El Consejo Superior Universitario (CSU) no debe ceder a presiones externas, de embajadas o de grupos nacionales interesados en colocar a sus alfiles en la CC, comenta Omar Barrios, cuya postulación ha desatado una campaña de desprestigio en su contra, y quien accedió a conversar con Perspectiva sobre el contexto del nombramiento de los magistrados.
Roxana Orantes Córdova
Luego del linchamiento mediático y legal contra el magistrado electo por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), Mynor Moto, se desató una oleada de críticas y noticias falsas que pretenden demeritar al doctor Omar Barrios, abogado penalista, constitucionalista y docente desde hace años en la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC).
Aunque suele ser consultado por los medios de las más diversas tendencias por su conocimiento puntual de la doctrina legal, grupos ciudadanos que se atribuyen la representación de la “sociedad civil” han comenzado a cuestionar a Barrios con señalamientos diversos, que van desde una supuesta amistad con el rector de la USAC, Murphy Paiz (su jefe en la USAC), a la crítica por los casos que ha defendido.
La intención de detractar al penalista llegó al colmo de que se publicara información distorsionada donde se le trató de mostrar como un candidato que habría presentado un expediente con errores. Al final, el abogado aclaró la situación en redes y se demostró el desconocimiento de quien divulgó la noticia, pero el medio responsable no se molestó en aclarar un error que según Barrios, pudo ser malintencionado.
Sin embargo, descarta llegar hasta un tribunal de imprenta o siquiera exigir la aclaración a la que tiene derecho y sus esfuerzos actuales están enfocados en el proceso de postulación de la USAC, donde por lo menos hay dos candidatas que no son docentes de esa casa de estudios, dijo a Perspectiva.
¿Por qué lo ideal es que el candidato de la USAC sea docente de esa universidad?
La Asamblea Nacional Constituyente realizó un trabajo monumental, cuando pasó la Constitución de 1965 a un nuevo marco legal. En ese marco, los constitucionalistas intentaron establecer un tribunal constitucional permanente, actual Corte de Constitucionalidad (CC), con una ruta de conformación definida en la Constitución Política de la República y la Ley de Amparo.
Esta no es una norma antojadiza. La idea de los constituyentes fue que el tribunal constitucional permanente estuviera constituido por abogados reconocidos con experiencia en diferentes campos: docencia, magistratura, litigio, administración pública y conocimiento de la doctrina. Es importante mencionar que existe un principio llamado de ingratitud, por el cual los magistrados designados no son representantes de la institución que los nombró.
Por ejemplo, los designados por la Corte Suprema de Justicia suelen tener carrera como magistrados; el Ejecutivo da prioridad a quienes tienen experiencia en la administración pública, al igual que el Congreso de la República; el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala privilegia a abogados litigantes y el Consejo Superior Universitario a los docentes titulares de la Universidad de San Carlos de Guatemala, por el conocimiento doctrinario.
Durante décadas, el magistrado electo por la USAC ha sido un docente de esa casa de estudios, lo que no implica tráfico de influencias ni componenda. Simplemente, es el seguimiento a la ruta constitucional establecida en los artículos de ley relativos a la CC.
Esta ruta debe ser seguida por los candidatos, por lo que llama la atención que Gloria Porras se haya inscrito como candidata a magistrada de la CC por la USAC, aunque no ejerce la docencia en esa universidad. Porras busca su tercera reelección en la CC. Primero fue nombrada por el Presidente Álvaro Colom; en 2016 la designó el Congreso y actualmente, busca que la designe el Consejo Superior Universitario.
Similar es el caso de la magistrada Delia Dávila, quien debió postularse por la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Aunque es docente, no es titular en la USAC, sino en una universidad privada. Para el CSU, integrado por docentes, decanos y representantes de la USAC, no es sencillo evaluar el desempeño de alguien que labora en otra casa de estudios y en cambio, no tienen problema para revisar el historial de quienes sí ejercen ahí.
¿Qué hace un abogado penalista, cuál es su función?
En primer lugar, es necesario conocer que los medios venden información anómala que distorsiona la imagen del penalista. El Derecho Penal no es para perseguir delincuentes ni corruptos, sino para frenar el mal uso del sistema preventivo, para dar garantías del debido proceso, en el que participan acusados y querellantes.
Los abogados defensores cumplimos el derecho y deber consignado en el Artículo 12 de la Constitución Política de la República, que garantiza el derecho a la defensa.
¿Por qué casos lo han cuestionado?
Uno de los casos que me valió la animadversión de ciertos grupos es haber logrado la liberación de un joven de 25 años, padre de familia, quien trabajaba como digitador y fue acusado por una estructura integrada por agentes del Ministerio Público y un organismo internacional. Devolver a su familia a un inocente acusado injustamente es un logro para el defensor. Pero además de los inocentes, también los delincuentes tienen derecho a la defensa y a un juicio justo.
Aunque mediáticamente se intentó vincularme con una “estructura” criminal, la resolución que liberó a ese joven no fue apelada por el MP, lo que significa que científica y doctrinariamente, yo tuve la razón en ese caso. No impugnaron, pudiendo hacerlo porque el acusado era inocente.
Además de ser docente en la USAC, ud. dirige un Centro de Estudios de Derecho y es un litigante exitoso, ¿por qué busca la magistratura en la CC?
Los abogados que logramos ejercer la docencia en la USAC sabemos que la postulación a la CC es un honor para cualquier docente, es un compromiso de vida y de ejercicio profesional defender el orden constitucional desde la experiencia doctrinal y académica que otorga la enseñanza del Derecho.
Además, en lo personal he promovido entre los estudiantes la importancia de que los ciudadanos tengamos participación política desde diversos lugares. Una vez, un estudiante me cuestionó por qué yo promovía esto pero no participaba, comencé a pensarlo, y estuve postulado para magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), pero no se dio. Si en esta ocasión resulto nombrado, espero regresar a la USAC luego de los cinco años.
¿Qué opina de la alusión distorsionada que se publicó en un medio?
Tengo un grado de comprensión. No todos tienen una formación en la materia y se señalaron como errores algunas acotaciones que no eran más que dudas del CSU. Por ética, el medio debió realizar una aclaración, y la Ley de Emisión del Pensamiento me permite solicitarla.
No sé si han evitado hacerlo porque están atrapados por el orgullo, o si fue intencional. Existe una responsabilidad. Los medios gastan millones en recursos: imprenta, sueldos de profesionales y otros. Considero que es alevosía usar esos recursos para atacar a un ciudadano que simplemente se está postulando para un puesto honorífico.
Cada acusación falsa que publican queda como un registro de esa alevosía y a esto se une que las ONG´s, que también disponen de recursos millonarios, se suman a la campaña de desprestigio. ¿Cuál es la razón? Habría que averiguarla, pero no tengo dudas de que si me llegaran a confirmar, pronto aparecerán los “chicos amparistas” para tratar de impedir que se lleve a cabo la toma de posesión.
Es increíble como los medios de comunicación y organizaciones guatemaltecas que se llaman sociedad civil estén volcados en atacar a un profesor de la USAC. Toda esta campaña en la que se destinan millones, se realiza ante el silencio del CANG y el gremio en general. Le tienen pánico a estas estructuras mediáticas.
Y al ver los recursos que se destinan y saber quiénes articulan estas campañas, no queda duda sobre quién quiere capturar la CC. Es necesario que el CSU no ceda ante presiones de ningún tipo y mantenga la línea trazada por la Constitución, designando a un docente de la USAC que sea reconocido y fácilmente evaluable por el propio consejo.
¿Cuáles son sus expectativas en este proceso?
Es difícil que me designen, pero quiero demostrar que existen personas honorables que se atreven a participar, desafiando esas organizaciones multimillonarias que manejan la opinión pública.
