Desde el día de ayer, es tendencia en redes sociales el debate sobre la pena de muerte debido al terrible asesinato de Sharon Figueroa de 8 años de edad. Al respecto, diputados del Congreso solicitaron al pleno discutir la Iniciativa 5774 que propone la aprobación de la pena máxima.
Redacción Perspectiva
Crece la indignación de los guatemaltecos ante los lamentables crímenes en contra de menores de edad, el más reciente es el caso de Sharon Figueroa, quien fue reportada desaparecida por su familia el pasado martes 9 de febrero y encontrada muerta detrás de una escuela vacía aproximadamente a 10 kilómetros de su casa en Melchor de Mencos, Petén.
Los hechos de violencia han reactivar el debate en redes sociales sobre la aprobación de la pena de muerte en Guatemala, que no se aplica en el país desde el 2000, cuando fueron ejecutados por inyección letal dos secuestradores.
Al respecto, varios diputados solicitaron en la sesión del día de ayer que se apruebe la Iniciativa 5714 que propone la aplicación de la pena de muerte en el país. La iniciativa fue propuesta por el bloque Valor.
En la cuenta de Twitter del Congreso, se publicó una encuesta para conocer la opinión de la población Guatemalteca sobre el tema.
El pasado 27 de enero, el presidente del Congreso, Allan Rodríguez señaló que evalúan las distintas iniciativas orientadas a reactivar la aplicación de la pena capital en el país, con el objetivo de presentarla al pleno de diputados para su aprobación.
“Estamos analizando las distintas iniciativas que ya existen dentro del Congreso, que van desde la propuesta de la castración química, la castración quirúrgica, la pena de muerte, que yo creo que hoy toma revuelo por el dolor que causa y consterna a todos los guatemaltecos”, detalló Rodríguez.
Por su parte, el tercer vicepresidente del Congreso, Armando Castillo, señaló que la pena de muerte debe aplicarse de nuevo en el país, sin embargo para ello es necesario que Guatemala renuncie al Pacto de San José. “Cosa que lleva un proceso muy grande, mientras esto sucede, presentamos una iniciativa de ley de castración química en contra de violadores”, destacó.
Al ratificar el Pacto de San José, y las modificaciones realizadas en 2017 por la Corte de Constitucionalidad que derogó la aplicación de la pena de muerte para ciertos delitos, la pena máxima esta prácticamente abolida.