La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) presentó este viernes el XI informe Anual de Labores, entidad que se estableció en 2007 a petición del Gobierno de Guatemala, tomando como base al Acuerdo global sobre Derechos Humanos.
Impulso y fomento de una cultura de legalidad
En su intervención la Fiscal General Consuelo Porras resaltó: «El presente informe, refleja el abordaje de diversos ejes de trabajo que contribuyen a la mejora del sistema político y por consiguiente favorecen a la consolidación del régimen democrático en el país».
Agregó: «No obstante, si queremos que los logros alcanzados perduren en el tiempo, es imprescindible el impulso y fomento de una cultura de legalidad, a fin de cambiar los patrones culturales en la sociedad, proceso que debe ir acompañado de cambios necesarios en la legislación nacional de acuerdo con las necesidades y requerimientos de la realidad nacional y por supuesto, mediante un actuar eficiente e independiente del sistema de justicia».
La Fiscal Porras agradeció el trabajo en conjunto que la CICIG ha realizado con el Ministerio Público en el país. «Hoy agradezco a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala y a cada uno de sus miembros y colaboradores, por su trabajo y dedicación durante estos años, el cual se hace visible y patente en el presente informe, objeto de este acto protocolario», señaló.
La Fiscal General hizo un llamado a todos los sectores de la sociedad para juntos afrontar los desafíos y retos como país, con determinación y ahínco.
El Informe
El Estado de Guatemala buscó el apoyo de Naciones Unidas y de la comunidad internacional en general para luchar contra los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad (conocidos como CIACS), estructuras que cooptan el Estado debilitando la institucionalidad y atentando contra los derechos humanos de las guatemaltecas y los guatemaltecos, en búsqueda de beneficios económicos ilícitos e influencias.
En sus 11 años de trabajo, la CICIG junto al Ministerio Público ha logrado importantes resultados:
- Más de 60 estructuras identificadas.
- Más de 100 casos presentados
- Actualmente más de 680 personas procesadas, de estas 60% con medida sustitutiva
- Más de 310 personas condenadas
- 34 reformas legales presentadas; entre ellas: Ley de Crimen Organizado, Reformas al Código Penal en materia de Anti-corrupción
- y la creación de los Tribunales de Mayor Riesgo.
