, que promueve la difusión y el avance de la investigación empírica y de las ciencias sociales, así como el análisis basado en evidencia de las políticas públicas y el diálogo público informado, plural y democrático sobre los problemas públicos a nivel local, nacional y regional.
Surgió a partir del trabajo y los esfuerzos de un grupo de académicos e investigadores sociales, para generar estudios y propuestas que respondan a necesidades y problemáticas de interés público. Formalmente, la creación legal de Diálogos fue en julio del año 2015.
Tal y como se detalla en su sitio web, Diálogos cuenta con alianzas y cooperación de diversas instancias e instituciones nacionales e internacionales.
¿Cuáles son las principales lecciones aprendidas de modelos como MP-Cicig?
El modelo de MP-CICIG fue sumamente exitoso en la investigación y persecución penal de casos emblemáticos de corrupción, que revelaron las dimensiones de la corrupción en el país y nos enseñaron lo que sabemos hoy.
Sin embargo, eso mismo nos demostró que la persecución penal no es sostenible si funciona como política aislada y no genera cambios sistémicos y estructurales.
CICIG advirtió que la persecución penal como única fuerza de cambio es inviable. Por ello, es necesario repensar el modelo de lucha contra la corrupción, a través de estrategias que promuevan un modelo integral de reducción de la corrupción. En ese sentido, se presentan las diversas propuestas de la Agenda.
La agenda destaca que los casos de MP-CICIG son tan relevantes que merecen ser estudiados desde perspectivas psicológicas, políticas, sociológicas y antropológicas, porque nos permiten entender el sistema, sus interioridades y nuestras circunstancias.
Por lo tanto, en la Agenda citamos una pequeña muestra de estos casos y destacamos lo que aprendimos de ellos:
- Financiamiento electoral. Entendimos lógicas y mecanismos de financiamiento desde el capital tradicional, desde los fondos públicos y desde dinámicas de política basada en transacciones.
- Temas legislativos. Descubrimos cómo funcionan los mecanismos de legislación a la carta y de compra de votos, y, también, otros fenómenos como la existencia de plazas fantasma en el Congreso.
- Temas judiciales. Supimos sobre las negociaciones y redes corruptas que surgen alrededor de la elección de magistrados.
- Gestión gubernamental. Se revelaron círculos viciosos en procesos de contrataciones del Estado y la instrumentalización del presupuesto y los recursos públicos para negocios particulares.
La necesidad de promover una lucha integral anticorrupción, a partir de todo lo que nos enseñó el modelo MP-CICIG, requiere de una estrategia que cambie la correlación de fuerzas para revertir una corrupción que es estructural y sistémica.
¿La Agenda plantea algún mecanismo de coordinación regional?
La Agenda Integral Anticorrupción explica la necesidad de promover una lucha integral contra la corrupción y ofrece lineamientos para definir y determinar las estrategias necesarias para alcanzar resultados óptimos en esos términos.
Adicionalmente, reconoce la relevancia de que un proceso de esa naturaleza implique la necesidad de promover una nueva correlación de fuerzas, que influya en el cambio de las relaciones de poder. En ese sentido, un punto fundamental que subraya la Agenda es la necesidad de que cada país defina su propio modelo idóneo y funcional de lucha integral anticorrupción.
También debe reconocerse la importancia de avanzar en establecer y coordinar mecanismos legales y de cooperación interinstitucional de lucha contra la corrupción a nivel regional, más allá de los propios modelos de cada país.
Principales reformas planteadas
Para promover una lucha integral contra la corrupción, la Agenda analiza diversos aspectos:
- Sistema electoral. Necesidad de transparentar oportunamente el financiamiento electoral y propiciar la representatividad y el acceso al poder para promover liderazgos políticos de nuevos actores no corruptos.
- Servicio civil. Promover la meritocracia, minar el sistema clientelar y, en general, mejorar la eficiencia del Estado.
- Justicia. Promover la meritocracia y proteger la independencia judicial, sobre todo mediante la impostergable tarea de repensar el modelo de designación de jueces y magistrados.
- Comisión de lucha anticorrupción. Un mecanismo independiente, sobre todo en el aspecto político y financiero.
- Transparencia, acceso a la información y datos abiertos, tienen implicaciones importantes para informar, formar y darle herramientas a la ciudadanía.
- Gestión pública. Identificamos el valor de la planificación y la implementación de criterios técnicos e independientes para evitar y reducir espacios de vulnerabilidad.
La fórmula para un camino exitoso no tiene una ruta clara en ningún contexto. Sin embargo, es difícil pensar en una vía que no pase por un cambio electoral de fuerzas políticas.
El proceso electoral implica una ventana de oportunidad para el movimiento anticorrupción, que debe encontrar su principal fortaleza en ser capaz de tener efecto en el voto de la ciudadanía guatemalteca.
¿Hay acciones propuestas para lograr la convergencia de sectores a nivel ?
En casos regionales hemos identificado que un discurso anticorrupción creíble y genuino, que vincula la corrupción con los problemas de la gente, genera un caudal electoral potencialmente gigantesco.
Fortalecer mecanismos punitivos y preventivos de corrupción constituye una victoria importante, que debe acompañarse reforma y estrategias transversales. Estos implican al periodismo, la sociedad civil, la academia, las artes, los políticos y el sector privado.
Formarse, informar, visibilizar y revivir los efectos positivos que a la fecha ha tenido la lucha contra la corrupción es poderoso. Aún más si alrededor de ello se articula un frente amplio.