Lesvia Hernández y Horst Spitzke, especialistas en seguridad estratégica, comentan la situación de Nahualá. Desde dos perspectivas diferentes, ambos coinciden en que, cuando la violencia criminal asola las comunidades, el Estado debe aplicar la ley.
Roxana Orantes Córdova
La violencia criminal en Nahualá trasciende el conflicto limítrofe centenario. En octubre de 2020, el gobierno informó sobre los avances en las mediciones de los límites, en un esfuerzo encabezado por el vicepresidente Guillermo Castillo.
Sin embargo, la matanza colectiva ocurrida en diciembre de 2021, además de varios ataques contra fuerzas de seguridad, el último de ellos el 7 de enero. La respuesta gubernamental parece poco contundente, al considerar la gravedad de los sucesos.
El 9 de enero (dos días después de que fuera asesinado un policía y varios agentes estatales heridos en una emboscada), el presidente Alejandro Giammattei ofreció recompensa monetaria por los cuatro sospechosos de los asesinatos de diciembre, donde niños y adultos fallecieron con signos de extrema violencia.
Respuesta estatal confusa y poco contundente en Nahualá
El primer elemento en la respuesta estatal, es la confrontación pública entre el mandatario y Jordán Rodas, el Procurador de los Derechos Humanos (PDH), a quien se señaló de no brindar acompañamiento, mientras Rodas asegura que la PDH cumplió su función.
Sin embargo, la gravedad de los sucesos, el contexto y los antecedentes de los hechos, demuestran claramente que el conflicto en el lugar no es un diferendo limítrofe que requiera la presencia de la PDH, sino más bien, una seria confrontación que evidencia el poder del crimen organizado en determinadas localidades de Guatemala.
Es un secreto a voces que la zona se convirtió en terreno propicio para la siembra de amapola y marihuana. Es notorio que los criminales que asesinaron niños en diciembre y emboscaron agentes en enero, tienen armas de grueso calibre.
En medio de la confusión y la violencia, el alcalde de Nahualá, Manuel Guarchaj, visitaba hoy un restaurante de comida rápida en Esquipulas, Chiquimula, y según se conoció, el auto en que viajaba tenía reporte de robo.
Aunque Guarchaj no fue capturado y la Policía Nacional Civil señaló que hubo una confusión, es revelador que la máxima autoridad edil del municipio se tome un respiro mientras en el lugar que administra se presenta una situación de violencia e ingobernabilidad incontrolable.
«No hay una instancia de diálogo sólida», afirma Hernández
Doctora en seguridad estratégica, con varios años de experiencia en análisis estratégico y mediación de conflictos desde instancias estatales e internacionales, Lesvia Hernández enfatiza en que si bien se han instalado mesas de diálogo durante décadas, no existe una instancia sólida y el manejo del tema por este gobierno fue un despropósito.
Según indica, en el caso de los conflictos territoriales, Guatemala contaba con la Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA), desarticulada por este gobierno, que en lugar de ello, envía fuerzas de seguridad sin competencia en el tema, como el Ejército.
Tampoco es totalmente real que no haya presencia estatal, señala. Y además de que sí hay presencia estatal en Nahualá: «Se han dado numerosas mesas de diálogo y debe mencionarse que en esas instancias, es indispensable la confianza y comunicación entre las partes».
Sin embargo, señala que los últimos eventos en el lugar son un problema de seguridad, más allá de un conflicto que pueda resolverse mediante la negociación. «Lo recomendable es que pueda encontrarse un mediador de confianza, y restablecer el orden», concluye.
«La ley no debe politizarse ni negociarse», señala Spitzke
Horst Spitzke, miembro de la Asociación para la Defensa de la Propiedad Privada (ACDEPRO), es especialista en análisis estratégico, que ha realizado a nivel nacional y regional.
Según afirma:
«Lamentablemente, el Estado es débil en seguridad a partir de la firma de la Paz. La reducción de los destacamentos permitió la proliferación de grupos al margen de la ley. Es necesario que el gobierno imponga el control de la ley y el orden, no solo en Sololá, sino en vastos territorios, por ejemplo toda la Franja Transversal del Norte».
Para Spitzke, la violencia que hemos visto últimamente en Sololá, donde criminales asesinaron de forma muy sanguinaria a varias personas, es un hecho que debe ser atendido inmediatamente. Más allá de que tengan identificados a los presuntos autores, es necesario que se imponga el orden en el lugar.
«Con la ley no se negocia. No debe confundirse ley con política. Es necesario ver la respuesta de las autoridades municipales. ¿Cuánto más vamos a esperar?», concluye.
