El Ministerio Público (MP), informó este jueves, que tras diligencias realizadas por la Fiscalía de Delitos Administrativos, se coordinó la aprehensión del exministro de Gobernación, David Napoleón Barrientos Girón por la posible comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y desobediencia.
Redacción Perspectiva
Cabe recordar que Barrientos renunció al cargo en el mes de octubre, Barrientos en medio de una crisis política que mantuvo protestas y bloqueos por más de 20 días en el país, en donde se pedía la renuncia de la Fiscal General, María Consuelo Porras y otros operadores de justicia.
Al ser trasladado a Torre de Tribunales, el exministro señaló a los medios de comunicación que en su momento actuó para evitar violencia y evitar “incendiar el país”. Añadió que durante su gestión realizó lo que correspondía y al momento de presentar su renuncia fue aceptada.
Además, el exfuncionario asegura que en el tema de los bloqueos actuó conforme a la Ley y esperará a ver lo sucede en este caso que se ha presentado en su contra. “Me siento tranquilo, esto es incómodo, es triste, pero yo soy un soldado y estoy acostumbrado al trato fuerte y tendré que ponerlo de manifiesto ahora”, dijo.
LOS ARGUMENTOS DEL MP
De acuerdo con el ente investigador, se estableció que Barrientos Girón, en su calidad de Ministro de Gobernación, omitió actos propios de su función relacionados a cumplir y hacer cumplir el régimen jurídico relativo al mantenimiento de la paz y el orden público, la seguridad de las personas y de sus bienes, la garantía de sus derechos, y en especial la ejecución de las órdenes y resoluciones judiciales al no cumplir con lo ordenado en resolución de fecha 16 de marzo del año 2023 emitida por la Corte de Constitucionalidad.
Según detallan, dicha orden fue debidamente notificada al Ministerio de Gobernación el 16 de marzo 2023 con las directrices de dictar y ejecutar las medidas necesarias para garantizar el libre ejercicio de los derechos de reunión pacífica y de manifestación así como la libertad de pensamiento, asumir acciones en las que, a la vez que se garanticen los derechos antes relacionados, también se observen los derechos de todas las personas, en el territorio nacional, a la vida, salud, seguridad, paz, libertad de locomoción de personas y vehículos, libertad de industria, comercio trabajo y propiedad, entre otras.
A decir del MP, estas directrices se debieron haber implementado desde un inicio para evitar que en una situación futura que surgiera, relacionada con el derecho de manifestación pública, se afectara a la población en su totalidad como se dio a inicios del mes de octubre del año 2023.
“Es importante destacar que estas directrices fueron reiteradas en resolución de fecha 21 de junio 2023 emitida por la Corte de Constitucionalidad en calidad de Tribunal Extraordinario de Amparo, dentro del expediente 1322-2023 la cual fue notificada al Ministerio de Gobernación a su cargo con fecha 21 de junio 2023”, remarca el ente investigador.
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También argumentan que en virtud del incumplimiento a lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad, el 11 de octubre del 2023. La CC emitió resolución dentro del expediente 1322-2023 la que fue notificada a Ministerio de Gobernación en esa fecha, relacionada a la asistencia para la debida ejecución dictada por la CC el día 16 de marzo de 2023, dentro de dicho expediente promovido por el Procurador de los Derechos Humanos.
Según explican, la CC ordenó dispersar bloqueos y alteraciones al orden público que, de forma contraria a la Constitución y Ley, restringen el legítimo ejercicio de las funciones de los entes estatales… En este caso es un hecho público y notorio que, en el marco de las manifestaciones se ha bloqueado el acceso a la sede principal del Ministerio Público, ubicada en el Barrio Gerona situación que las autoridades denunciadas debieron solventar en acatamiento de la sentencia y del auto de debida ejecución emitidos en este expediente.
“Los hechos muestran, de manera notoria, que la permanencia de falta de acceso tanto de funcionarios como de usuarios persiste, lo que comprueba que no se ha dado efectivo cumplimiento a los fallos de este Tribunal y que de ello son responsables las autoridades directamente encargadas de ejecutar las medidas de seguridad…”, argumentan.
En ese contexto, señalan que existió posible incumplimiento y por ello desobediencia del funcionario que fungía como Ministro de Gobernación al no acatar lo resuelto de manera “íntegra, efectiva y sin excusas, mediante toda acción idónea”.
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