Las principales cámaras empresariales y centros de pensamiento de Guatemala manifestaron su respaldo unánime a la histórica aprobación del Decreto 15-2026, Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo. La normativa fue validada por el Congreso de la República con un amplio consenso de 147 votos.
El sector privado organizado coincidió en que este nuevo marco jurídico representa un hito fundamental para blindar la economía formal. Asimismo, señalaron que la ley alinea al país con las exigencias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) antes de la evaluación oficial programada por Gafilat para febrero de 2027.
El contexto en el hemiciclo: una votación contundente
La aprobación del Decreto 15-2026 se concretó en el Congreso de la República tras una intensa jornada legislativa en la que los diputados de la X Legislatura lograron destrabar la agenda económica. Luego de varias semanas de retrasos provocados por la falta de quórum, debates en torno a las Cortes del país y la negociación de enmiendas técnicas de último minuto, el pleno alcanzó un consenso definitivo. La normativa fue aprobada por artículos con una contundente mayoría de 147 votos a favor, reflejando la urgencia nacional de dotar al Estado de herramientas modernas contra los delitos financieros y evitar el riesgo de que Guatemala caiga en la «lista gris» internacional.
Unificación regulatoria y simplificación para los sectores productivos
La nueva legislación destaca por unificar el marco jurídico nacional al suprimir los decretos 67-2001 y 58-2005, los cuales combatían estos delitos por separado y generaban duplicidad de procesos y costos innecesarios. Con la reforma, las obligaciones de prevención se centralizan en una sola Intendencia de Verificación Especial (IVE) como interlocutor técnico y bajo un único Manual de Prevención. Esto reduce significativamente el riesgo de incumplimiento involuntario por la dispersión anterior.
Los líderes de las distintas cámaras empresariales fijaron sus posturas oficiales ante este avance legal:
- Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF): La cúpula empresarial reconoció la decisión del Congreso como trascendental para proteger la estabilidad financiera y reafirmar el compromiso del país con la legalidad. Subrayaron que la normativa envía un mensaje claro a los mercados sobre el fortalecimiento del Estado de Derecho, propiciando un entorno apto para la generación de empleo y la inversión sostenible.
- Cámara de Industria de Guatemala (CIG): La institución resaltó que el Decreto 15-2026 potencia la capacidad del Estado para detectar el ingreso de recursos ilícitos en las actividades económicas legítimas. CIG enfatizó que la ley protege la reputación financiera de Guatemala ante socios comerciales e inversionistas globales, haciendo un llamado para asegurar su implementación efectiva.
- Cámara del Agro (CAMAGRO): A través de un comunicado oficial, la entidad reconoció que este paso fortalece la certeza jurídica y la competitividad de la nación. Aseguraron que su adecuada aplicación será clave para preservar la confianza internacional y generar mejores condiciones para el comercio y el desarrollo económico general.
Certeza jurídica, atracción de capitales y el camino al grado de inversión
El impacto macroeconómico de la ley y su rol en el comercio bilateral también fueron puntos centrales en las evaluaciones del sector:
- Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham Guatemala): La cámara norteamericana aplaudió el consenso legislativo y remarcó que la ley consolida un entorno de negocios más transparente, seguro y competitivo. Indicaron que será fundamental que la ejecución de la norma se realice de forma estrictamente técnica y transparente para cimentar la seguridad jurídica institucional.
- Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA): El centro de investigación celebró la aprobación como un avance indispensable en la hoja de ruta para que Guatemala alcance la calificación de grado de inversión. FUNDESA recordó que calificadoras como S&P Global, Moody’s y Fitch Ratings consideran la adecuación normativa como un factor clave para mejorar la nota crediticia del país. Al mitigar este factor de riesgo frente a los mercados internacionales, el país se posiciona de forma sólida para atraer inversiones de alta calidad.
✍🏼 #Comunicado | FUNDESA celebra la aprobación de la Ley contra el Lavado de Dinero u otros Activos y Financiamiento contra el Terrorismo pic.twitter.com/7zq2XWGMDS
— FUNDESA (@FUNDESA) June 3, 2026
Las organizaciones empresariales concluyeron sus pronunciamientos reiterando su disposición para colaborar activamente con las autoridades en la promoción de una cultura de cumplimiento técnico. Asimismo, instaron al Gobierno a dotar de los recursos e infraestructura necesarios a las entidades encargadas de la supervisión financiera para garantizar que los nuevos controles del GAFI se ejecuten de manera eficiente.