María del Carmen Peláez
Pluma invitada
Cualquier contexto democrático presenta la necesidad de que la designación de altos puestos cumpla con requisitos de imparcialidad, independencia e idoneidad. Los primeros dos entendidos desde el punto de vista político-institucional que se concreta en la división de poderes. La idoneidad, por su parte, es explicada como aptitud o capacidad medida desde aspectos puntuales tales como el título y los años de ejercicio profesional, los antecedentes personales, la probidad, el rigor intelectual y los aspectos éticos.
La cuestión de la designación en estos términos es crucial para el funcionamiento de la democracia. Del debido desempeño de estos cargos depende primordialmente el imperio de la ley, el Estado de Derecho, la vigencia de los Derechos Humanos, las garantías constitucionales y la legitimidad. Por ello, la fórmula procedimental idónea para la designación de los altos cargos ha sido una preocupación esencial para las Repúblicas.
La selección de altos cargos a través de consejos o comisiones que seleccionan y proponen perfiles para su designación en instituciones públicas ha sido una vía en la cual se busca privilegiar la meritocracia y la transparencia, sin descuidar principios fundamentales de representatividad democrática. Estos modelos proponen una selectividad cuidadosa y el alejamiento de la voluntad directa de quien designa y la persona designada.
En la práctica, los modelos de esta naturaleza han demostrado pronunciadas deficiencias para el cumplimiento de sus cometidos. El tema político de garantizar distancia, independencia e imparcialidad entre quien designa y la persona designada está lejos de ser resuelto efectivamente. Tal es el caso de Guatemala, cuya Constitución establece un modelo de designación a través de Comisiones de Postulación, el cual se rige por lo regulado en el Decreto 19-2009 del Congreso de la República.
Las Comisiones de Postulación, en general, son órganos conformados por personas representantes de sectores académicos, profesionales y gremiales, encargados de proponer aspirantes a los entes encargados de la elección de personal para instituciones importantes en la estructura y organización del Estado. En tenor con la pretensión teórica de independencia, estas Comisiones de Postulación por su integración diversa, deberían de implicar una instancia en el proceso de elección que califica y garantiza la calidad académica, profesional y personal de quien resulte elegible.
En Guatemala, mediante la aplicación de la Ley de Comisiones de Postulación, se eligen personas para ocupar magistraturas en la Corte Suprema de Justicia, Cortes de Apelaciones y Tribunal Supremo Electoral. También para dirigir el Ministerio Público, la Contraloría General de Cuentas, la Procuraduría de los Derechos Humanos, el Instituto de la Defensa Pública Penal, la Superintendencia de Administración Tributaria y la Superintendencia de Bancos.
En diversos informes y propuestas trabajadas, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) advirtió reiteradamente que “hay espacios discrecionales que han sido aprovechados por actores interesados, como el gobierno y sus funcionarios a título individual, el sector privado y otros poderes fácticos, incluyendo el crimen organizado. Así, se ha tergiversado el diseño constitucional del control cruzado, de pesos y contrapesos, convirtiendo la elección de funcionarios en un sistema clientelar.”.
También los casos de corrupción emblemáticos investigados y judicializados bajo el liderazgo de la CICIG y de la anterior Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público de Guatemala han evidenciado que determinados actores participan en las Comisiones de Postulación habiendo asumido el compromiso de representar intereses particulares orientados a la garantía de impunidad. En consecuencia, quienes integran las Comisiones se convierten, a fin de cuentas, en operadores de un cierto poder político o fáctico para la nominación de personajes afines a sus intereses.
Ante esta problemática, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha determinado que: “los concursos públicos de oposición y de mérito pueden ser un medio adecuado para la designación… En tales concursos pueden incluirse aspectos como la formación profesional y los años de experiencia requeridos para el cargo, los resultados derivados de la aplicación de exámenes donde se respete el carácter anónimo de las pruebas, de tal forma que no sean seleccionados o nombrados de modo discrecional y puedan acceder todas las personas que estén interesadas y reúnan los requisitos.”.
Diálogos parte de estas premisas en su Agenda Integral Anticorrupción y propone la necesidad de asegurar la calidad, la independencia y la meritocracia en la designación de altos cargos. En ese sentido, reconoce como prioridad la relevancia de trabajar por fortalecer el servicio civil, la carrera judicial y la carrera fiscal en el país. La Agenda determina que insistir en propuestas de esta naturaleza es especialmente importante en coyunturas electorales, en las que se abren ventanas de oportunidad para el relevo institucional de actores que responden a intereses clientelares por actores realmente comprometidos con la transparencia y la anticorrupción.
2022 es el año pre-electoral en Guatemala. También es el año en que debe elegirse Fiscal General, Contralor General de Cuentas y Procurador de los Derechos Humanos. Además, continúa pendiente la elección de magistraturas para la Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones en el país. Siendo esta última elección un momento emblemático que demostró, y sigue demostrando, la crisis generalizada y la obsolescencia en la que agoniza el modelo de Comisiones de Postulación en el país.
A este contexto crítico ha abonado una realidad cada vez menos democrática, más autoritaria y regresiva en términos de transparencia, legalidad, Estado de Derecho y Derechos Humanos. También la incapacidad o el desinterés institucional de subsanar los vicios que por años se han señalado desde la sociedad civil con respecto a la aplicación de la Ley de Comisiones de Postulación. Ello a pesar de que se han materializado propuestas de diversa índole para atender a las deficiencias. La naturaleza de las propuestas, según las problemáticas que atienden, va desde reformas constitucionales hasta aspectos operativos de las Comisiones de Postulación.
Coyunturalmente, atendiendo a los momentos puntuales del año 2022, conviene puntualizar en los aspectos operativos. Uno de ellos corresponde al diligenciamiento de entrevistas para las personas aspirantes. En general, se espera que se puedan llevar a cabo entrevistas sustanciales en las que se pregunten posturas respecto a temas trascendentales en la agenda pública, ponderaciones meritocráticas, vocación de servicio, aptitudes de liderazgo y posible existencia de vínculos o relaciones que podrían causar eventuales conflictos de interés.
También se espera que la calificación de expedientes sea más que un proceso mecánico limitado a la verificación de la presentación de constancias. En este particular, es sumamente necesario que se justifiquen cada una de las determinaciones y que exista una exhaustiva verificación que evite ulteriores descubrimientos graves como los que se han hecho respecto a los méritos y las calificaciones académicas de actuales integrantes del Tribunal Supremo Electoral y de la actual Fiscal General.
Asimismo, es primordial que se garantice el ejercicio de la auditoría social en óptimas condiciones. Esto implica la necesidad de otorgar un tiempo prudencial para la presentación de tachas por parte de la ciudadanía, sobre todo en atención al ejercicio del derecho a la información pública, y a los plazos y procedimientos de la ley que regula la materia. Cabe destacar que dicha ley establece un plazo de 10 días que, además, puede ser prorrogable si se cumplen determinadas condiciones.
Finalmente, otro punto medular se encuentra en la jurisprudencia constitucional que existe con respecto a la elección que, de la nómina elaborada por la Comisión de Postulación, debe realizar el Congreso o el Presidente de la República. En cuanto a este tema, la Corte de Constitucionalidad (CC) ha establecido que para la elección o nombramiento debe existir un pronunciamiento objetivo, público y razonado. Ello en virtud de que los alcances de los principios orientadores de la Ley de Comisiones de Postulación no deben ser entendidos de forma limitada y aplicables únicamente a las Comisiones de Postulación, sino de forma integral a todos los momentos y etapas de la designación.
La necesidad de un pronunciamiento objetivo, público y razonado en el momento de la elección, corresponde además, con la demanda democrática de legitimidad en las designaciones. En ese sentido ha resuelto la CC en los Expedientes Acumulados 262-2010 y 318-2010, así como en el expediente 1169-2020. Por lo tanto, es fundamental advertir la trascendencia de demandar, especialmente, al Presidente de la República que debe elegir en mayo de este año a quien ocupará el cargo de Fiscal General, que cumpla con el deber de realizar un proceso de elección público y transparente que resulte en una elección razonada, objetiva, meritocrática, imparcial y debidamente comunicada.
Esta misma demanda debe observarse, también este año, ante el Congreso de la República, que debe elegir conforme a los mismos parámetros a quienes ocuparán el cargo de Contralor General de Cuentas y de Procurador de Derechos Humanos. Además, del deber de cumplir con la designación de Magistrados de Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones que aún se encuentra pendiente.
No obstante lo expuesto, la premura del contexto y las necesidades inmediatas no deben nublar un panorama más completo. Como ya se ha adelantado, en Guatemala debe promoverse una construcción integral y estructural contra la corrupción. Deben propiciarse vías políticas que abanderen soluciones técnicas, fundamentadas, efectivas, eficaces y viables a problemas multidimensionales, tales como la obsolescencia del modelo de Comisiones de Postulación en el país. Ese tema concreto, además, adelanta la discusión sobre otras instituciones que también agonizan: como la carrera judicial, la carrera fiscal, el servicio civil, la meritocracia, la educación superior y los colegios profesionales.
