Un grupo de expertos de la ONU acusó al gobierno de Nicaragua de aumentar en forma exponencial las violaciones de los derechos humanos el último año, al presentar ayer un informe que llama a reforzar las sanciones internacionales contra Managua. La intensa represión ejercida por el Gobierno de Daniel Ortega y su entorno prácticamente ha conseguido eliminar todas las voces opositoras o críticas dentro del país, afirma el informe.
Redacción Perspectiva
Según documentaron medios internacionales, el reporte del Grupo de Derechos Humanos sobre Nicaragua afirma que el gobierno de Ortega perpetra «abusos y crímenes» para «eliminar todas las voces críticas y disuadir, a largo plazo, cualquier nueva organización e iniciativa de movilización social».
Además, señala que, el objetivo es impedir el nacimiento de cualquier iniciativa destinada a movilizar a la ciudadanía. «La persecución de personas opositoras o percibidas como tales se ha vuelto más sutil», afirma el informe, que se presentará hoy también al Consejo de Derechos Humanos.
«El presidente Ortega, la vicepresidenta (Rosario) Murillo y los funcionarios de alto nivel identificados en la investigación deben rendir cuentas ante la comunidad internacional», señaló el presidente del grupo, Jan Simon. El crimen consiste en perseguir a su propio pueblo, teniendo como blancos principales a estudiantes universitarios, pueblos indígenas, afrodescendientes, campesinos y miembros de la Iglesia católica y de otras confesiones cristianas, agregó.
Según el informe del grupo, que fue creado por el Consejo de Derechos Humanos en 2022 y prorrogado posteriormente, la persecución se extiende más allá de las fronteras de Nicaragua por los efectos que sufren los nicaragüenses que han sido privados de su nacionalidad y de documentos oficiales, a quienes se niega apoyo consular y se impide la reunificación familiar. Los familiares de las víctimas del retiro de la nacionalidad y del exilio forzoso son también perseguidas dentro del país, incluidos los niños.
Por otra parte, el documento denuncia que se ha consolidado el control total de los poderes e instituciones en manos de Ortega y su esposa, en particular del poder judicial. «La centralización del poder garantiza la impunidad de los perpetradores y socava los esfuerzos por lograr la rendición de cuentas. El gobierno se ha asegurado de permanecer en una burbuja cada vez más sólida para perpetuarse en el poder y aniquilar a cualquiera que intente romper esa burbuja», afirmó la experta Ariela Peralta.
Como alternativas, el Grupo pide a los países que amplíen las sanciones contra personas e instituciones involucradas en violaciones de derechos humanos en Nicaragua, como ya hizo Estados Unidos recientemente, como «una forma mínima de rendición de cuentas en un país donde la impunidad y la criminalización de la democracia son la regla».
