Desde posiciones contrapuestas, Ricardo Falla, señalado por el ex congresista Eliot Engel, y el politólogo Secil de León, exponen sus comentarios sobre un tema que ha permanecido como epicentro en un debate que abarca corrupción, soberanía, lawfare y una lucha contra la impunidad que parece ser un espejismo.
Roxana Orantes Córdova
La famosa «lista Engel», elaborada hace más de un año por el ex congresista demócrata Eliot Engel, fue divulgada finalmente por el Departamento de Estado estadounidense, que con el listado pretenden presionar a los gobiernos centroamericanos para que en la región denominada «Triángulo Norte» por un estratega militar estadounidense, se legisle y gobierne con apego al guión de los demócratas, informados por sus aliados de la llamada «sociedad civil» y medios de comunicación afines.
El listado es una versión posmoderna de aquellas famosas listas macartistas que durante la Guerra Fría aterrorizaron a Hollywood y señalaban de comunista a cualquiera que se apartara un poco de la narrativa imperante. Igualmente circularon listados de opositores ideológicos en las dictaduras fascistas y comunistas.
En una época en que la corrección política pretende invadir los últimos rincones del planeta, modificando hasta el lenguaje, no es raro que se hagan listados de esta naturaleza. Lo curioso es que no se trata de un gobernante amenazando a sus ciudadanos (o súbditos), sino de un Estado, el más poderoso del mundo, asustando «con el petate del muerto» a ex funcionarios de El Salvador, Honduras y Guatemala.
Y como por el momento estos tres países siguen siendo repúblicas independientes, el único recurso es la amenaza de retirar las visas a estos ciudadanos, algunos con señalamientos de corrupción y otros, activistas de derecha, como sucede en Guatemala con los miembros de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), a quienes se deniegan las visas por el «grave delito» de haber ejercido como defensores en causas que implican a ex militares.
«La lucha contra la impunidad, al final no es tal»: Secil de León
Más allá de la confrontación ideológica interna, De León propone la necesidad de que se indaguen los verdaderos objetivos que han motivado a EE.UU. para declarar non gratos a varios personajes centroamericanos, como forma de presión a los gobiernos. Según afirma:
«Al parecer, en los estamentos políticos con mayor poder en Washington, tanto en la Casa Blanca como en el Capitolio, se han repartido los intereses respecto a las riquezas que produce el norte de Centro América, especialmente Guatemala. Lícitos o no, son negocios rentables.
Uno es el narcotráfico y el otro la migración, de los cuales vino a hablar Kamala Harris en su primer viaje al exterior como vicepresidenta de los Estados Unidos de América, dejando claro entre líneas que los únicos tráficos permitidos son los que pasan por sus manos.
En la dinámica de los narcos, al asesinar a un enemigo o competidor no se le arrebatan los dólares y bienes acumulados. A través de estas listas – Engel y otras – y consecuentes procesos judiciales en los Estados Unidos y las lógicas órdenes de captura que significan orden de extradición que vendrán, empresarios, políticos y narcos estadounidenses sumarán a sus haberes o se quedarán con los bienes de los políticos corruptos, de los empresarios corruptos y de los narcos locales que logren meter presos allá en el Norte.
Teniendo claros dos: Biden y Harris, habrá qué identificar los segmentos de esa economía que interesan a los impulsores de aplicar esas sanciones en este país. Querer culpar a la izquierda guatemalteca de la guerra desatada entre delincuentes de allá y de aquí, raya en el paroxismo por parte de medios y actores locales. El lawfare o la guerra judicial, es un instrumento de la política exterior norteamericana contra aquellas personas que son consideradas obstáculos en la consecución de sus intereses.
Igual que la lucha contra la impunidad, que al final no es tal«.
«Agradezco al autor de la lista y sus promotores, han elevado mucho el perfil de la FCT»: Falla
Raúl Falla es un penalista que trabaja de forma independiente en su bufete y toda su actividad con la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), es pro bono. De esta fundación hay tres acusados: el presidente, Ricardo Méndez Ruiz, Raúl Falla y el abogado Moisés Galindo, en prisión preventiva hace casi cuatro años y a quien se han violado todos los derechos elementales, señala Falla, quien añade:
«La divulgación de la lista Engel por el Departamento de Estado parece una acción malévola o maliciosa. Contiene como mensaje algo como cuidado con realizar cualquier acción o proceso jurídico contra nuestros protegidos». Veo que este Imperio, el país más poderoso del mundo, siente la amenaza directa de un grupo de la sociedad civil que no se apega a su narrativa. La lista es como una operación quirúrgica de un cirujano plástico».
«No puedo cuestionar la lista. Es parte del ejercicio soberano de ese Estado declarar non gratos a quienes consideren conveniente, tal como los guatemaltecos declaramos non grato a Iván Velásquez. Sin embargo, quienes aplauden la lista y los propios estadounidenses, deben tener muy claro que en Guatemala tenemos nuestras leyes y pedimos que sean respetadas. Reitero que tienen todo el derecho de retirar la visa a quien deseen».
«La famosa lista ha sido mencionada hace bastante tiempo, y la mayoría de los enlistados ya habían sido mencionados. El elemento novedoso somos los de la FCT, y considero que están cometiendo un error al sindicar a ciudadanos particulares. Llama la atención que las listas negras socavan la presunción de inocencia y el debido proceso, puntales para la justicia estadounidense y de los que se precia ese país».
«Asimismo, llama la atención que incluyeran a dos magistrados, a quienes instamos a mantener la independencia judicial y no ceder a estas presiones. Por parte de la FCT, vamos a seguir accionando como siempre. Hoy interpusimos una denuncia contra Jordán Rodas, quien se atrevió a pedir la renuncia del presidente Alejandro Giammattei. No avalo la forma en que el gobierno ha gestionado la pandemia, pero hay muchos recursos como solicitar el antejuicio, por ejemplo. No procede que un funcionario pida la renuncia».
«Considero que la mal llamada sociedad civil, esos grupos de izquierda, están muy relacionados con esta lista, no me extrañaría que ellos la hayan elaborado. Y este sería un tercer elemento que llama la atención. Por ejemplo, Thelma Aldana, prófuga por la compra de un edificio fantasma y quien tiene varios delitos de corrupción denunciados e investigados, se reunió recientemente con Kamala Harris. Parece que los actuales activistas de izquierda tomaron el papel de los judiciales y ahora son ellos los que les hacen el trabajo sucio a los gringos».
«En mi caso, nada cambia con la lista, excepto el protagonismo mediático que los señalados hemos logrado. Desde que apareció se nos menciona y hemos recibido infinidad de llamadas y correos apoyándonos. Agradezco a los autores y difusores de la lista por este protagonismo que sucede gracias a ellos».
