El Ejecutivo ha decidido extender, por 15 días más, el Estado de Prevención a nivel nacional. El anuncio, realizado por el presidente Bernardo Arévalo durante la «Ronda de Gobierno» de este lunes, marca una continuidad en la política de seguridad que busca frenar la operatividad del crimen organizado y las pandillas, pero que también plantea interrogantes sobre la normalización de regímenes de excepción en la vida cotidiana del país.
Redacción Perspectiva
Acompañado por los ministros de Gobernación, Marco Antonio Villeda, y de la Defensa, Henry Saenz, el mandatario justificó la prórroga como una herramienta necesaria para mantener el despliegue conjunto entre la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ejército.
Cifras de éxito frente a la percepción de control
El mandatario fundamentó la decisión en resultados estadísticos que calificó como históricos: una reducción del 8% en la incidencia criminal y el descenso de homicidios más significativo de los últimos 25 años. Estos números, según el Gobierno, son producto directo de la «Operación Centinela Metropolitano» y de haber cortado la comunicación entre cabecillas en las cárceles y sus estructuras en las calles.
No nos detendremos. Seguimos golpeando al crimen organizado y la narco-política de donde más les duele. La seguridad del pueblo es nuestra prioridad. #LaRondaGt https://t.co/W0k9XL3iTz
— Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) March 2, 2026
Sin embargo, el uso recurrente de estas figuras legales —que inició con un Estado de Sitio en enero tras ataques directos del Barrio 18 contra la PNC— sugiere que el control territorial del Estado aún depende de la suspensión parcial de ciertas garantías y de la militarización de la seguridad ciudadana para sostener dichas métricas.
Recuperación de espacios vs. vigilancia paralela
Entre los logros destacados de los últimos dos meses se encuentran:
- 7,000 capturas: Vinculadas a diversas estructuras delictivas.
- 1,500 operativos: Bajo la estrategia de seguridad vigente.
- Desinstalación de cámaras ilegales: El retiro de cerca de 70 dispositivos de vigilancia utilizados por pandillas para el control de barrios y colonias.
Si bien la desinstalación de estos sistemas de monitoreo criminal se presenta como una «restauración de la autoridad estatal», también pone de manifiesto el nivel de sofisticación y arraigo que el crimen organizado ha logrado alcanzar en zonas vulnerables, donde el Estado ahora intenta retomar el pulso mediante la prórroga constante de medidas extraordinarias.
Con el nuevo decreto, que entra en vigor este martes, el Gobierno apuesta a que otros 15 días de presencia militar y policial en áreas priorizadas logren consolidar una paz que, por ahora, parece estar sujeta a la vigencia de los estados de excepción.
