Además de las denuncias penales por delincuencia común, cuya mora judicial es impresionantemente alta, los casos de derechos humanos y de corrupción parecen investigarse de acuerdo con lineamientos que no tienen relación con lo jurídico, afirma el penalista Raúl Falla, de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT).
Roxana Orantes Córdova
La mora judicial es un problema que parece rebasar al sistema de justicia. En 2017, había más de un millón de denuncias no resueltas (mora acumulada). Un informe del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN, 2017), afirmó que el sistema de justicia era “poco funcional”, porque de cada 10 casos penales que entraron al sistema, solo tres fueron resueltos.
El Ministerio Público (MP), reportó en 2017 una mora acumulada de 1 millón 79 mil denuncias sin resolver. En mayo del año siguiente, el número llegó a 1 millón 260 mil 581 casos y en enero de 2020 se logró reducir el número a 1 millón 183 mil 843 casos en el mes de enero de este año. Es decir, se alcanzó un número levemente superior a la mora reportada en 2017.
Los delitos relacionados con la corrupción parecieran tener otra suerte. Sin embargo, el penalista Raúl Falla asegura que en esos casos se evidencia, más que la falta de investigación, el abandono total de algunas denuncias que ni siquiera comienzan a gestionarse, mientras otros casos se trabajan inmediatamente y motivan capturas aparatosas, amplia exposición mediática y mucha parafernalia que muestran ante el público la eficiencia y eficacia de las acciones contra la corrupción.
Sin embargo, esta rápida y muy divulgada respuesta es solo la punta del iceberg de una realidad muy distinta. Según Falla, son muchos los procesos de corrupción relegados que sencillamente no se investigan, pese a que muchas veces corresponden a casos de defraudación millonaria al Estado, mientras los casos que merecieron toda la atención, algunas veces pudieron resolverse con simples citaciones a los acusados y representan sumas no significativas para el patrimonio nacional.
¿Casos más importantes que otros?
Por ejemplo, recuerda el abogado, a un ex funcionario que viajó en comisión de trabajo le allanaron la vivienda y lo capturaron con lujo de fuerza al volver del viaje, porque hubo un error en el formulario que llenó.
“Lo acusaron de malversar Q25 mil. Finalmente, fueron Q15 mil porque todavía traía cinco mil de regreso. Le fue retirada la visa, su nombre quedó en entredicho y perdió toda opción a solicitar crédito. Mientras, casos donde se han malversado millones al Estado, quedan olvidados y jamás avanzan”, expresó Falla.
“En casi todas las fiscalías hay casos que generan impunidad. Entre los casos que no avanzan en la Fiscalía Contra la Corrupción, dirigida por Stuardo Campo, están el de Oderbrecht, Filtraciones de la FECI, los señalamientos contra la ex ministra de Salud Pública y Asistencia Social Lucrecia Hernández y muchos otros en los que se han presentado pruebas suficientes pero permanecen engavetados”.
Casos que ingresaron mucho antes que, por ejemplo, el reciente del Libramiento de Chimaltenango, no han tenido ni la mitad del avance de este, que en un día reportó unas 30 capturas y marcha a toda velocidad, opina el abogado.
Entre denuncias que no han sido atendidas, menciona dos en las que interviene la FCT: una, contra el entonces representante del GAM, Mario Polanco, por entrega de cheques del Programa Nacional de Resarcimiento (PNR), a personas inexistentes, y otra también relacionada con el PNR, que involucra a Orlando Blanco y Jairo Flores, “sindicados de graves hechos de malversación, cuando laboraron en el Fondo Nacional Para la Paz, en los proyectos públicos denominados “Pollos Pelucos” y “Vivienda”, por cientos de millones de quetzales, dentro de los expedientes MP001-2015-104387 y MP001-2015-102687, respectivamente, donde la Fundación Contra el Terrorismo es denunciante”, señala una columna de Falla publicada hoy, donde cuestiona fuertemente al fiscal Stuardo Campo.
Falla insiste en que no está pidiendo ninguna clase de privilegio. Según dice, considera que todos los acusados, incluso los denunciados por la FCT, deberían tener derecho a procesos justos. Pero la realidad actual es que “algunos casos pasan años dormidos y otros mucho más recientes, se resuelven de manera inmediata”.
