Hoy la pregunta que recorre los pasillos de la torre de tribunales y de todas las instancias del organismo judicial es ¿cuál es la razón de fondo, detrás de la solicitud de antejucio contra la Erika Aifan? y la respuesta se centra en que existen claras evidencias que la juzgadora abuso de su autoridad, extralimitadose en sus funciones y habiendose abrogado competencias que no le correspondían en casos en los que al haber cometido las acciones que se le señalan, violentó el debido proceso y los derechos de los procesados, actuando la margen de la ley procesal vigente.
Redacción Perspectiva
Lo anterior se desprende de las resoluciones emitidas por la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia el 28 de octubre y el 26 de noviembre del 2021, en la que en la parte resolutiva indica: Inciso 4to: En cuanto a informar al compareciente si se recibió solicitud para determinar la competencia por proceso de mayor riesgo dentro de la carpeta de investigación número M3542-2020-06, se le hace saber que realizamos los registros que para el efecto se llevan en esta Cámara, se estableció que, NO EXISTE SOLICITUD DE COMPETENCIA AMPLIADA POR MAYOR RIESGO presentada por el Ministerio Público, en relacióna la carpeta de investigación M3542-2020-06.
Estos indicios evidencian un proceder que ha todas luces puede ser constitutivo de responsabilidad penal, toda vez que fuentes de todo credito han confirmado que lo remitido por el Ministerio Público demuestra que la Juez Aifán, incorporó arbitrariamente, actos procesales de expedientes que no podían ni debían ser conocidos por su Judicatura; toda vez que carecían de la autorización de la Cámara Penal, quien a su vez nunca recibió la solicitud correspondiente del Ministerio Público.
