La defensa de la libertad individual, la propiedad y el Estado de Derecho impulsaron a esta abogada a integrarse en la Liga pro Patria, organización que hace más de veinte años incide en diferentes aspectos de la coyuntura nacional.
La Liga pro Patria ha estado presente en momentos de relevancia nacional, como la aprobación de la Ley de Adopciones impulsada por la Organización de Naciones Unidas (ONU) y el intento de reformas constitucionales que la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), quiso imponer en el país.
Carlota Torres se considera una mujer privilegiada, que presenció “la llegada del hombre a la Luna, el auge de los Beatles, el éxito y caída de Elvis Presley”, comenta.
En entrevista exclusiva para Perspectiva, la jurista se refiere al momento actual que vive Guatemala, donde el sistema de justicia está penetrado por una corriente que busca imponer “la agenda del Foro de Sao Paulo”, según afirma.
Para evitar esta captura del Estado, la Liga pro Patria permanece vigilante y denuncia las irregularidades de la justicia, en el ámbito nacional e internacional. “Hay magistrados y jueces vende patrias en varias instancias. Han actuado amparados por la CICIG, pero ellos son guatemaltecos y deberán responder por sus delitos hasta 20 años después de que dejen sus cargos”, afirma.
¿Cómo se integró a la Liga pro Patria?
Considero que los abogados hacemos política todo el tiempo, sin ser políticos. El conocimiento de las leyes y los efectos de su mala aplicación, así como las transgresiones a la Constitución Política de la República, pacto social que nos sostiene, son parte de la cotidianidad para los abogados.
En la Liga pro Patria encontré un grupo dispuesto a defender la Constitución y el Estado de Derecho. Es una agrupación que ha llegado a tener voz y presencia en momentos álgidos de la coyuntura nacional.
¿En qué momentos?
Por ejemplo, cuando se modificó la Ley de Adopciones, entre 2006 y 2008, estuvimos apoyando la vida, en oposición a una normativa impuesta por la ONU y UNICEF. Fue una lucha titánica y una batalla perdida.
Hubo de por medio mucho dinero y el apoyo a la ley de grupos pro derechos humanos y organizaciones no gubernamentales. Incluso hubo apoyo estadounidense.
El resultado de este cambio normativo es que el Estado se encarga de los niños en orfandad o abandono. Una de las consecuencias fue el caso del Hogar Seguro, donde 47 niñas a cargo del Estado murieron calcinadas.
Esto pasa cuando el Estado se encarga de asuntos que no le debieran corresponder. La mayor parte de niños huérfanos no son adoptados, sino institucionalizados, pasan de un lugar a otro sin familia. Nuestra posición como Liga pro Patria es que el niño necesita una familia. La ley anterior regulaba las adopciones y los padres adoptantes les ofrecían una familia.
También fuimos parte de la lucha contra las reformas constitucionales, que finalmente fue una victoria con la ley en la mano. Logramos incidir en el Congreso y finalmente, no se aprobó una propuesta promovida por la CICIG, que no estaba facultada para intervenir en modificaciones constitucionales, según la Convención de Viena, que norma las relaciones diplomáticas.
En ese intento de cambiar la Constitución se pretendía debilitar todo el sistema y que el Organismo Judicial (OJ) estuviera sobre los otros poderes del Estado. Fue una batalla ganada pero debemos mantener la vigilancia.
¿Qué opina sobre la CICIG?
Ya no existe. Con acciones, como videoconferencias, comunicados de prensa y la presencia de sus mandatarios en algunos juicios, tratan de hacer creer a la ciudadanía que siguen vigentes.
Hay jueces que rechazan esta presencia. Otros, como Miguel Ángel Gálvez, la aceptan.
Un dato importante es que todos los procesos en los que intervino la CICIG son insostenibles por falta de pruebas. Desde Otto Pérez y Roxana Baldetti, a los hermanos Valdés Paiz, Moisés Galindo y muchos más.
Por ejemplo, contra Galindo se aceptó como prueba la grabación de una plática entre cliente y abogado, lo cual es inaceptable, pero fue aceptada como la prueba que tiene a Galindo en la cárcel, mientras la señora a la que defendía, se involucró en una relación con el investigador.
¿Qué otras instituciones fueron capturadas?
La Corte de Constitucionalidad (CC), fue intervenida por la CICIG, donde por lo menos tres de sus magistrados avalan y dictan resoluciones ilegales. Se fabrican pruebas, se usurpan funciones. Tenemos veinte años para demandarlos por violaciones contra la Constitución Política de la República. No van a salir de sus puestos como si hubieran hecho grandes obras sino todo lo contrario.
¿Cuál es la consecuencia de esto?
Implica la debilidad del OJ. Muchos jueces fueron amenazados por la CICIG que dirigía Iván Velásquez. Si no cumplían las órdenes de esa comisión, eran amenazados con ser procesados por mínimos errores, en ocasiones por delitos falsos.
Actualmente, la ciudadanía no confía en el OJ. Todo esto es parte de un plan surgido del Foro de Sao Paulo, que pretende destruir las instituciones para apoderarse de ellas.
La idea de esta penetración de la justicia y las instituciones es la destrucción de nuestra identidad. Quieren terminar con Guatemala y su cultura, con sus riquezas. Buscan apoderarse del agua, de las minas.
¿Qué papel juega el Tribunal Supremo Electoral en esta coyuntura?
Ha sido una institución ejemplo de democracia. Actualmente, hay magistrados vende patrias, como se evidenció con la firma de un acuerdo entre el TSE y la CICIG. Ninguno de los dos firmantes tenía facultad para firmar ese pacto ilegal y sin embargo lo hicieron.
¿Cuál es su opinión sobre la candidatura de Thelma Aldana y el grupo Semilla?
Semilla es una agrupación donde hay varias personas que hace décadas intentaron alcanzar el poder pero no lo lograron. Ahora buscan hacerlo por la vía legal.
Aldana es una candidata con muchos frentes abiertos. No ha aclarado muchas de las anomalías que se evidenciaron cuando fue Fiscal General. Tiene derecho a participar y ojalá se cumpla la ley en la inscripción de su candidatura y no haya favoritismos.
¿Estamos ante un proceso electoral inédito?
Más que inédito, es un proceso irregular. El TSE debe garantizar la independencia y la transparencia de las votaciones. Sin embargo, están violentando nuestros derechos.
Actualmente, hacen todo lo posible para que no se inscriban los candidatos que no les gustan y allanan el camino a quienes son sus afines. Por ejemplo, los casos de Zury Ríos (VALOR) y Sandra Torres (UNE).
Además, la censura que pretendieron imponer. Aunque se eliminó el reglamento de censura, han anunciado que van a censurar también las redes sociales. Todo esto motiva desinformación e incertidumbre entre los ciudadanos. Y una de las consecuencias es la escasa motivación de los jóvenes para votar.
¿Qué pasará si el próximo mandatario decidiera renegociar el acuerdo de la CICIG?
Es fundamental que estemos vigilantes ante el Congreso, que decidiría al respecto. Es el voto del Legislativo el que puede determinar esto.
