Mario Mérida
La migración o el nuevo nomadismo del presente siglo, es un asunto con el que deberán lidiar no solamente los gobiernos de donde emigran, sino los estados hacia donde pretenden llegar; pero fundamentalmente los organismos internacionales. Ya no es suficiente emitir resoluciones exigiendo a los países generadores de la migración la resolución de los problemas sociales -violencia, pobreza, desempleo, precariedad educativa y de salud-, o de condenar a los países reacios a recibirlos; se trata de crear un fondo mundial para atender el problema globalmente, más allá de los esfuerzos aplaudibles de entidades como USAID, que sin duda ayudan a mitigar la crisis.
Llegó el momento de crear nuevos espacios* geográficos para el asentamiento de estas enormes multitudes de seres humanos, que se desplazan buscando mejores estándares de vida, como hace 100,000 años en Africa. El ejemplo podría ser considerado exagerado, pero la migración actual es de núcleos familiares, no de personas individuales que emigran -como ocurría anteriormente- hacia otros países a trabajar y consolidar su estadía, para luego reunir a la familia.
La poca atención al fenómeno migratorio global por parte de los gobiernos y organismos internacionales, creó las condiciones ideales para el aumento de una actividad criminal altamente rentables por medio de los denominados “coyotes”, que deberían denominarse traficantes de personas.
La atención de la migración y la intervención del crimen organizado en el aprovechamiento de esta, requiere de esfuerzos interestatales entre los países con espacios geográficos compartidos por fronteras terrestres (Guatemala-México). Casos como el ocurrido recientemente en Chiapas, México, en el cual fallecieron 50 migrantes guatemaltecos que viajaban clandestinamente en un transporte de carga (09/12/2021) no ocurrirían de existir mejores controles por parte de los países involucrados. Las muestras de consternación “ONU urge a México que investigue el accidente en Chiapas que dejó 56 migrantes muertos”, son bienvenidas, pero, como se señaló anteriormente* no resuelven el problema de fondo.
En cuanto al crimen organizado en nuestro país, es claro que se ha fortalecido en su tercera etapa -simbiosis- a la que anteceden la predatoria y parasitaria como lo explica Peter Lupsha (1996). La última etapa ocurre cuando el Estado “no tiene capacidad de enfrentar a los criminales y el rescate debe provenir de una fuerza externa. Desde este punto de vista, es fundamental que cada país ubique cuál es el grado de evolución del crimen organizado” El problema central para los analistas serios, no es identificar la etapa que se encuentra el crimen organizado, sino encontrar las razones por las cuales evolucionó a ese punto.
A simple vista, se podría asegurar que ocurrió por la ausencia de Estado, en momentos cruciales de su evolución histórica y de los cambios globales hasta nuestros días. Por ejemplo, todavía se escuchan algunas voces de personas de la tercera edad (80 a 90) parcialmente en extinción, exclamar ¡malaya, gobernara el país don Jorge Ubico¡
¿Acaso los cambios políticos, internos y geoestratégicos, crearon las condiciones para que las “bandas criminales”, compuestas fundamentalmente por pandillas violentas, que podrían haber sido ser controladas por las instituciones policiacas, en su momento penetraron el Estado (etapa predatoria) y corromperlo (etapa parasitaria), al punto que algunas expresiones del crimen tienen de rodillas a la sociedad guatemalteca?
Alda, Sonia, en su ensayo ESTADO Y CRIMEN ORGANIZADO EN AMÉRICA LATINA: POSIBLES RELACIONES Y COMPLICIDADES (2014), indica que para superar la debilidad estatal es necesario articular esfuerzos entre “… el sistema de justicia, penitenciario y policía, herramientas imprescindibles para enfrentar el crimen organizado”. Ya que: “En buena parte de la región latinoamericana estas instituciones se encuentran desbordadas e incapacitadas para afrontar las demandas de seguridad que la ciudadanía exige”.
Quizás, un análisis multidisciplinario de la criminalidad local e internacional, sería útil para concebir e implementar políticas de Estado, que superen las políticas, planes, programas y proyectos de los Organismos de Estado y sus dependencias. El ofrecimiento político de seguridad, dejó de ser una oferta electoral rentable, de allí que exista un aumento de armas en manos de personas civiles.
