La desaparición forzada es «el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de las persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley»
El 30 de agosto de cada año se rememora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el cual empezó a observarse en 2011, según la resolución A/RES/65/209 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.
En Guatemala «Durante el Conflicto Armado Interno desaparecieron 45,000 personas. Los desaparecidos son personas de las que no se sabe su paradero o si aún viven. Una de las razones porque ocurrieron las desapariciones forzadas fue sembrar terror el miedo entre la población. Esta forma de violencia fue ejercida sobre todo por el Estado, a través de instituciones como la Policía Nacional. Las fuerzas de seguridad capturan a las personas y se negaban a informar sobre su paradero o reconocer su detención».
El Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas Andrade, en el marco de esta conmemoración, señala que el Estado guatemalteco no impulsa la recuperación de la memoria histórica como uno de los derechos de las víctimas. Los estándares internacionales en materia de justicia transicional ha señalado que el conocimiento de la verdad e un derecho de las víctimas, el cual no solo implica saber qué pasó sino cuál fue el destino de las personas que fueron detenidas están desaparecidas, para la devolución de sus restos.
Las organizaciones de la sociedad civil impulsaron en 2017 la campaña «Me faltan a mí, te faltan a vos» con el objetivo de visibilizar la desaparición forzada como un delito que sigue perpetrándose hasta que la persona desaparecida sea encontrada.
En un esfuerzo a la iniciativa de ley 3590, conocida en el Congreso de la República, en enero de 2007 y que a pesar de contar con dos dictámenes favorables, el pleno se ha negado a aprobar.