Los economistas Elizabeth Quiroa y Rodrigo Asturias comentan las diferentes variables en las leyes recién aprobadas por el Congreso, mientras el PDH interpuso una demanda por la poca transparencia en una sesión legislativa donde se vedó el acceso a los medios.
Roxana Orantes Córdova
El primer elemento que resalta en la aprobación de la Ley de Rescate Económico a las Familias por los efectos causados por el COVID-19 y otras normativas, así como una ampliación presupuestaria, es la opacidad.
Las discusiones se prolongaron hasta la madrugada del viernes 3 y como hecho significativo, se vedó la entrada de los medios al hemiciclo. Ambos elementos muestran escasa transparencia. Al parecer, el sábado continuarán las discusiones en el Congreso, donde un grupo de diputados mostró su inconformidad con estas disposiciones.
El Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, expresó: “se debe respetar el artículo 35 de la Constitución Política de la República, que garantiza el libre acceso a las fuentes de información a los periodistas. Además, Rodas presentó un recurso de amparo ante la Corte de Constitucionalidad y propuso como terceros interesados a la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) y a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso.
La iniciativa 5757, que “contiene varios beneficios para los afectados por la emergencia actual”, fue aprobada de urgencia nacional con 93 votos. Esta ley dispone entregar Q75 diarios a los trabajadores que quedaron suspendidos por la emergencia y propone la entrega de bonos por Q1 mil a los afectados. Otras leyes aprobadas entre el 2 y el 3 de abril, fueron: un decreto que otorga US$60 millones al Ministerio Público, y otro decreto, que propone algunos beneficios sociales, como el diferimiento de pagos de servicios básicos mientras dure el Estado de Calamidad.
Además, se discutió en primer debate la iniciativa 5602, que aprobaría “un apoyo económico” de hasta US$150 millones para el programa de desarrollo de infraestructura vial. En segundo debate, se conoció la iniciativa que contiene una ampliación al Presupuesto General de la Nación y también en segundo debate, la ley que dispone aprobar US$300 millones para el Programa de Inversión y Modernización de la Justicia”.
“¿La ayuda gubernamental llegará a quienes de verdad la necesitan?”
Elizabeth Quiroa comenta: “ante un panorama de endeudamiento dramático, que suma miles de millones en deuda, existen algunas compensaciones. Por ejemplo, el precio del barril de petróleo ha bajado y esto incidirá en el precio de la gasolina, diésel y búnker, lo que podría reducir el costo de la energía eléctrica, por ejemplo”.
Sin embargo, señala, existen muchas variables en esta coyuntura. Entre otras, señala que tres millones de familias son receptoras de remesas. “Al sufrir una contracción en EE.UU., debido a la pandemia, se sentirá aquí porque el flujo de las remesas en la economía nacional es muy importante.
En cuanto al apoyo gubernamental para algunas familias, Quiroa se pregunta si esto llegará a quienes de verdad lo necesitan. “Mucha gente en el interior vive en extrema pobreza. Ellos no tienen energía eléctrica y entonces, ¿cómo se hará, si la base para seleccionar a los beneficiarios serán los recibos de energía?. Los trabajadores agrícolas y quienes viven de la economía informal también necesitan ayuda gubernamental para subsistir. Además, están resultando muy afectados quienes viven del turismo. No solo los hoteles, sino miles de artesanos. ¿Cuál será el mecanismo para garantizar que reciben los beneficios quienes realmente los necesitan?”.
Entre las consecuencias del endeudamiento estatal, señala que el gobierno deberá tomar en cuenta el pago de los intereses, que estarán presentes cada año en el presupuesto nacional. “El quetzal se podría devaluar y seguramente, el Banco de Guatemala intervendrá en el mercado”.
La ejecución de obra gris con parte de la deuda adquirida puede ser un aspecto positivo, en el sentido de generar empleo, dice Quiroa. Sin embargo, es un desacierto que se haya permitido ejecutar obras a los llamados Personas Expuestas Políticamente, quienes son los familiares de diputados y funcionarios. Estas personas podrán acceder al crédito, cosa que antes no podían.
Según dice, el gobierno debe tomar medidas inmediatas para paliar esta situación. Además de que las autoridades deben vigilar cuidadosamente la política monetaria, cambiaria y crediticia, sugiere que se implemente un impuesto único igual para todos los ciudadanos, que podría ser temporal o permanente pero que sin dudas, contribuiría a reactivar la economía.
“Podríamos llegar a la depresión”: Asturias
Rodrigo Asturias, economista y analista de datos de STOA, señala: “aparentemente, con la ampliación presupuestaria no hay problema. Era necesaria porque este gobierno inició con déficit. Sin embargo, en cuanto a los préstamos, considero que no están del todo bien porque meten cosas extras, ajenas a la prevención de la salud. Pareciera un aprovechamiento de la pandemia para otros fines. Cualquier préstamo que no esté enfocado en los fines que lo justifican no es correcto”.
“Es un bolsón de temas ajenos a la coyuntura y que no se enfoca solo en la pandemia. Esto es peligroso”.
En cuanto a los efectos económicos y las posibles medidas gubernamentales, explica que el BANGUAT podría sacar las reservas para evitar la devaluación. “Las exportaciones ya están sufriendo los efectos de una economía cerrada y a mediano o largo plazo, podríamos enfrentar una depresión, que sigue a un momento de recesión”, concluye.
