Durante las primeras horas de la tarde, el Movimiento Cívico Nacional (MCN), acudió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para presentar un recurso de amparo contra un acuerdo recientemente aprobado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que pretende regular las entrevistas y debates electorales que se transmitan en medios de comunicación. El intento de censura ha motivado una inmediata reacción ciudadana y si bien funcionarios del TSE afirmaron que “están abiertos” a revisarlo, es un hecho que la ciudadanía no aceptará un proceso donde la censura a la libre expresión sería uno de los indicadores. Aunque se conoció que el TSE habría suspendido la entrada en vigencia del reglamento, queda pendiente que el ente electoral informe a la ciudadanía la identidad de los responsables y que la normativa de censura sea derogada, no suspendida.
Roxana Orantes Córdova
La libre emisión del pensamiento podría convertirse en historia, si el Tribunal Supremo Electoral (TSE), no recapacita y deroga un reglamento que, a criterio del candidato presidencial de Encuentro por Guatemala, Manfredo Marroquín, parece “cosa de locos” y que ha sido calificado cuando menos de inconstitucional por diversas voces airadas que reaccionan ante uno de los pocos puntales que sostienen la precaria democracia guatemalteca: el derecho a la libertad de expresión.
El abogado Giovanni Fratti dijo que el proyecto de censurar y regular la libre expresión en medios es una aberración, mientras el penalista Omar Barrios expresó en sus redes: “les dije que no era buena idea que la CICIG interviniera en el TSE”.
El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Industriales, Comerciales y Financieras (CACIF), reaccionó el 10 de marzo, con un comunicado en el que afirma:
“Se observa una clara amenaza contra la libre emisión del pensamiento, la libertad de asociación, la oportunidad de debatir ideas y el ejercicio de los derechos políticos, entre otras garantías.
Consideramos importante que dicho reglamento se deje sin efecto de inmediato para permitir que organizaciones civiles y medios de comunicación puedan cumplir con su rol a cabalidad en el marco de la campaña electoral”.
La posición de la gremial de empresarios fue secundada el lunes con un editorial y dos columnas de opinión en medios escritos que se pronunciaron al respecto. Igualmente, entre domingo y lunes, el MCN, la Cámara Guatemalteca de Periodismo (CGP), la Fundación Libertad y Desarrollo, Guatemala Visible, Guatemala Inmortal (GI), que presentó una acción de amparo por inconstitucionalidad, la Alianza Evangélica y la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), coincidieron en denunciar que el acuerdo citado transgrede la Constitución Política de la República y normativas internacionales de derechos humanos. Probablemente, muchas otras agrupaciones y personas individuales se sumarán al reclamo para que se derogue el polémico acuerdo.
Confusión y censura en las elecciones 2019
Poco antes de presentarse ante la CSJ para interponer el recurso de amparo, el presidente del MCN, José Echeverría, dijo a Perspectiva: “Ayer nos pronunciamos sobre ese acuerdo, que motiva gran preocupación porque pretende limitar y dirigir la libertad de expresión, que es un derecho constitucional que también consta en tratados internacionales de derechos humanos”.
Según afirma, la previa autorización de una entidad para emitir opinión, es sencillamente censura y restricción a la libertad de expresar opinión pero también a la libertad de informarse libremente. “La opinión jamás puede ser supervisada por un ente de gobierno”, expresó.
Otro aspecto que según Echeverría resulta preocupante, es la falta de reglas claras en este proceso. “El TSE no puede publicar un reglamento y luego esconderlo, quitándolo de su página. No es una conducta sana. El TSE debe publicarlo y luego anular lo reglamentado”, dijo.
En torno a la acción de inconstitucionalidad presentada hace varios meses a la Corte de Constitucionalidad (CC) por la CGP contra artículos de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), que fundamentan las violaciones a la libre expresión, Echeverría lamenta que la CC haya extendido tanto el plazo para resolver, considerando que “la libre expresión es un tema primordial para la democracia”.
El politólogo Ricardo Barreno, del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (INCEP), que es parte del Mirador Electoral, considera que la ambigüedad y la incertidumbre son características de este proceso electoral que cada vez están más marcadas. “Luego de los comunicados del CACIF y Mirador Electoral, el TSE anunció que revisarán el acuerdo”.
Según Barreno, es urgente que el TSE implemente una estrategia de comunicación interna, puesto que “no es posible que la unidad encargada de monitorear medios de comunicación no supiera que existía ese acuerdo”, concluye.
Cuando a la censura se agrega la opacidad
Uno de los hechos insólitos en torno a un acuerdo que parece una mala broma, es que la directora de la Unidad de Medios de Comunicación y Estudios de Opinión del TSE, Rosa María Bolaños, haya dicho a los medios: “Desconozco el acuerdo. No fue creado en la unidad de medios”.
A ello, la presidenta de la CGC, Sylvia Gereda, expresó en sus redes: “Ante un tribunal debe responder Bolaños si ella o quién fue la autora del reglamento censura. Es indignante…el peor @TSEGuatemala en la historia de Guatemala. Jamás, nunca renunciaremos al derecho de libertad de expresión, porque sin libertad de expresión, simplemente no hay libertad”.
Por su parte, la presidenta del TSE, María Eugenia Mijangos, dijo a los medios: “nosotros estamos abiertos y vamos a revisar”. Poco después, agregó que debido a que el reglamento levantó “tanta expectativa y críticas”, “no hará públicos los nombres de los asesores que presentaron el reglamento”.
A lo anterior, Ricardo Méndez Ruiz señala que Mijangos seguramente no conoce las leyes guatemaltecas, considerando que existe la Ley de Libre Acceso a la Información.
¿Censura y obligaciones de los medios por acuerdo?
Lo más probable es que un reglamento que motivó indignación y recelo social sea derogado. Un indicio es su eliminación de la página del TSE. Sin embargo, la intención de implantar un régimen de censura gubernamental a los medios de comunicación, es una característica de los regímenes totalitarios, sean fascistas o comunistas. Y, por el momento, Guatemala es un país democrático que se prepara para celebrar elecciones libres.
El acuerdo que motivó tantos descontentos consta de 22 artículos. En estos intenta reglamentar la forma en la cual los medios deberán realizar sus coberturas a los candidatos, incluyendo los espacios de debate.
Un elemento sorprendente del acuerdo, es que pretenda incidir en las líneas editoriales de los medios, al exhortarlos para que “fomenten la educación cívica, la cultura política democrática y la participación ciudadana” (tareas que evidentemente competen al TSE y nunca a empresas de comunicación).
En un universo totalitario, los medios de comunicación notifican al órgano censor del Estado sobre los contenidos que pretenden publicar. El reglamento fallido del TSE señala que esa entidad “aprobará la programación sobre las entrevistas y foros. Aparte de esa “aberración” (como la calificó Fratti), pretende regular el tiempo de los programas: no más de 120 minutos, y de las intervenciones: 10 minutos por candidato. El extremo de esta pretensión es que pretenden indicar los temas que deberán debatirse y exigirá que se sorteen las intervenciones.
El penalista y analista de medios Omar Barrios escribió un extenso análisis sobre el tema, en el que afirma: “De un «libertinaje electoral» ilegítimo pasamos a una «censura política» ilegal. Mala enfermedad, pésima la medicina y el TSE nos lleva a un resultado electoral sin legitimidad”.
El ente electoral está llamado a ejercer jurisdicción electoral sobre las organizaciones políticas, no sobre los ciudadanos, señala Barrios, quien añade que otro de los atropellos es que no permitirá a extranjeros ser moderadores en foros políticos.
“Lo peor es que el reglamento es tan mediocre que copia definiciones de Wilkipedia”, dice Barrios, quien recuerda que la Unidad de Medios nació controlada por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Esto consta en la cláusula segunda, literal C, del acuerdo entre la CICIG y el TSE.
A lo anterior, añade que la mencionada unidad no tiene capacidad para controlar la totalidad de los medios, por lo que el intento de censura pareciera estar dirigido a los medios independientes, “a los que perjudiquen a los protegidos”.
Finalmente, Barrios insta a los magistrados a enmendar la situación y señala: “Ojalá sus actuaciones fueran para que el RENAP funcione para empadronar a 1.5 millones de jóvenes que están fuera del padrón porque el sistema del RENAP fue un fracaso. Que organicen bien los comicios y que no sigan censurando un proceso electoral carente de información para la población”.
