Ciudad de Guatemala, 13 de agosto de 2026. La Cámara Guatemalteca de Periodismo (CGP) emitió un comunicado Oficial 02-2026 en el que mencionan una serie de amenazas y la planificación de una presunta operación criminal orientada a atentar contra la vida e integridad del presidente editor Rodrigo Arenas, así como de los directores editoriales Alejandro Palmieri y José Fernando Orellana, integrantes del medio digital República GT.
Redacción Perspectiva
El gremio enfatizó que la falta de garantías de seguridad y la impunidad en estos ataques vulneran de forma directa la certeza jurídica indispensable para el funcionamiento democrático de la nación y amenazan el libre ejercicio del periodismo frente a investigaciones periodísticas sobre el crimen organizado.
La Cámara Guatemalteca de Periodismo condena y denuncia públicamente la grave operación criminal planificada en contra de la vida e integridad de @rodrigoarenas, presidente editor de @republicagt así como de los directores editoriales @PalmieriWaelti, José Fernando Orellana y pic.twitter.com/rZMtNWQb0O
— Cámara Guatemalteca de Periodismo (@PeriodismoCGP) August 13, 2026
Exigencia de certezas constitucionales y acción judicial
Para resguardar los pilares constitucionales de la libertad de emisión del pensamiento, la CGP formuló peticiones concretas a los órganos de seguridad y justicia:
- Investigación y certeza jurídica: Exigió al Ministerio Público (MP) la apertura inmediata de una investigación seria, independiente y exhaustiva que permita procesar a los autores materiales, intelectuales y financistas, garantizando el cumplimiento irrestricto de la ley.
- Garantías para la libertad de prensa: Solicitó al Ministerio de Gobernación y a la Policía Nacional Civil (PNC) la adopción urgente de medidas de protección a favor de los periodistas amenazados para asegurar su vida, integridad y el derecho a informar sin censura.
- Respaldo legal: El comunicado fundamentó sus peticiones en los artículos 2, 3 y 35 de la Constitución Política de la República de Guatemala, así como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración de Chapultepec.
«Un ataque contra un periodista y su equipo no es únicamente un ataque contra personas: es un ataque contra el derecho de toda la sociedad guatemalteca a estar informada, y contra los cimientos mismos del Estado de Derecho», subrayó la entidad en su pronunciamiento.