La insólita demanda de Miguel Martínez Morales contra un medio de comunicación logró poner al funcionario en el punto de mira de un debate que comienza a derivar en fuertes críticas contra el presidente Alejandro Giammattei.
Redacción Perspectiva
Recientemente se produjo un hecho surrealista: Miguel Martínez Morales, funcionario novel, quien dirige una dependencia creada el 14 de enero de este año y cuya función es muy cuestionada, tomó la decisión de demandar penalmente al medio Plaza Pública, por publicar una nota donde se menciona la sociedad anónima que vincula a Martínez con el presidente, “más allá de los vínculos personales”, informa el texto que motivó la indignación de Martínez.
Lo impresionante de este caso es que el funcionario mencionado haya pasado por alto el artículo 35 de la Constitución Política de la República, que indica:
«No constituye delito de calumnia o injuria los ataques a funcionarios o empleados públicos por actos puramente oficiales en el ejercicio de sus cargos aun cuando hayan cesado en dichos cargos al momento de hacérseles alguna imputación.»
Molesto por la publicación de noticias que lo mencionan, Martínez acudió en primera instancia ante el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, quien le recordó que “los funcionarios estamos sujetos a escrutinio”. Luego intentó una denuncia penal, lo que muestra que para el jefe del Centro de Gobierno, es un delito que la prensa informe sobre sus acciones y la forma en la que administra el patrimonio nacional.
Los cuestionamientos contra Martínez van desde su total inexperiencia en la gestión pública a lo oneroso que resulta el Centro de Gobierno, creado sin una explicación lógica y cuya función parece duplicar el trabajo del gabinete de gobierno. Las críticas contra el mandatario y Martínez cada vez adquieren mayor intensidad entre una opinión pública que vive la mayor crisis económica en la historia de Guatemala, donde la pandemia es gestionada por una administración cada vez es más cuestionada.
