Raúl Falla, abogado de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), explica que Mynor Moto es un magistrado electo, por lo que goza del derecho al antejuicio. El Consejo de la Carrera Judicial divulgó una carta en la que ratifica la acreditación formal de Moto como magistrado, mientras al final del día, medios de comunicación no vacilaron en calificarlo como prófugo.
Roxana Orantes Córdova
Luego de varias acciones de hostigamiento que algunos activistas de izquierda implementaron contra el magistrado Mynor Moto, a mediodía de hoy se conoció que “MP/FECI solicitó orden de detención contra Mynor Mauricio Moto Morataya y Dennis Billy Herrera Arita, por el delito de conspiración para la obstrucción de justicia”.
También hoy en el MP fue presentada una denuncia penal contra Moto y contra la Sala de Apelaciones, por Eddie Cux, de Acción Ciudadana, y Luis Compá, representante de la “Red Nacional de Comisiones y Colectivos Ciudadanos por la Transparencia” (grupo fundado en 2020, cuando firmó una carta de entendimiento con la Procuraduría de los Derechos Humanos).
Entretanto, la FCT presentó un recurso de exhibición personal a favor del magistrado y una acción contra la juez Erica Aifán y el jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, para que se deje sin efecto una orden de captura que varios abogados consideran ilegal y absurda.
La vivienda y juzgado de Moto fueron allanados, así como el Consejo de la Carrera Judicial. Ello, pese a que anteriormente Juan Francisco Sandoval había solicitado el retiro de antejuicio, lo que implica el reconocimiento de que Moto goza de ese derecho. Todas estas acciones se enmarcan en el aval de funcionarios estadounidenses y los donantes de la CICIG, conocidos como G13.
Los antecedentes de una historia polémica
La narrativa que aboga por impedir que Mynor Moto asuma la magistratura por un período breve, presenta al juez como prevaricador, aliado al pacto de corruptos y electo gracias a la complicidad del Congreso de la República, donde fue juramentado.
Más de un detractor de Moto ha afirmado que este fue “electo por el Congreso”, desconociendo que el juez resultó electo por más de tres mil votos de abogados colegiados activos, en un proceso donde Estuardo Gálvez, ex rector de la universidad nacional, obtuvo un número de votos similar pero menor.
Según el comunicado del MP, Moto y Denis Billy Herrera Arita “están relacionados con la concertación de un grupo de personas, a fin de defender sus propios intereses o de terceros en el proceso de postulación para magistraturas de altas cortes”.
Herrera Arita fue comisionado de postulación y fue mencionado en el caso Comisiones Paralelas. Pidió una audiencia de discrepancia y posteriormente el Juzgado Tercero, a cargo de Moto, mandó una duda de competencia, narra un abogado.
Desde que Moto obtuvo más votos en la primera vuelta de la elección, una serie de acciones tendientes a impedir su llegada a la CC se han realizado.
La solicitudes de antejuicio contra Moto, interpuestas contrarreloj cuando había iniciado el proceso; el retardo del CANG para convocar segunda vuelta; posteriormente, la reticencia para enviar el resultado al Congreso, al que grupos de la “sociedad civil” acusan de actuar en oposición a un recurso de amparo interpuesto para frenar otro amparo anterior que ordenaba la juramentación.
Según los medios, Moto es prófugo. Esto automáticamente elimina el derecho de antejuicio del cual goza, como juez y como magistrado juramentado. Más de un abogado ha señalado que la causa 01073-2016-00359 corresponde a un caso de 2016 que durante cuatro años estuvo bajo reserva, lo que excede el plazo normal para que un caso esté bajo reserva.
En este número de causa fueron adjuntados por lo menos otros ocho procesos, lo que tiene una explicación. Para que un caso sea asignado al juzgado de mayor riesgo que dirige Aifan, la FECI debe obtener la autorización de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Adjuntándolos a la misma causa, evaden la posibilidad de una negativa y garantizan que Aifan se encargue de esos casos, coinciden abogados.
La captura contra Moto obvia el derecho de antejuicio, ante el silencio de la Fiscal General Consuelo Porras y los magistrados de la CC, quienes según varias opiniones, estarían amordazados por el terror a perder el visto bueno de las autoridades estadounidenses. Porque perder la visa, señala una fuente que prefiere no ser citada, va más allá de no visitar EE.UU. Es un estigma con el que pocos funcionarios quieren cargar.
“Somos testigos de la violación a las garantías básicas del debido proceso”
“Hoy vimos cómo se violan las garantías básicas del debido proceso y la presunción de inocencia por Aifan y la FECI. Nos sorprendió cuando los medios dieron la noticia sobre la orden de captura, sabiendo que jueces y magistrados gozan del antejuicio como una coraza”, explica Falla.
“Blanca Stalling, Otto Pérez Molina, Roxana Baldetti y otros funcionarios han gozado de este derecho. Primero, se establece el retiro de antejuicio, posteriormente se investiga y se demuestra la inocencia o culpabilidad. Sumado a esto, en un proceso que data de 2016 se están sumando supuestos sucesos de 2019. Es evidente que pretenden tener a la doctora Aifan al frente de este caso”, indica.
“A partir de hoy, se sienta un precedente. El derecho de antejuicio ha perdido valor y no es ninguna garantía para los funcionarios. Desconociendo deliberadamente la ley, la FECI y el juzgado de Aifan están dispuestos a emprenderla contra quien no cumpla sus caprichos, con la venia de la Fundación Mack y sus donantes”.
“Hay un claro delito en la orden de captura contra Moto, debido a que además de gozar de antejuicio como magistrado electo, la excedencia otorgada al juez es el equivalente a un permiso, por lo que no ha perdido su estatus de juez. Esperamos un pronunciamiento de la Fiscal General, porque hoy se dañaron severamente la autonomía y la independencia judicial”.
