Miami Beach, conocida por su esplendorosa costa y vida nocturna, enfrenta un dilema crítico con la reciente aprobación de una ordenanza que permite el arresto de personas sin hogar que duerman en lugares públicos y se nieguen a alojarse en refugios. La legislación, que entrará en vigor en los próximos 10 días, elimina la necesidad de que las autoridades avisen antes de proceder con la detención, según informa The Miami Herald.
Redacción Perspectiva
El alcalde Dan Gelber y los Comisionados Alex Fernández, Kristen Rosen González y Steven Meiner respaldan esta medida, argumentando que los arrestos solo se llevarán a cabo si hay camas disponibles en los refugios. Rosen González enfatizó que el objetivo es buscar soluciones para una población que a menudo ignora las leyes locales y vive al margen de la sociedad.
No obstante, no todos están de acuerdo con esta nueva ordenanza. Los Comisionados Ricky Arriola, David Richardson y Laura Domínguez votaron en contra. Arriola argumentó que la ciudad debería centrarse en encontrar soluciones para aumentar la oferta de viviendas asequibles en lugar de criminalizar la falta de vivienda.
Miami Beach ha enfrentado dificultades para proporcionar viviendas asequibles en la última década, mientras que los costos de la vivienda han aumentado significativamente. Esta medida podría empeorar la situación para las personas sin hogar en la ciudad, independientemente de las intenciones detrás de la ordenanza.
La ciudad ha asignado USD 7.6 millones en su presupuesto para servicios y aplicación de la ley relacionados con la falta de vivienda. Además, está invirtiendo USD 2 millones para financiar 45 unidades de vivienda permanente y 10 camas de refugio para la población sin hogar de Miami Beach en ubicaciones fuera de la ciudad.
Las críticas no se han hecho esperar. Tracy Slavens, miembro de la junta directiva del refugio Lotus House, expresó su oposición a la ordenanza propuesta, argumentando que podría tener un impacto negativo en las personas sin hogar, creando antecedentes penales que dificultarían su búsqueda de empleo o vivienda. Rachel Prestipino, vicepresidenta de política y participación comunitaria de Catalyst Miami, calificó la ordenanza como una criminalización de la falta de vivienda.
A pesar de la aprobación de la ordenanza, surge la preocupación de que esto podría abrir la puerta a litigios futuros. La ordenanza entrará en vigor en diez días después de ser aprobada por un voto de 4 a 3 en la comisión de la ciudad, desatando un debate continuo sobre cómo abordar el creciente problema de la falta de vivienda en Miami Beach.
