Desde dos perspectivas radicalmente distintas, los abogados Jorge Morales Toj, del Comité de Unidad Campesina (CUC) y Raúl Falla, de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), comentan los posibles escenarios que se presentan a partir de que hoy concluyó el proceso de elección y designación de magistrados a la Corte de Constitucionalidad (CC).
Roxana Orantes Córdova
Esta mañana, el Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), designaron a sus representantes ante la CC. Entre los elementos que resaltaron en la jornada están la evidente discrepancia entre el vicepresidente y el presidente, luego de que Guillermo Castillo presentara un listado de varios candidatos a Alejandro Giammattei, quien los desestimó.
Además, las protestas iniciadas desde ayer por el CUC y otros grupos civiles, así como la renovación de una campaña que ya es periódica y aparece cada cierto tiempo con el hashtag #Renuncia Giammattei.
El tercer elemento de color fue la supuesta filtración a una agencia de prensa de información bajo reserva sobre el caso Comisiones Paralelas. En medio de este caos, grupos que propusieron y apoyaron a candidatos para la CC objetan los procesos.
Por su parte, gremiales de empresarios, como la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), emitió un comunicdo en el que expresa:
- Con la designación de los magistrados por el Organismo Ejecutivo y el Organismo Judicial, queda integrada la nueva magistratura de la Corte de Constitucionalidad.
- Los nuevos magistrados, electos y designados, deben asumir de forma legítima el próximo 14 de abril.
- Ningún recurso legal debe ser utilizado como mecanismo para prorrogar el plazo de la actual Magistratura.
- El cumplimiento de los plazos fortalece el Estado de Derecho, genera un clima de certeza jurídica y fortaleza institucional favorable, para el desarrollo económico de los guatemaltecos.
La coyuntura plantea varios escenarios, pero tal como la CIG, un fuerte sector de la ciudadanía considera idóneo el escenario en que los magistrados asumirán el 14 de abril, como manda la ley.
A continuación, los posibles escenarios que pueden plantearse, según los entrevistados:
«Parece que hay interés en poner en un limbo el proceso», señala Morales Toj
El abogado del CUC afirma: «quienes seguimos de cerca estos acontecimientos políticos, consideramos que no hay nada sorprendente en el nombramiento de la magistrada titular desde el Ejecutivo, aunque sorprende que el suplente sea un abogado más vinculado con el gremio corporativo. Similar caso vemos en la CSJ, donde los votantes de Roberto Molina Barreto acudieron a reiterar su posición de hace pocos meses».
«Una sorpresa es que hayan transmitido la designación del Ejecutivo, pero nos quedó a deber que no se hubiera establecido un mecanismo para evitar la discrepancia pública con el vicepresidente».
Según Morales Toj: «preocupa que puedan caerse las elecciones del Consejo Superior Universitario (CSU) y en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), lo que pondría en disyuntiva la seguridad jurídica en el proceso».
En cuanto a la nueva CC, si se integra a tiempo, considera que: «la nueva CC tiene un gran compromiso para mantener la certeza jurídica y la justicia constitucional para todos. Ojalá quienes fueron electos garanticen el acceso de todos a la justicia constitucional. Y ojalá mantengan la jurisprudencia ya establecida, evitando sesgarse, por ejemplo, abriendo las puertas a candidaturas como la de Zury Ríos».
«Parece que existen intereses en poner el proceso en el limbo, y el reto de la sociedad civil debe ser fiscalizar la nueva CC, garantizar la transparencia de esa institución y contribuir con asegurar que la nueva CC respete la jurisprudencia».
Gloria Porras perdió su posición privilegiada
«No dudo que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), implemente varias acciones, entre estas órdenes de aprehensión. Son capaces de aprovechar el momento en que los nombrados renuncien y pierdan su inmunidad para plantear estas acciones, e impedir que asuman», expresa Raúl Falla.
«Todos hemos visto que Francisco Sandoval puede utilizar a su antojo el juzgado de Erica Aifán, donde la misma causa serviría para incluir estas acusaciones en un caso que data de 2016, para saltarse el trámite legal de solicitar al MP que pase la acusación a un tribunal de Mayor Riesgo».
A partir de acciones punitivas contra Néster Vásquez y Leyla Lemus, el escenario se complicaría y podría llegarse a la repetición de la elección en el CANG, señala Falla, quien explica que en el caso del Ejecutivo, el proceso no es impugnable pero podría promoverse que se nombre a un suplente provisional «como sucedió con Bonerge Mejía».
Además, la elección de Gloria Porras por el CSU fue impugnada, debido a que el proceso fue irregular. «Los votos deben ser secretos, debido a que el voto de viva voz se presta a tráfico de influencias, coerciones y otras irregularidades», explica Falla, quien añade que Porras tiene dos procesos de antejuicio inminentes: el interpuesto por la Asociación de Dignatarios de la Nación y uno de la FCT.
«Si le retiran el antejuicio, otra magistratura quedaría vacante. Ese es un escenario complicado pero probable: por lo menos tres magistrados que no logren asumir por los elementos ya citados».
Falla coincide con un amplio sector en que el escenario ideal será el inicio de la nueva magistratura conforme ordena la ley, el 14 de abril próximo.
«Esperamos que los cinco tomen posesión ese día y comiencen a trabajar por el país, por la reactivación económica y una correcta interpretación de las leyes. La diferencia sería que Gloria Porras ya no estará en una posición privilegiada desde donde coacciona y amenaza a otros magistrados con quitarles la visa estadounidense. Tendrá que razonar su voto disidente. Esperamos que la nueva CC actúe como un órgano colegiado donde se respeta la votación mayoritaria. Esperamos que esos magistrados electos vengan a crear bienestar común, paz social y certeza jurídica», señala.
Y concluye: «en cuanto a los magistrados Francisco de Mata Vela, Cristina Fernández, Mynor Par Usen y Henry Comte, que se preparen a enfrentar las varias denuncias que hemos interpuesto contra ellos, y que seguramente deberán comenzar a tramitarse en el momento en que pierdan la inmunidad», concluye.
