Julio Lainfiesta Rímola es uno de los 112 diputados que avalaron el Presupuesto General de la Nación 2022 con su voto. Según el entrevistado, los efectos de no aprobar un presupuesto y dejar vigente el anterior tienen consecuencias negativas para el país.
Roxana Orantes Córdova
Cuando no se aprueba un presupuesto, como ha sucedido en años anteriores, el Ministerio de Finanzas Públicas y otras carteras, resultan obligadas a realizar readecuaciones presupuestarias en varios proyectos, afirma el diputado.
Ello, porque muchos de los proyectos y erogaciones planteados para el año que comienza, no responden a la realidad del anterior, informa. Según Lainfiesta Rímola, esto tiene consecuencias negativas especialmente en el interior, donde los consejos de desarrollo local resultan afectados.
¿En cuánto se incrementó el monto del gasto público este año fiscal que concluye?
Técnicamente no aumentó. Es prácticamente igual en 2020 y 2021, cuando fue de Q.107 mil millones. En la práctica, el Presupuesto fue de Q. 94.35mil millones.
Aunque se utilizó el mismo de 2020, ese año fiscal se realizaron ampliaciones que no eran ejecutables durante el año fiscal 2021.
Por ejemplo, los Q.11 mil millones otorgados por el Banco de Guatemala al gobierno central, para la atención a la pandemia COVID-19 (Art. 133, Constitución Política de la República de Guatemala.
¿Cuántos años lleva Guatemala con el mismo presupuesto general, por no aprobar las propuestas y quedando vigente el anterior?
El presupuesto aprobado en el decreto 25-2018, se utilizó en 2019, 2020 y 2021.
¿Cómo quedan las ONG´s y los pactos colectivos en 2022 y ud que opina de esto?
Las Organizaciones no Gubernamentales, las Fundaciones y las Asociaciones Civiles no Lucrativas, crecieron en número, lo cual se considera normal.
Desde dos años antes, existían varias solicitudes en los ministerios, principalmente en Salud y Educación. Este requerimiento de las ONG´s era con el objetivo de obtener fondos del Estado para atender fines que complementan a los objetivos de ambos ministerios.
En relación con los pactos colectivos, no se dejó ningún renglón presupuestario para atender demandas de negociación derivadas de dichos pactos.
De cualquier manera se establece en el Artículo 99 que cualquier negociación primero debe tomar en cuenta la situación financiera del Estado.
En mi opinión, los pactos colectivos representan un acuerdo de mejoramiento de las condiciones de trabajo. Sin embargo ha sido consistente la falta de certidumbre en la mejora de la calidad de los servicios, especialmente en el ramo educativo. A pesar de ello se consideran como ley profesional y cuando se suscriben estas entre el Estado y los sindicatos respectivos, es obligación cumplir lo pactado.
¿Hay alguna iniciativa ciudadana para ejercer auditoría social del presupuesto?
La auditoría Social, formalmente se da por denuncias públicas por uso de recursos públicos que generan poca transparencia y denotan corrupción, la Contraloría General de Cuentas de la Nación tiene un espacio en su Web que permite que el ciudadano puede plantear denuncia en este ente fiscalizador.
Además, se anunció desde el sector empresarial un Observatorio del Gasto Público, que será un factor muy útil para disociar las malas prácticas de ejecución presupuestarias y consiguientemente denunciar la corrupción.
¿Por qué estuvo a favor de que se aprobara el Presupuesto General de la Nación 2022?
Porque utilizar un presupuesto originado en 2018 para funcionar en el 2019, 2020, 2021 y hasta 2022, si no se hubiera aprobado, es más dañino para el país.
Los presupuestos del Estado deben responder a los contextos económicos vigentes y no a contextos de tres años atrás.
Indudablemente, como todos los presupuestos que se aprueban, se generan dudas acerca de su transparencia en la ejecución, pero debe estar claro que para eso existe un mandato constitucional que debe velar por la utilización adecuada de los recursos públicos, que es la Contraloría General de Cuentas de la Nación.
