El pasado domingo se cumplieron dos años en que el Ministerio Público en conjunto con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, develaron el caso denominado “La Línea” que se dedicó a la defraudación aduanera, con la cual se desprendieron otros casos que demostraron la cooptación del Estado.
La estructura criminal encabezada presuntamente por el expresidente de la República, Otto Fernando Pérez Molina, la exvicepresidenta Ingrid Roxana Baldetti Elías, otros funcionarios, empresarios y particulares que, por medio de redes político económicas ilícitas, montaron todo un andamiaje para enriquecerse de manera ilegal.
Fue el 16 de abril del 2015, que el Ministerio Público y la Cicig informaron sobre el trabajo de investigación, lo cual permitió descubrir la maraña que fabricó la agrupación criminal, que su principal propósito fue corromper el sistema aduanero en las principales aduanas del país, particularmente en Puerto Quetzal, Escuintla.
Las pesquisas iniciaron en mayo de 2014, con la sospecha de que un grupo de importadores estaban involucrados en acciones de contrabando, quienes tenían contacto con una red de tramitadores aduaneros para evadir el pago real de impuestos. Para ello la red proporcionaba a los importadores un número telefónico conocido como “la línea”, la cual a través del análisis e interpretación de la información recolectada en las interceptaciones telefónicas se estableció que parte de la estructura estaba integrada por funcionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria en una primera instancia.
Al continuar con las pesquisas se logró establecer que la estructura era dirigida por la pareja presidencial del Partido Patriota. Sus principales operadores fueron Juan Carlos Monzón Rojas, quien era Secretario Privado de la Vicepresidencia y Salvador Estuardo González Álvarez, quien fuera contratado para llevarles las finanzas a ambos exfuncionarios.
Tanto Monzón Rojas, González Álvarez y Jorge Alfredo Guillén Sagastume, fueron aceptados como colaboradores eficaces, por parte del Juzgado B de Mayor Riesgo quien controla el proceso. También se determinó que los tramitadores y vistas aduaneros se comunicaban y respondían jerárquicamente a otro grupo delictivo externo a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
Se estableció que mandos altos y medios de esta institución se comunicaban y respondían jerárquicamente ante los miembros de dicha estructura, quienes tomaban las decisiones estratégicas relativas al pago de menos impuestos en las aduanas; determinar la política de recaudación aduanera; colocación de funcionarios superiores en la SAT, entre otras.
Durante la investigación (mayo 2014 a febrero 2015) al menos 500 contenedores pasaron por parte de esta estructura, lo que significó un elevado poder de generación de ingresos. Sin embargo, el caso no depende de testimonios en el proceso judicial. Tanto el Ministerio Público como la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala sustentan su acusación con pruebas científicas con más de 66 mil sesiones de interceptación telefónica, más de seis mil comunicaciones electrónicas, análisis e interpretación de la información recolectada y cotejo y análisis de documentación por expertos financieros.
Dos años
Han pasado ya 24 meses en que se dio a conocer el caso de corrupción. Sin embargo, el proceso sigue entrampado por una serie de acciones legales interpuestas por los acusados. A la fecha se han presentado 26 amparos ninguno de ellos por parte del Ministerio Público, 29 apelaciones, de ese número total dos han sido solicitados por el ente investigador. De igual forma, los otros sujetos procesales han interpuestos cuatro exhibiciones personales, un recurso en queja y un incidente de inconstitucionalidad en caso concreto.
En estos dos años se ha impedido que se lleve acabo la audiencia de etapa intermedia en la cual el juez Miguel Ángel Gálvez debe resolver si los 62 sindicados deben enfrentar juicio. El próximo 18 de abril, el Juez conocerá dos recusaciones, que de resolverse podría abrirse la puerta para que se lleve a cabo la audiencia para resolver si van a debate los procesados.
Emblemático
Juan Francisco Sandoval, Fiscal de Sección, de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, del Ministerio Público, expresó que lo más emblemático del caso La Línea, fue el despertar de la población que salió a las calles a exigir justicia. Del caso La Línea se desprendieron otras investigaciones como El Bufete de la Impunidad, Cooptación del Estado, el crédito fiscal a Aceros de Guatemala.
Fuente: MP
