La detención arbitraria de la exfiscal anticorrupción guatemalteca ha sido condenada por la comisión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas los cuales exigen al Gobierno su liberación inmediata.
Redacción Perspectiva
Tras un análisis exhaustivo del Grupo de Trabajo Sobre Detención Arbitraria de la ONU, se ha determinado que los órganos de justicia de Guatemala no han justificado la necesidad de mantener en prisión a Laparra durante más de 15 meses. Esta detención se ha llevado a cabo como represalia por su valiente labor en defensa de los derechos y libertades fundamentales.
Es importante recordar que la condena impuesta a Laparra por supuesto «abuso de poder» el pasado 16 de diciembre se basa en denunciar al exjuez Lesther Castellanos por revelar información confidencial de un caso bajo su responsabilidad. Aunque la sentencia contempla cuatro años de prisión conmutables, Virginia Laparra continúa encarcelada debido a un segundo proceso penal en su contra.
Durante su tiempo como jefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en la provincia de Quetzaltenango, Laparra desempeñó un papel fundamental en la investigación de redes de corrupción a gran escala. Su compromiso con la justicia y la transparencia ha sido evidente, lo cual la ha convertido en una figura incómoda para aquellos que desean mantener un sistema corrupto e impune.
Las abogadas de Laparra han manifestado su preocupación por el grave deterioro de su salud durante los 15 meses que ha permanecido en prisión. La comisión de Naciones Unidas ha exigido al Estado de Guatemala su liberación inmediata y la implementación de medidas de reparación digna para ella.
Es responsabilidad del Estado de Guatemala investigar las circunstancias en las que Virginia Laparra fue encarcelada y tomar acciones legales contra los responsables de esta detención arbitraria. Además, resulta alarmante el número de jueces y fiscales guatemaltecos que se han visto obligados a exiliarse en Estados Unidos debido a la persecución penal que han sufrido por atreverse a investigar y juzgar casos de corrupción que involucran a exfuncionarios, presidentes y empresarios de alto perfil.
