En una sesión que se extendió hasta la madrugada de este miércoles y bajo el mecanismo de Urgencia Nacional, el Congreso de la República aprobó el Decreto 3-2026. La normativa avala una ampliación al Presupuesto General de la Nación por un monto de Q9 mil 326.5 millones, una medida que surge tras el amparo provisional de la Corte de Constitucionalidad (CC) que mantiene en vilo el presupuesto original para este ejercicio fiscal.
Redacción Perspectiva
El Legislativo optó por un único debate, omitiendo las lecturas tradicionales para agilizar el desembolso. Con el respaldo de 128 diputados, la ampliación redistribuye fondos hacia 11 ministerios, priorizando carteras con alto peso político y social:
- Salud Pública: Q1,337 millones.
- Desarrollo Social (Mides): Q1,320 millones.
- Educación: Q1,061 millones.
- Defensa Nacional: Recibe un incremento de Q960.9 millones, uno de los rubros más notables de la jornada.
La normativa también contempla destinos específicos de seguridad, como Q500 millones para una cárcel de máxima seguridad y Q200 millones para equipo táctico antipandillas.
#AHORA | El Pleno del Congreso aprueba en único debate y de urgencia nacional el Decreto 3-2026 que contiene modificaciones al #Presupuesto2026, para responder a las principales necesidades de la población.
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Asignaciones a ONGs y recortes ambientales
Un punto que suele generar debate en el análisis técnico es la asignación directa de fondos a organizaciones no gubernamentales, entre estas a la Asociación de Mujeres Solidarias Q10 millones, la Fundación Red de Sobrevivientes de Violencia Doméstica Q4.5 millones, Fundación Pescanova Q2 millones, Fundación Rigoberta Menchú Tum Q2.78 millones, Asociación Grupo Ceiba Q9 millones y más.
En contraste con los incrementos, el gasto público sufrió recortes: el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) percibirá Q13 millones menos, mientras que el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) verá reducida su capacidad financiera en Q11 millones.
Reformas a los Consejos de Desarrollo: ¿Flexibilidad o riesgo?
De forma paralela, el Pleno aprobó el Decreto 2-2026, que reforma la Ley de Consejos de Desarrollo. Esta modificación permite que los fondos no ejecutados en un ejercicio fiscal puedan utilizarse en el siguiente año. Aunque la narrativa oficial defiende esta medida como una herramienta para «evitar retrasos en las obras», analistas financieros advierten que esto podría relajar la disciplina de ejecución y dificultar la fiscalización del gasto en tiempo real.
Financiamiento bajo la lupa
La ampliación será financiada mediante ingresos tributarios y fuentes financieras (deuda), lo que eleva el techo de gastos en un contexto donde la Corte de Constitucionalidad (CC) aún no resuelve de forma definitiva la situación del presupuesto (Decreto 27-2025). La Contraloría General de Cuentas (CGC) tendrá la tarea de auditar estos fondos y entregar un informe posterior al Congreso, aunque la ejecución de los recursos iniciará de forma inmediata.
Cabe recordar que la solicitud, presentada por el Ejecutivo apenas el lunes 26 de enero, surgió como una respuesta a la resolución de máxima Corte del país, en donde el Estado se vio obligado a iniciar el 2026 funcionando con el presupuesto del ejercicio anterior (2025), el cual ascendía a Q154,836.6 millones.
